IA EN EL PODER JUDICIAL PERUANO: ¿SABÍAS QUE UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL YA ESTÁ GENERANDO RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR?
QUÉ ENCONTRAMOS
¿Qué hace? Genera resoluciones judiciales en casos de violencia contra la mujer, niños, adolescentes y adultos mayores. Once juzgados del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte ya lo usan.
¿Cómo funciona? Utiliza modelos avanzados de IA para generar resoluciones basadas en cinco plantillas predefinidas: medidas de protección en violencia de pareja, protección del adulto mayor, protección de niños y adolescentes, e inhibición e incompetencia judicial.
¿Qué tan rápido es? Reduce el tiempo de elaboración de una resolución judicial de aproximadamente tres horas a segundos.
¿Quién ejecuta las medidas? Las medidas de protección generadas se coordinan directamente con la Policía Nacional del Perú para su ejecución inmediata.
ANÁLISIS CRÍTICO QNM — Lo que nadie pregunta
Dimensión ambiental: el costo invisible de cada resolución
Cada resolución que Amauta.Pro genera en segundos tiene un costo material que nadie menciona: procesamiento en servidores, consumo de energía eléctrica, consumo de agua para enfriamiento de la infraestructura digital que lo soporta. Once juzgados procesando miles de casos de violencia familiar al año significa miles de interacciones con servidores que consumen recursos naturales.
¿Dónde están alojados los servidores de Amauta.Pro? ¿Cuánta energía consume su operación? ¿El centro de datos que lo soporta usa agua para enfriamiento? ¿Cuánta? Ni la CSJ-LN ni el Poder Judicial informan nada al respecto. La IA se presenta como si fuera inmaterial. No lo es. Nunca lo es.
Este patrón es exactamente el que la investigación QNM documenta desde febrero de 2026: la Inteligencia Artificial tiene un costo ambiental real que permanece invisible para la sociedad. Cada sistema de IA que se implementa — en la justicia, en la educación, en el comercio — funciona sobre servidores físicos que consumen agua y energía. Y nadie mide, nadie informa, nadie rinde cuentas.
Dimensión ética: una IA decidiendo sobre la vida de víctimas vulnerables
Amauta.Pro no clasifica correos ni recomienda películas. Genera resoluciones judiciales que restringen derechos fundamentales de personas reales: órdenes de alejamiento, retiro del hogar, medidas de protección que se ejecutan con intervención policial. Las consecuencias de cada resolución recaen sobre las víctimas más vulnerables del sistema: mujeres agredidas, niños en riesgo, adultos mayores desprotegidos.
Si el sistema tiene sesgo algorítmico — si las plantillas predefinidas priorizan ciertos tipos de violencia sobre otros, si los modelos de IA fueron entrenados con datos que reflejan patrones discriminatorios, si la estandarización de cinco plantillas no captura la complejidad de cada caso — las consecuencias no son un error informático. Son vidas en peligro.
Y sin embargo, el documento oficial de la CSJ-LN no menciona auditoría de impacto en derechos humanos, ni supervisión algorítmica independiente, ni mecanismo para que el justiciable sepa que la resolución que lo afecta fue generada por una IA, ni procedimiento de impugnación específico cuando la medida de protección algorítmica resulta inadecuada o desproporcionada.
¿Sabe la mujer agredida que la orden de protección que recibió fue escrita por una máquina en segundos? ¿Tiene derecho a saberlo? ¿Puede impugnarla si la medida no se ajusta a su situación real? ¿Quién responde si la resolución generada por Amauta.Pro falla: el juez que la firmó, el programador que diseñó la plantilla o la CSJ-LN que implementó el sistema?
BRECHAS IDENTIFICADAS POR QNM
Brecha 1 — Transparencia ambiental: cero información sobre el impacto material de la IA judicial
Ni Amauta.Pro ni ningún sistema de IA del Poder Judicial peruano publica datos sobre el consumo de agua, energía o emisiones de CO₂ de la infraestructura que los soporta. Esta opacidad es consistente con el patrón nacional documentado por QNM: la Autoridad Nacional del Agua (ANA), mediante Carta N° 0350-2026-ANA-AIP del 4 de marzo de 2026, confirmó que no tiene información sobre el uso hídrico de infraestructura digital en el Perú. Seis instituciones del Estado — MINAM, PCM, ANA, OEFA, SENACE y MTC — declararon no tener regulación sobre centros de datos (Dirty Data / La Encerrona, marzo 2026). Si el Estado no sabe cuánta agua consume la infraestructura digital del sector privado, menos sabe cuánta consume la infraestructura digital de su propio Poder Judicial.
Brecha 2 — Cumplimiento regulatorio: el plazo del Reglamento de IA vence en septiembre de 2026
El D.S. N° 115-2025-PCM (Reglamento de la Ley N° 31814) establece que el sector justicia debe implementar las obligaciones de transparencia algorítmica y análisis de impacto en sistemas de riesgo alto antes del 10 de septiembre de 2026. Amauta.Pro, al generar resoluciones judiciales que afectan derechos fundamentales en casos de violencia familiar, califica inequívocamente como sistema de riesgo alto conforme al Reglamento. A la fecha de esta publicación, no consta que la CSJ-LN haya realizado la evaluación de impacto en derechos humanos que el Reglamento exige ni que haya publicado información sobre la transparencia algorítmica del sistema.
Brecha 3 — Supervisión humana: ¿revisan los jueces lo que firma?
El documento oficial señala que Amauta.Pro permite que los jueces dediquen más tiempo a tareas que requieren mayor análisis. Esto supone que el juez revisa críticamente cada resolución generada antes de firmarla. Pero cuando un sistema reduce el tiempo de elaboración de tres horas a segundos, el riesgo de automatización irreflexiva es real: el juez puede habituarse a firmar lo que la máquina produce sin cuestionarlo, especialmente bajo presión de carga procesal. Ningún mecanismo público garantiza que la supervisión humana sea efectiva y no meramente formal.
Brecha 4 — Motivación de resoluciones: el artículo 139 inciso 5 de la Constitución
La Constitución Política del Perú exige la motivación escrita de las resoluciones judiciales con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho. Una resolución generada por IA en segundos a partir de una plantilla predefinida ¿cumple con el deber constitucional de motivación individualizada? ¿O es una motivación aparente, formalmente correcta pero sustantivamente estandarizada, que no responde a las circunstancias específicas del caso concreto? Esta pregunta no ha sido abordada por el Poder Judicial ni por la academia jurídica peruana.
Brecha 5 — Principio de Coherencia Material: la IA judicial consume recursos sin rendición de cuentas
El Principio de Coherencia Material, introducido por QNM en el libro "Nuevo Contrato Social Tecnológico" (2026) y presentado ante los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas (referencia 5kzh8es0), establece que toda actividad que utilice recursos naturales finitos debe estar sujeta a mecanismos de medición, transparencia y rendición de cuentas, independientemente de su carácter digital o físico. El Poder Judicial del Perú implementa sistemas de IA sin informar sobre su huella ambiental, sin medir su consumo hídrico y sin rendir cuentas sobre el impacto material de su digitalización. Si la minería debe reportar cuánta agua consume, si la industria debe obtener autorización de vertimiento, ¿por qué la infraestructura digital del Estado está exenta de la misma obligación?
Brecha 6 — Conexión con la crisis hídrica nacional
La brecha de regulación hídrica de infraestructura digital no es un problema exclusivo del sector privado (centros de datos de Lurín). Se extiende al propio Estado. El Poder Judicial implementa IA sobre servidores que consumen agua en un país donde Lima está en estrés hídrico reconocido por SEDAPAL, donde miles de familias reciben agua apenas 4 a 7 horas diarias, y donde el acuífero Lurín tiene un caudal sostenible de apenas 1.1 m³/s. Cada entidad del Estado que digitaliza sus servicios sin medir ni reportar su consumo hídrico contribuye a la carga hídrica acumulada no evaluada que QNM ha documentado ante la Contraloría (Expediente N° 0820260236184) y la Defensoría del Pueblo (Trámite N° 0012026006870).
| N° | Sistema | Desarrollador | Función | Ámbito | Nivel de riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amauta.Pro | CSJ Lima Norte | Resoluciones en violencia familiar | 11 juzgados Lima Norte | Alto |
| 2 | Curia | Quinta Sala Constitucional, Corte Suprema | Redacción de resoluciones judiciales | Corte Suprema | Alto |
| 3 | IUDEX IA | Poder Judicial | Calificación de demandas en oralidad civil | Piloto: Lima, Arequipa, Callao, Trujillo | Alto |
Esta es la primera publicación de la serie "IA en el Perú: lo que hay, lo que falta y lo que nadie te dice." En las siguientes entregas analizaremos cada sistema de IA implementado en el Estado peruano, identificando las brechas ambientales, éticas y regulatorias que la sociedad tiene derecho a conocer.
Si quieres conocer la investigación completa sobre el impacto ambiental de la IA, las 8 exigencias y el proyecto de ley que ya está en manos del Colegio de Abogados de Lima y la Contraloría General de la República, visita:
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