miércoles, 30 de septiembre de 2026

Del origen de la contaminación a sus consecuencias sobre la vida: investigación ciudadana sobre agua, aire, suelo, alimentos, biodiversidad y salud humana en el Perú

 

RESUMEN EJECUTIVO

Título propuesto

Del origen de la contaminación a sus consecuencias sobre la vida: investigación ciudadana sobre agua, aire, suelo, alimentos, biodiversidad y salud humana en el Perú

1. Objeto de la investigación

La presente investigación ciudadana tiene por objeto estudiar las consecuencias acumulativas de las actividades económicas y productivas sobre el agua, el aire, el suelo, los ecosistemas terrestres y marinos, los alimentos y, finalmente, sobre la población humana.

La investigación no se limita a una empresa minera, una actividad económica, una región o una cuenca determinada. La referencia inicial a la actividad minera y a la cuenca Crisnejas constituye uno de los puntos de partida documentales de una investigación más amplia que sigue la trayectoria del agua y de los contaminantes a través de las diferentes unidades hidrográficas del territorio peruano.

La Ley N.° 29338 reconoce una gestión integrada de los recursos hídricos y comprende las aguas superficiales, subterráneas, continentales y, en lo que resulte aplicable, las aguas marítimas y atmosféricas. Por ello, la investigación adopta como unidad de análisis no solamente el lugar donde se origina una presión ambiental, sino también su recorrido, acumulación, transformación y posible transferencia hacia otros ecosistemas y poblaciones (Congreso de la República, 2009).

La pregunta central que orienta la investigación es:

¿El Estado peruano está evaluando y controlando de manera suficientemente integrada las consecuencias acumulativas de las actividades económicas sobre el agua, el aire, el suelo, los alimentos, la biodiversidad y la salud humana, considerando el recorrido de los contaminantes desde su fuente hasta los ecosistemas y poblaciones potencialmente expuestos?


2. De la fuente de contaminación al ser humano

La investigación parte de una premisa verificable: un contaminante no necesariamente permanece en el lugar donde es generado.

Una sustancia liberada al ambiente puede desplazarse mediante el agua, el aire, los sedimentos, los alimentos o las cadenas tróficas. En el caso de las cuencas hidrográficas, una descarga ubicada aguas arriba puede afectar sucesivamente tributarios, ríos principales, zonas agrícolas, áreas ganaderas, poblaciones ribereñas, humedales, estuarios y finalmente ecosistemas costeros y marinos.

Por esta razón, la investigación propone superar una aproximación exclusivamente sectorial y analizar la trazabilidad ambiental del contaminante:

fuente → emisión o vertimiento → cuerpo receptor → transporte → acumulación → exposición de organismos → alimentos → población humana.

Esta ruta no debe presumirse en cada caso. Debe demostrarse mediante monitoreo ambiental, análisis de sedimentos, agua, biota, productos agrícolas, productos pecuarios, pescado y tejidos humanos cuando corresponda.


3. El problema de los ECA y la calidad real del cuerpo receptor

El Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM establece los Estándares de Calidad Ambiental para Agua y señala que estos corresponden a niveles de concentración de elementos, sustancias y parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua que, en su condición de cuerpo receptor, no deben representar un riesgo significativo para la salud humana ni para el ambiente (MINAM, 2017).

La Categoría 3 comprende agua para riego de vegetales y bebida de animales, con las subcategorías D1 y D2. Esto resulta particularmente relevante para la investigación porque el agua de una cuenca no solamente sostiene ecosistemas: también puede participar directamente en cadenas productivas alimentarias.

Por ello, cuando se identifica contaminación en aguas utilizadas para riego o bebida de animales, la investigación no considera suficiente analizar únicamente el agua. Debe determinarse, cuando exista una vía razonable de exposición:

  • calidad del suelo;

  • cultivos;

  • forraje;

  • leche;

  • carne;

  • pescado;

  • organismos acuáticos;

  • sedimentos;

  • agua de consumo;

  • y, cuando corresponda, biomonitoreo humano.

La existencia de un ECA aplicable al agua no demuestra por sí sola que los alimentos producidos con esa agua sean contaminados. Precisamente por ello se plantea como brecha la ausencia de una trazabilidad integrada que permita verificar esa posible transferencia.


4. Agua, agricultura y alimentación

La dimensión alimentaria convierte la contaminación hídrica en un problema que excede al sector ambiental.

El MIDAGRI informa que aproximadamente 452 mil familias participan en la producción de leche en el Perú. La información oficial también identifica a Cajamarca entre las principales zonas productoras de leche del país.

Este dato adquiere relevancia cuando se cruza con la clasificación de cuerpos de agua utilizados para riego y bebida de animales.

La investigación, por tanto, propone que cuando exista evidencia de contaminación persistente de una fuente utilizada para producción agropecuaria, el Estado evalúe no solamente el cumplimiento del ECA en el agua, sino también la existencia de una posible transferencia de contaminantes hacia los productos alimentarios.

La pregunta no debe formularse como una conclusión anticipada —"el contaminante pasó a la leche"—, sino como una obligación de investigación:

¿Cuando existe contaminación documentada en una fuente utilizada para bebida de animales o producción agrícola, las autoridades competentes realizan análisis de los alimentos potencialmente expuestos para determinar si existe transferencia de contaminantes a la cadena alimentaria?


5. Carga contaminante acumulativa

Una de las principales brechas identificadas consiste en la posibilidad de evaluar separadamente cada vertimiento sin integrar necesariamente la carga total que recibe un mismo cuerpo receptor.

La concentración de un contaminante en un punto de descarga constituye solamente una parte del problema. También debe considerarse:

caudal × concentración = carga contaminante.

La carga debe expresarse, según corresponda, en kg/día y kg/año y analizarse conjuntamente con:

  • otros vertimientos;

  • aportes naturales;

  • contaminación preexistente;

  • caudal del cuerpo receptor;

  • condiciones de estiaje;

  • capacidad de asimilación;

  • calidad aguas arriba;

  • calidad aguas abajo;

  • ECA aplicables;

  • y evolución histórica de los parámetros.

El cumplimiento individual de un LMP en el punto de descarga no demuestra necesariamente que el cuerpo receptor conserve condiciones ambientales adecuadas.

Esta investigación identifica, por tanto, la necesidad de pasar de una fiscalización predominantemente centrada en el punto de descarga a una evaluación integrada de la carga contaminante y del estado efectivo del cuerpo receptor.


6. Brechas regulatorias e institucionales identificadas

La investigación ha identificado un conjunto de brechas que deben ser verificadas y evaluadas por las autoridades competentes.

Brecha 1 — Capacidad de carga hídrica acumulativa

Ausencia de un mecanismo suficientemente integrado que determine cuánto recurso hídrico puede comprometerse en una cuenca considerando derechos existentes, usos efectivos, reservas, caudal ecológico, variabilidad climática y nuevas demandas.

Brecha 2 — Reserva efectiva para consumo humano

Necesidad de garantizar que los nuevos compromisos hídricos no reduzcan la disponibilidad necesaria para las generaciones presentes y futuras.

Brecha 3 — Integración entre cantidad y calidad del agua

La disponibilidad de agua no puede evaluarse exclusivamente en términos volumétricos. Un volumen contaminado no constituye un volumen equivalente de agua ambientalmente disponible.

Brecha 4 — Carga contaminante acumulativa

Necesidad de comparar la carga autorizada y efectiva de cada vertimiento con el conjunto de cargas que recibe el mismo cuerpo receptor.

Brecha 5 — Relación LMP–ECA

El cumplimiento del LMP en un efluente no debería ser utilizado como único indicador para determinar que el cuerpo receptor se encuentra protegido.

Brecha 6 — Protección durante condiciones de estiaje

La evaluación de nuevos vertimientos debe considerar el caudal mínimo real del receptor y no únicamente condiciones promedio que pueden ocultar situaciones de concentración extrema.

Brecha 7 — Contaminación preexistente

La existencia de contaminación previa no debería convertirse automáticamente en una razón para reducir la protección ambiental del cuerpo receptor. Debe determinarse, mediante evaluación técnica, cuál es el aporte adicional atribuible al nuevo vertimiento y cuál es la carga acumulativa existente.

Brecha 8 — Trazabilidad del ciclo del agua

Los sistemas de información sobre captación, uso, tratamiento, vertimiento y calidad del agua deben permitir reconstruir el recorrido del recurso dentro de la cuenca.

Brecha 9 — Integración interinstitucional

ANA, OEFA, MINAM, SENACE, DIGESA, MIDAGRI, gobiernos regionales y demás entidades competentes generan información que debe poder cruzarse espacial y temporalmente.

Brecha 10 — Agua y producción agropecuaria

Cuando una fuente utilizada para agricultura o ganadería presenta contaminación documentada, debe existir un mecanismo que active la evaluación de suelo, cultivos, forraje, leche, carne y otros alimentos potencialmente expuestos.

Brecha 11 — Trazabilidad de contaminantes hacia los alimentos

La investigación plantea como necesidad institucional verificar si determinados contaminantes presentes en agua, suelo o sedimentos pueden transferirse a organismos vivos y alimentos mediante rutas de exposición demostrables.

Brecha 12 — Protección de biodiversidad

Los programas de monitoreo deberían integrar agua, sedimentos, peces, macroinvertebrados y otros indicadores biológicos, especialmente cuando existan episodios de mortalidad de fauna.

Brecha 13 — Integración entre vertimientos, tratamiento y calidad efectiva

Debe determinarse si las autorizaciones de vertimiento incorporan suficientemente la situación real del cuerpo receptor y su capacidad de asimilación.

Brecha 14 — Trazabilidad integral del ciclo hídrico

La extracción, utilización, tratamiento y devolución del agua deben poder evaluarse como un único ciclo ambiental y no como procedimientos administrativos aislados.

Brecha 15 — Contaminación atmosférica y deposición ambiental

Los contaminantes atmosféricos pueden desplazarse y depositarse posteriormente sobre suelos, aguas, cultivos y ecosistemas. Por ello, aire, agua y suelo no deberían analizarse como compartimentos completamente independientes.

Brecha 16 — Contaminación terrestre y ecosistemas acuáticos

La erosión, los sedimentos y las escorrentías pueden transportar contaminantes desde zonas terrestres hacia cuerpos de agua y posteriormente hacia zonas costeras.

Brecha 17 — Conectividad de las cuencas con el mar

La gestión ambiental debe considerar que los ríos constituyen sistemas conectados. Los contaminantes persistentes o transportables pueden desplazarse aguas abajo y alcanzar ambientes estuarinos y marinos, aunque la existencia y magnitud de esa transferencia debe demostrarse mediante monitoreo.

Brecha 18 — Evaluación acumulativa de nuevas tecnologías

La aparición de nuevas actividades de alta demanda energética, hídrica o material requiere instrumentos capaces de evaluar impactos que no estaban contemplados cuando fueron diseñadas las normas sectoriales tradicionales.

Brecha 19 — Infraestructura digital y ciclo material

Los centros de datos y la inteligencia artificial deben evaluarse no solamente por el consumo directo de electricidad y agua, sino también por la infraestructura material necesaria para su construcción, funcionamiento, renovación y disposición final.


7. Inteligencia artificial: la infraestructura física de la "nube"

La investigación incorpora una nueva dimensión: la infraestructura física necesaria para sostener la inteligencia artificial.

La IEA estima que los centros de datos consumieron aproximadamente 415 TWh en 2024, equivalentes al 1,5 % de la electricidad mundial. Su escenario base proyecta aproximadamente 945 TWh en 2030 y alrededor de 1 200 TWh en 2035. La IEA identifica a la inteligencia artificial como uno de los principales motores del crecimiento futuro.

Además, los centros de datos no son solamente servidores. La infraestructura comprende servidores, almacenamiento, redes, sistemas UPS, refrigeración, conexiones a la red y generadores de respaldo, entre otros componentes.

La expansión de la IA genera, por tanto, una demanda física que debe analizarse mediante un enfoque de ciclo de vida.


8. Energía y emisiones

La IEA estima que la generación eléctrica destinada a centros de datos pasó de aproximadamente 460 TWh en 2024 y podría superar 1 000 TWh en 2030 y alcanzar aproximadamente 1 300 TWh en 2035 en su escenario base.

La misma fuente señala que las energías renovables cubrirían una parte importante del crecimiento, pero también que el gas natural, el carbón y la energía nuclear participan en el suministro, dependiendo de la región.

Esto impide afirmar que una infraestructura digital es ambientalmente neutra simplemente porque el operador contrata electricidad renovable. Debe distinguirse entre:

electricidad contratada por el operador → electricidad realmente suministrada por la red → generación requerida → emisiones asociadas → infraestructura energética adicional.


9. Agua y centros de datos

El agua constituye otra dimensión crítica.

Los sistemas de refrigeración pueden requerir agua durante la operación de los centros de datos. Sin embargo, el impacto hídrico no debería medirse únicamente como volumen consumido por el establecimiento.

Debe analizarse:

  • fuente del agua;

  • disponibilidad hídrica local;

  • condición de la cuenca;

  • competencia con consumo humano;

  • competencia con agricultura;

  • calidad del agua utilizada;

  • agua consumida;

  • agua retornada;

  • temperatura del agua retornada, cuando corresponda;

  • tratamiento;

  • reutilización;

  • pérdidas por evaporación;

  • y efectos acumulativos con otros usuarios.

La existencia de una metodología internacional específica para medir el Water Usage Effectiveness (WUE) está reconocida por ISO/IEC 30134-9:2022.


10. Eficiencia energética, carbono y agua: indicadores existentes

La investigación identifica una oportunidad regulatoria concreta.

La familia ISO/IEC 30134 contiene indicadores específicos para centros de datos:

PUE: eficiencia en el uso de energía.

CUE: intensidad de carbono durante la fase de uso.

WUE: intensidad de utilización de agua.

ISO/IEC 30134-2:2026 define PUE como indicador para cuantificar la eficiencia energética de un centro de datos.

ISO/IEC 30134-8:2022 establece CUE para cuantificar las emisiones de CO₂ durante la fase de uso del centro de datos.

ISO/IEC 30134-9:2022 establece WUE para cuantificar el consumo de agua durante la fase de uso.

Por tanto, la investigación propone evaluar si la regulación peruana debería incorporar mecanismos de reporte y fiscalización que permitan conocer estos indicadores en instalaciones de gran escala.


11. Minerales y materiales: la nube no es inmaterial

La inteligencia artificial requiere centros de datos, servidores, semiconductores, redes, almacenamiento, sistemas eléctricos, baterías, cables y otros componentes.

Estas tecnologías dependen de cadenas mundiales de suministro de minerales y materiales.

El USGS documenta, por ejemplo, que el galio se obtiene principalmente como subproducto del procesamiento de bauxita y que el germanio puede recuperarse de determinados residuos derivados del procesamiento de zinc y de cenizas de carbón, además del reciclaje.

La investigación no atribuye automáticamente a cada centro de datos una cantidad determinada de galio, germanio, cobre, aluminio, litio, níquel, oro, plata, tierras raras u otros minerales. Esa cuantificación debe realizarse mediante inventarios de ciclo de vida y composición técnica de los equipos.

Lo que sí puede investigarse es la dependencia material de la infraestructura digital y los impactos ambientales que ocurren en las etapas de extracción, concentración, refinación, fabricación, transporte, utilización y disposición final.


12. Residuos electrónicos

La dimensión material termina también en residuos.

El Global E-waste Monitor 2024, elaborado por UNITAR e ITU, registró 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en 2022, un incremento de 82 % respecto de 2010. Solo una parte fue documentada como correctamente recolectada y reciclada. El informe proyecta 82 millones de toneladas para 2030 y señala que aproximadamente el 1 % de la demanda mundial de tierras raras se satisface mediante reciclaje de residuos electrónicos.

La infraestructura de IA debe, por tanto, evaluarse también por:

  • renovación de servidores;

  • vida útil de GPU y otros aceleradores;

  • almacenamiento;

  • placas electrónicas;

  • baterías;

  • cables;

  • equipos de red;

  • sistemas de refrigeración;

  • componentes eléctricos;

  • residuos peligrosos;

  • recuperación de metales;

  • y destino final.


13. Impacto acumulativo: del mineral al alimento y del alimento al ser humano

La investigación propone integrar una cadena que normalmente se analiza mediante instituciones y procedimientos separados:

extracción de recursos → transformación industrial → emisiones/vertimientos → agua/aire/suelo → ecosistemas → agricultura/ganadería/pesca → alimentos → exposición humana.

La finalidad no es afirmar que cada actividad produzca necesariamente todos esos efectos.

La finalidad es determinar cuándo existe una ruta de exposición demostrable y quién tiene competencia para verificarla.

Esta metodología permitiría investigar, por ejemplo:

Minería → agua → peces → consumo humano.

Minería → agua → riego → cultivo → consumo humano.

Minería → agua → bebida animal → alimento de origen animal → consumo humano.

Emisión atmosférica → deposición → suelo/cultivo → alimento → población.

Vertimiento → río → estuario → ambiente marino → organismos acuáticos → consumo humano.

Cada ruta debe ser demostrada mediante evidencia científica y monitoreo específico.


14. Del agua continental al mar

La investigación amplía deliberadamente su ámbito de análisis hasta los ecosistemas marinos.

Los ríos no constituyen sistemas ambientales aislados. El agua y los materiales transportados aguas abajo pueden alcanzar otros sistemas hidrográficos, zonas costeras y finalmente el océano.

Por ello, la evaluación ambiental de una actividad ubicada en una cabecera de cuenca no debería terminar necesariamente en el punto donde finaliza la autorización administrativa.

Cuando exista una ruta hidrológica comprobable, deben evaluarse las consecuencias aguas abajo y, cuando corresponda, en los ambientes costeros y marinos.

La investigación propone especial atención a:

  • metales y metaloides;

  • nutrientes;

  • hidrocarburos;

  • plaguicidas;

  • sustancias persistentes;

  • sedimentos contaminados;

  • cambios de temperatura;

  • cambios de pH;

  • salinidad;

  • oxígeno disuelto;

  • mortalidad de organismos;

  • bioacumulación;

  • biomagnificación;

  • y presencia de contaminantes en especies destinadas al consumo humano.


15. Biodiversidad y mortalidad de fauna

La aparición de mortalidad de peces, mamíferos marinos u otras especies no debe reducirse automáticamente a una única causa.

Ante un evento de mortalidad masiva, la investigación propone un protocolo integral que incluya, según la especie y el evento:

  • necropsia;

  • histopatología;

  • análisis bacteriológico;

  • análisis viral;

  • análisis parasitológico;

  • toxicología;

  • metales pesados;

  • plaguicidas;

  • hidrocarburos;

  • contaminantes orgánicos persistentes;

  • análisis de agua;

  • sedimentos;

  • tejidos;

  • contenido gastrointestinal;

  • condiciones oceanográficas;

  • temperatura;

  • oxígeno disuelto;

  • floraciones algales;

  • y otras causas ambientales pertinentes.

El hisopado puede ser útil para determinadas investigaciones microbiológicas, pero no sustituye necesariamente un estudio toxicológico o anatomopatológico cuando la hipótesis investigativa comprende contaminación ambiental.

La investigación, por tanto, no afirma que una determinada mortalidad de fauna tenga una causa específica sin evidencia causal. Solicita que el Estado cuente con capacidad suficiente para determinarla.


16. Cambio climático y calor asociado a infraestructura digital

También se incorpora la necesidad de estudiar el calor generado por grandes instalaciones digitales.

En este punto la investigación diferencia cuidadosamente entre evidencia consolidada y estudios preliminares.

Existen investigaciones recientes que exploran posibles efectos térmicos locales de grandes centros de datos, pero algunos resultados todavía requieren revisión científica independiente. Por ello, no corresponde presentar como hecho establecido que los centros de datos estén generando determinados incrementos de temperatura a decenas de kilómetros de distancia.

Sí corresponde solicitar que, cuando se proyecten instalaciones de gran escala, se evalúen técnicamente:

  • calor residual;

  • microclima;

  • temperatura superficial;

  • emisiones;

  • sistemas de refrigeración;

  • demanda energética;

  • disponibilidad de agua;

  • y posibles efectos acumulativos.


17. Principio de prevención y precaución

El eje común de la investigación es preventivo.

La pregunta no es únicamente qué ocurrió después de que apareció el daño.

La pregunta central es:

¿Qué información tenía el Estado antes de autorizar una nueva presión sobre una cuenca, un cuerpo receptor, un ecosistema o una población y qué evaluación realizó sobre la presión acumulativa existente?

Cuando una cuenca presenta simultáneamente:

  • derechos de uso de agua;

  • vertimientos;

  • contaminación preexistente;

  • reducción de caudales;

  • actividades agrícolas;

  • ganadería;

  • poblaciones dependientes;

  • ecosistemas sensibles;

  • y nuevas demandas,

la decisión administrativa debe considerar el conjunto y no únicamente cada expediente individual.


18. Propuesta de enfoque nacional

La investigación propone avanzar hacia un modelo de Gestión Integrada de Presión Ambiental Acumulativa, que permita conectar:

AGUA + AIRE + SUELO + ALIMENTOS + BIODIVERSIDAD + SALUD HUMANA + MAR.

El sistema debería permitir conocer:

  1. quién extrae agua;

  2. cuánto extrae;

  3. de qué fuente;

  4. para qué actividad;

  5. qué devuelve;

  6. qué contaminantes contiene;

  7. cuánto devuelve en kg/día y kg/año;

  8. dónde se descarga;

  9. qué otros usuarios existen;

  10. cuál es la calidad del cuerpo receptor;

  11. cuál es el caudal mínimo;

  12. qué alimentos dependen de esa fuente;

  13. qué especies dependen del ecosistema;

  14. qué población está potencialmente expuesta;

  15. qué ocurre aguas abajo;

  16. y, cuando corresponda, qué llega finalmente al ambiente marino.


19. Petición legislativa central

A partir de la evidencia reunida, se propone que el Congreso evalúe la suficiencia del marco jurídico e institucional para garantizar que ninguna nueva actividad de elevada presión hídrica, contaminante, energética o material sea autorizada sin considerar la presión acumulativa existente y la capacidad efectiva de recuperación y asimilación del ecosistema.

Asimismo, se propone evaluar mecanismos legislativos que permitan:

  • integrar los registros de derechos de agua, vertimientos y monitoreo;

  • calcular carga contaminante autorizada y efectiva;

  • evaluar capacidad remanente de las cuencas;

  • proteger reservas para consumo humano;

  • incorporar el caudal ecológico;

  • evaluar condiciones de estiaje;

  • vincular calidad del agua con producción alimentaria;

  • implementar monitoreo de contaminantes en alimentos cuando exista una ruta de exposición;

  • fortalecer el monitoreo biológico;

  • establecer trazabilidad aguas abajo;

  • incorporar la conexión cuenca–costa–mar;

  • evaluar el ciclo de vida de grandes infraestructuras tecnológicas;

  • y garantizar transparencia e interoperabilidad de la información ambiental.


20. Conclusión

La investigación no sostiene que todas las actividades económicas sean contaminantes ni que toda enfermedad, mortalidad animal o degradación ambiental tenga una única causa.

Sostiene algo diferente y verificable:

el ambiente funciona como un sistema conectado, mientras que la regulación y la fiscalización frecuentemente funcionan mediante procedimientos sectoriales y fragmentados.

El agua puede ser extraída por una entidad, utilizada por otra, tratada mediante un instrumento distinto, vertida bajo otra autorización, monitoreada por otro organismo y finalmente utilizada por agricultores, ganaderos, pescadores y poblaciones que no necesariamente aparecen vinculados en ninguno de esos expedientes.

De igual manera, un teléfono, un servidor, una computadora o un centro de datos no aparecen espontáneamente. Requieren minerales, energía, agua, manufactura, transporte, infraestructura y finalmente generan residuos.

La cuestión que esta investigación plantea al Estado no es si debe detenerse el desarrollo económico o tecnológico.

La cuestión es si el desarrollo puede continuar sin conocer previamente la carga ambiental acumulativa que ya soportan las fuentes de agua, el aire, los suelos, los alimentos, los ecosistemas y las poblaciones.

La investigación propone que el principio rector sea sencillo:

antes de autorizar una nueva presión ambiental, el Estado debe conocer qué presión existe, cuánto puede soportar realmente el ecosistema y qué consecuencias puede producir la nueva actividad a lo largo de toda la cadena ambiental.

Y cuando exista una ruta razonablemente identificable desde la fuente contaminante hasta los alimentos, los organismos vivos o la población, esa ruta debe ser investigada y demostrada científicamente, no presumida ni descartada por ausencia de monitoreo.

Lista de contaminantes

La investigación contempla, según la actividad y la ruta de exposición, al menos:

  • Arsénico.

  • Plomo.

  • Cadmio.

  • Mercurio.

  • Aluminio.

  • Manganeso.

  • Cobre.

  • Sulfatos.

  • Cianuro.

  • Plaguicidas.

  • Hidrocarburos.

  • Material particulado.

  • SO₂.

  • NOx.

  • Gases de efecto invernadero.

  • Sustancias orgánicas persistentes.

  • Contaminantes presentes en residuos electrónicos.

  • Sustancias asociadas a procesos de extracción y transformación mineral.

  • Contaminantes térmicos y alteraciones de parámetros fisicoquímicos del agua.

Importante: los valores hallados y los LMP/ECA deben incorporarse individualmente para cada cuenca, punto de monitoreo, fecha y matriz ambiental. No deben mezclarse resultados de agua, aire, sangre, alimentos o sedimentos como si fueran comparables directamente.

Brechas de gestión

La principal brecha transversal identificada es la fragmentación de la gestión ambiental frente a la naturaleza acumulativa y conectada de los impactos.

El sistema necesita pasar de una evaluación predominantemente individual de proyectos, derechos, vertimientos y emisiones hacia una evaluación integrada de:

fuente → carga → receptor → transporte → ecosistema → alimento → población → destino aguas abajo.

La investigación propone que esta trazabilidad sea verificable, interoperable y pública, permitiendo determinar no solamente quién está autorizado a utilizar un recurso, sino también cuál es la presión total que soporta el sistema y cuál es su capacidad remanente.

Fuentes técnicas principales

Agencia Internacional de Energía. (2025). Energy and AI.

International Organization for Standardization. (2026). ISO/IEC 30134-2:2026 — Power Usage Effectiveness (PUE).

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 30134-8:2022 — Carbon Usage Effectiveness (CUE).

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 30134-9:2022 — Water Usage Effectiveness (WUE).

MINAM. (2017). Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM — Estándares de Calidad Ambiental para Agua.

Congreso de la República. (2009). Ley N.° 29338 — Ley de Recursos Hídricos.

MIDAGRI. (2024). Información oficial sobre productores y cadena láctea nacional.

UNITAR & ITU. (2024). The Global E-waste Monitor 2024.

U.S. Geological Survey. Documentación técnica sobre minerales críticos, incluyendo galio y germanio.

QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N.° 00174793 Yolanda Victoria Rojas Espinoza | ORCID 0009-0002-9012-1393

martes, 29 de septiembre de 2026

NUEVO CONTRATO SOCIAL TECNOLÓGICO Autor: Yolanda Victoria Rojas Espinoza - ESTAS SON LAS 8 EXIGENCIAS

 

NUEVO CONTRATO SOCIAL TECNOLÓGICO

Autor: Yolanda Victoria Rojas Espinoza

 

Manifiesto por la Soberanía, la Vida y la Fiscalización Ciudadana

  1. Etiquetado ambiental en tiempo real y cuotas de uso reguladas por el Estado

Cada vez que un usuario abra o ingrese a una plataforma de inteligencia artificial, deberá aparecer un mensaje de advertencia obligatorio —semejante a los octógonos de los alimentos o las advertencias sanitarias— que señale: «Advertencia: El uso de esta tecnología causa contaminación ambiental y consumo masivo de agua; recuerda que son millones a nivel mundial que la están usando. Decide con conciencia». Al ingresar se mostrará el consumo aproximado mundial y, al terminar, la pantalla indicará exactamente cuánta agua y energía consumió esa interacción específica. Asimismo, dado que el Estado es el máximo administrador de los recursos naturales, se establecerá un límite de uso o cuota máxima por usuario. Si el uso se orienta al beneficio directo de la sociedad (investigación, educación, salud o defensa de los derechos), el sistema contemplará un bono adicional de consumo, notificando al usuario su crédito consumido al finalizar.

  1. Diferenciación tarifaria del agua

El agua para la vida humana y el agua para el lucro industrial no pueden costar ni valer lo mismo. Quien usa el agua para el enriquecimiento empresarial debe pagar al menos el triple de la tarifa destinada al consumo humano. Esto incluye de forma directa a la minería, las empresas cerveceras, las embotelladoras de gaseosas, los centros de datos y la industria textil. El agua que toma una familia no puede tener el mismo trato ni precio que el agua que enfría la máquina que hace millonarios a unos pocos.

  1. Protección absoluta del agua subterránea

Prohibición total y terminante de que los centros de datos, al igual que cualquier otra industria de lucro, perforen pozos o extraigan agua de acuíferos, ríos, lagos, ojos de agua o manantiales. Los acuíferos son la caja de ahorros de la humanidad y el sustento de las futuras generaciones; simplemente, no se tocan.

  1. Registro de identidad digital protegida y trazabilidad obligatoria

Que tu rostro, tu voz y tu identidad no puedan ser usurpados ni usados por la inteligencia artificial sin tu consentimiento explícito. Que, si alguien crea un deepfake, exista un registro tecnológico que proteja a la víctima y una ley que lo castigue severamente. Asimismo, toda imagen, video o contenido generado por IA deberá incluir obligatoriamente un sello de agua visible y metadatos inalterables que identifiquen quién lo generó, estableciendo responsabilidad directa sobre su autoría y difusión.

  1. Canon hídrico por interacción y responsabilidad empresarial

Si las corporaciones tecnológicas utilizan los recursos hídricos y ambientales de la humanidad para hacer funcionar sus máquinas, tienen la obligación ineludible de pagar por ello. Cada vez que una IA responda a una consulta, el dueño de esa tecnología deberá pagar un canon hídrico estricto. Las empresas son responsables de garantizar un uso eficiente; de este modo, el costo recae en quien lucra con la tecnología, jamás en el ciudadano.

  1. Medidores públicos en tiempo real y fiscalización ciudadana

No bastan las declaraciones juradas ni los informes voluntarios de sostenibilidad. Cada centro de datos, sin excepción, deberá contar con medidores de consumo de agua físicos, públicos, inviolables y conectados a internet, permitiendo que cualquier ciudadano o comunidad compruebe en tiempo real cuánta agua se está usando. Transparencia total y control social verificable.

  1. Indemnización histórica, restitución ambiental y reparación intergeneracional

Exigencia del cobro implacable de la deuda ecológica del pasado. Si una corporación (minería, cerveceras, gaseosas, centros de datos, textil) utilizó y contaminó miles de millones de litros de agua, tiene la obligación indelegable de indemnizar a los territorios afectados devolviendo agua de igual o mejor calidad a la original —jamás contaminada— y pagando por los daños. Si la contaminación alcanzó a la población mediante el consumo de agua, carne, leche, cultivos o aire contaminado, deberán indemnizar y garantizar atención integral a cada familia afectada hasta la tercera generación.

  1. Prueba de legitimidad tecnológica

Ninguna inteligencia artificial o infraestructura corporativa puede ser impuesta si antes no demuestra de forma verificable que cuida el planeta. Si la IA no ayuda a recuperar el agua que consume, si no contribuye a desalinizar, detectar fugas o restaurar cuencas, entonces es una tecnología ilegítima y depredadora. Y debe ser prohibida.

  1. Principio de precaución y prohibición de centros de datos en el mar

Si las empresas tecnológicas pretenden instalar centros de datos o infraestructura de enfriamiento en el mar, tienen la obligación de demostrar con estudios científicos independientes y públicos que el calor emitido no está matando las especies marinas. Si generan impacto térmico o dañan la biodiversidad, su instalación en el mar será declarada ilegal y prohibida, protegiendo la soberanía alimentaria y la vida humana.

  1. Responsabilidad absoluta en la seguridad de datos para el sector público

Si las empresas tecnológicas pretenden vender sistemas de inteligencia artificial a entidades públicas, deben garantizar por contrato y bajo responsabilidad legal que los datos gestionados estarán absolutamente protegidos. Ninguna institución del Estado puede malgastar los recursos públicos pagando por contratos millonarios que no brindan mejoras reales a la institución ni garantías de ciberseguridad y soberanía de la información.

  1. Garantía de veracidad y responsabilidad legal por errores de la IA

Las empresas tecnológicas no pueden lucrarse vendiendo sistemas de IA mientras se escudan en cláusulas de irresponsabilidad que advierten que "la IA puede cometer errores". Si una empresa comercializa o implementa una tecnología, está obligada a garantizar la veracidad y precisión de la información. Ninguna corporación puede cobrar por un servicio defectuoso ni trasladar al usuario o al Estado la carga de corregir sus fallos. Si la IA genera información falsa o errónea que cause perjuicios económicos, legales o sociales, la empresa proveedora debe asumir la responsabilidad civil y legal directa.

lunes, 21 de septiembre de 2026

Google LLC. (2025). 2025 Environmental Report

 Fuente analizada: Google LLC. (2025). 2025 Environmental Report (Anexo 7).

Resumen ejecutivo

Consumo energético (2024):
El consumo eléctrico total de Google ascendió a 32.18 millones de MWh (32,179,900 MWh), y el consumo energético total (incluye combustibles) a 32.73 millones de MWh, un incremento interanual de ~26% respecto a 2023 (25,910,500 MWh) (Google, 2025, p. 84, apéndice). El consumo eléctrico específico de centros de datos creció 27% interanual, impulsado por la expansión de IA (Gemini), Google Cloud y YouTube (Google, 2025, p. 19). Pese a ello, la empresa reporta una reducción del 12% en emisiones energéticas de centros de datos, atribuida a eficiencia operativa (Google, 2025, p. 19). El PUE (Power Usage Effectiveness) global fue 1.09, frente a un promedio industrial de 1.56 (Google, 2025, p. 84).

Consumo hídrico (2024):
Captación total de agua: 11,011 millones de galones (≈41.7 mil millones de litros). Consumo neto (captación menos descarga): 8,135 millones de galones (≈8.1 mil millones de galones / 31 mil millones de litros), de los cuales 7,787 millones de galones corresponden solo a centros de datos operados directamente (Google, 2025, p. 109, apéndice). El consumo hídrico total aumentó 28% respecto a 2023 (Google, 2025, p. 40). El 72% de la captación proviene de fuentes de bajo riesgo hídrico, pero el 14% proviene de fuentes de riesgo alto de escasez (Google, 2025, p. 109). La empresa reporta reposición ("replenishment") de solo 64% del agua dulce consumida (Google, 2025, p. 40).

Emisiones GEI (2024):
Total: 11.5 millones tCO2e, +51% respecto a la línea base 2019 (Google, 2025, p. 80).

  • Alcance 1: 73,100 tCO2e (1%)
  • Alcance 2 (market-based): 3,059,100 tCO2e (26%)
  • Alcance 3 (ambition-based): 8.4 millones tCO2e (73%), +22% vs. 2023, atribuido a manufactura de hardware IA y construcción de nueva infraestructura (Google, 2025, p. 80)
  • Operaciones directas (Alcance 1+2): +241% respecto a 2019 (Google, 2025, p. 80)

Lista de contaminantes / indicadores

ParámetroValor hallado (2024)Límite permitido (LMP/ECA aplicable en Perú)
Emisiones GEI totales (tCO2e)11,500,000No existe LMP corporativo específico en el marco peruano (D.S. N.° 013-2019-MINAM fija metas NDC nacionales, no por instalación privada)
Consumo de agua dulce (litros)~31,000,000,000No existe régimen de asignación/límite hídrico específico para centros de datos en la Ley de Recursos Hídricos N.° 29338 ni su reglamento
Captación en fuentes de alto riesgo hídrico14% del totalSin estándar ECA-Agua aplicable a nivel de huella corporativa por tipo de industria digital
PUE (eficiencia energética)1.09Sin norma técnica peruana (NTP) que regule eficiencia energética de centros de datos

Brechas de gestión

El marco normativo peruano (Ley N.° 29338, Ley General del Ambiente N.° 28611, D.S. N.° 013-2019-MINAM) carece de estándares específicos —LMP o ECA— para regular el consumo hídrico y energético de centros de datos como actividad económica diferenciada, a diferencia de sectores como minería o hidrocarburos. Esto genera un vacío normativo que impide fiscalizar operaciones similares si se instalan en territorio nacional (cf. investigación en curso sobre PCRIS/Data Center Trujillo). Adicionalmente, el reporte de Google es voluntario y autoreportado (sin verificación por autoridad ambiental independiente), y no desagrega datos por país, lo que limita la trazabilidad de impactos locales específicos —un patrón de opacidad recurrente en la industria de centros de datos a nivel global.


Referencia (APA):
Google LLC. (2025). 2025 Environmental Report. Alphabet Inc.


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Yolanda Victoria Rojas Espinoza | ORCID 0009-0002-9012-1393

jueves, 17 de septiembre de 2026

ANÁLISIS CONSOLIDADO — EXPEDIENTE MTPE / CONTRATO B-018-0-3547

 ANÁLISIS CONSOLIDADO — EXPEDIENTE MTPE / CONTRATO B-018-0-3547


Fuentes: Contrato, O/S 458-2021, O/S 443-2022, O/S 691-2022, O/S 100-2023, Informe N.° 000472-2026-MTPE/3/24.2.1.2.1


1. Objeto real del contrato — corrección al resumen anterior

El contrato no es tecnología genérica. Es la adquisición de licencias de software para intermediación laboral con motor de ontología y semántica, con capacidades de: motor ontológico, JobMatch (match semántico entre ofertas y perfiles), análisis de brechas, orientación profesional, train match, single sign-on y visor de monitoreo de servidores del MTPE. Se trata de una plataforma de IA aplicada al empleo, con componentes de procesamiento de lenguaje natural y matching algorítmico. Esto es directamente relevante para el corpus de gobernanza de IA en el Estado peruano. La afirmación del resumen anterior de que "el informe no describe el objeto contractual" queda corregida con estos documentos.

2. Financiamiento BID — cambio regulatorio crucial

El contrato fue financiado mediante el Préstamo BID N.° 3547/OC-PE y el método de selección aplicado fue LIL (Lista de Invitados Limitada), que es un procedimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, no la Ley N.° 30225 de Contrataciones del Estado ni la supervisión de OSCE. Esto tiene consecuencias directas para cualquier denuncia:

La Contraloría General sí tiene competencia sobre fondos BID ejecutados por entidades públicas (Art. 12 de la Ley N.° 27785), pero la cadena de supervisión incluye también al propio BID, que otorgó su no objeción mediante documentos EZSHARE-1734639941-1172 N.° 1548/2020 y N.° 1998/2020. Una denuncia ante Contraloría debe distinguir entre incumplimientos contractuales (supervisados también por BID) e irregularidades en la gestión interna del Estado peruano (gestión presupuestal en SIAF, adendas sin sustento adecuado, inconsistencias cambiarias).

3. Cronología de adendas — cuatro modificaciones en tres años

N.° adendaVersión contratoFechaEfecto documentado
PrimeraB-018-1-354726/07/2021Amplía plazos entregables 3-7; monto contrato: $5,171,693.90
SegundaB-018-2-354708/09/2022Amplía plazo entregable 6 (hasta 3 días post-adenda) y entregable 7 (hasta 60 días post-adenda)
TerceraB-018-3-354716/12/2022Amplía plazos entregables 9 y 10; monto contrato aumenta a $5,789,053.04
CuartaB-018-4-354702/05/2023Amplía plazos entregables 8, 10, 11 y 12

Cuatro adendas en 30 meses sobre un contrato de 12 entregables es un patrón de incumplimiento contractual sistemático por parte del proveedor que el Estado fue absorbiendo sucesivamente en lugar de aplicar penalidades o resolver el contrato. Todas las adendas constan como "incluye cláusula de penalidad: Sí", pero ninguna de las conformidades registra penalidad aplicada efectiva.

4. Irregularidad central — inconsistencia cambiaria en O/S 458 (2021)

Este es el hallazgo más técnicamente grave del expediente. La O/S 458 dice en su cuerpo: "LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO ABARCA LOS ENTREGABLES DEL 3 AL 7 POR EL MONTO TOTAL DE 3,620,185.73 DOLARES AMERICANOS". Sin embargo, en la afectación presupuestal SIAF la registra como: "AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 3,620,185.73". Es decir, el mismo número fue ingresado al SIAF como si fuera soles, cuando el monto era en dólares.

El devengado en 2021 según el Informe 472 fue S/ 8,254,720.55. Si se aplica un tipo de cambio promedio de aproximadamente 4.00 PEN/USD (vigente en la segunda mitad de 2021), S/ 8,254,720.55 equivale a aproximadamente $2,063,680 USD, que corresponde a los entregables 3, 4 y parcialmente 5 del cronograma. Esto confirma que la afectación presupuestal registrada en SIAF (S/ 3,620,185.73) no refleja el compromiso real en moneda funcional, lo que genera una subregistración del compromiso presupuestal de la diferencia entre S/ 3,620,185.73 y el equivalente en soles del total de la O/S en dólares (aproximadamente S/ 14.5 millones al T/C de 2021).

5. Funcionarios que otorgaron conformidades — cadena de responsabilidad

EntregablesDirector DGSNE que otorgó conformidad técnicaPeríodo
3, 4, 5Kantuta Nataly Vallenas Rojas2021
6, 7, 9Javier Alexander Paulini Sánchez2022
10, 11Álvaro Melquiades García Ramírez2023
8Walter Hernán Zúñiga Villegas (e)2023
12Juan Carlos Benner Caycho2023

La conformidad administrativa estuvo a cargo, en la mayoría de casos, de Brigitte Berenicce Valverde Centurión (Jefa de la Unidad de Articulación Técnica) y Danniza Genoveva Barrantes Vizurraga (Especialista en Adquisiciones).

6. Síntesis de hallazgos para denuncia

N.°HallazgoTipoNorma aplicable
1Cuatro adendas sin penalidades efectivas pese a incumplimientos de plazos reiteradosGestión contractual deficientePolíticas de Adquisiciones BID; cláusula de penalidad del contrato
2O/S 458: monto en dólares registrado en SIAF como soles (misma cifra, distinta moneda)Irregularidad contable/presupuestalDirectiva N.° 005-2010-EF/76.01 (SIAF); Art. 35 Ley N.° 30225 (gestión presupuestal)
3Devengado 2021 (S/ 8,254,720.55) no coincide con monto O/S en SIAF (S/ 3,620,185.73) — diferencia de S/ 4,634,534.82 sin explicación en el Informe 472Brecha de trazabilidad presupuestalArt. 77 Constitución; DNPP; Contraloría
4Plataforma con motor de IA (ontología, semántica, JobMatch) contratada sin marco de gobernanza de IA estatal vigente en 2020Brecha regulatoria de IALey 31814 inexistente en 2020; ausencia de evaluación de riesgo algorítmico
5Cinco directores de DGSNE distintos otorgaron conformidades — rotación que fragiliza la continuidad técnica de supervisiónRiesgo de gestión institucionalArt. 76 Constitución; Art. 8 Ley 30225
6Sin evidencia de reporte de huella hídrica/energética de la plataforma digital adquiridaBrecha ambientalArts. 2.22, 66, 67 Constitución; Ley 31814 (2023)

ANÁLISIS SIAF — CRUCE DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
Fuentes: Certificado/Compromiso/Devengado Exp. 290 (2021), Exp. 341 (2022), Exp. 155 (2023)


1. Cuadro consolidado SIAF — cifras exactas verificadas

AñoExpediente SIAFCCP N.°Monto Certificado (a)Monto Devengado (d)Monto Girado (e)Saldo no devengado
2021290167S/ 8,255,772.88S/ 8,254,720.55S/ 8,254,720.55S/ 1,052.33
2022341274 — Sec. 002S/ 5,935,120.05S/ 5,767,753.63S/ 5,767,753.63S/ 167,366.42
2022341274 — Sec. 003S/ 1,990,770.09S/ 1,866,045.16S/ 1,866,045.16S/ 124,724.93
2023155107S/ 858,207.67S/ 858,207.67S/ 858,207.67S/ 0.00
TOTALS/ 17,039,870.69S/ 16,746,727.01S/ 16,746,727.01S/ 293,143.68

Los totales coinciden exactamente con el Informe N.° 000472-2026-MTPE. El expediente SIAF es internamente consistente.


2. Hallazgo nuevo 1 — La inconsistencia de 2021 queda explicada

La O/S 458 muestra en su cuerpo "AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 3,620,185.73" pero el CCP 167 (Expediente 290) certifica S/ 8,255,772.88. La diferencia es S/ 4,635,587.15.

La explicación técnica que emerge del cruce: la O/S 458 cubre los entregables 3 al 7 en dólares ($3,620,185.73 USD total), pero en 2021 solo se devengaron los entregables 3, 4 y 5. Verificación:

Entregable 3: $568,886.33 × T/C promedio 2021 (~4.09) = S/ 2,326,744.69
Entregable 4: $1,034,338.78 × 4.09 = S/ 4,230,446.61
Entregable 5: $413,735.51 × 4.09 = S/ 1,692,178.24
Subtotal: S/ 8,249,369.54 ≈ S/ 8,254,720.55 ✓ (diferencia por tipo de cambio exacto del día de pago)

Esto confirma que el CCP 167 fue correctamente emitido por S/ 8,255,772.88 (valor real en soles de los tres entregables pagados), pero la O/S 458 fue ingresada al SIAF con el número dólar ($3,620,185.73) transcrito directamente como soles, sin conversión. Es un error de registro en la orden de servicio, no en la certificación. Los entregables 6 y 7 de la O/S 458 fueron pagados en 2022 bajo O/S 443.

Conclusión: La O/S 458 registra en SIAF S/ 3,620,185.73 cuando debía registrar aproximadamente S/ 14.8 millones (valor en soles de los 5 entregables en dólares al T/C vigente). Esto es una irregularidad de registro SIAF que subestima el compromiso real de la O/S en S/ 11.2 millones, aunque el CCP 167 sí refleja parcialmente el monto correcto de lo efectivamente pagado en ese ejercicio.


3. Hallazgo nuevo 2 — S/ 293,143.68 certificados y nunca devengados

Este es el hallazgo presupuestal más concreto del expediente. El SIAF muestra que S/ 293,143.68 fueron certificados (reservados del presupuesto) pero jamás devengados ni girados:

S/ 1,052.33 de 2021 — monto menor, posiblemente comisiones bancarias o redondeo de tipo de cambio.

S/ 292,091.35 de 2022 — monto significativo, compuesto por:
S/ 167,366.42 (Sec. 002, O/S 443): corresponde a la parte de entregable 8 ($103,433.88) incluida en la O/S 443 pero pagada en 2023 bajo O/S 100 / Exp. 155. Sin embargo, el Exp. 155 de 2023 registra S/ 858,207.67 devengado como un expediente nuevo e independiente. Esto significa que el saldo de Exp. 341 (S/ 167,366.42) no fue transferido al Exp. 155 sino certificado nuevamente: hubo doble certificación presupuestal de al menos ese entregable, primero en Exp. 341 (2022) y luego en Exp. 155 (2023).

S/ 124,724.93 (Sec. 003, O/S 691): corresponde a entregable 10 ($9,466.97 USD). Al T/C de diciembre 2022 (~3.82), ese entregable vale S/ 36,163.83. La diferencia entre S/ 124,724.93 y S/ 36,163.83 es S/ 88,561.10 que no tiene correspondencia con ningún entregable identificado. Este monto quedó certificado en 2022 bajo CCP 274 y no figura como devengado en ninguno de los tres reportes SIAF proporcionados. Su destino presupuestal es desconocido con la documentación disponible.


4. Cuadro de irregularidades actualizado

N.°IrregularidadEvidencia documentalNorma aplicable
1O/S 458: monto USD transcrito como soles en SIAF (S/ 3,620,185.73 en lugar del equivalente ~S/ 14.8M)O/S 458 vs. CCP 167Directiva N.° 005-2010-EF/76.01; Art. 35 Ley 30225
2S/ 88,561.10 certificados en 2022 bajo CCP 274 sin entregable identificable ni devengado posterior visibleExp. 341, Sec. 003 vs. O/S 691Art. 77 Constitución; normas SIAF MEF
3Posible doble certificación presupuestal del entregable 8 (en Exp. 341 año 2022 y en Exp. 155 año 2023)Exp. 341 Sec. 002 / Exp. 155Art. 77 Constitución; Directiva SIAF
4Cuatro adendas sin penalidades efectivas aplicadasTodas las conformidadesContrato B-018-0-3547, cláusula de penalidad
5Cinco directores DGSNE distintos otorgaron conformidades técnicas en 3 añosConformidades O/S 458, 443, 691, 100Art. 76 Constitución
6Plataforma de IA (ontología semántica, JobMatch) adquirida sin marco de gobernanza de IA


Contrato B-018-0-3547Ley 31814 (2023, posterior)

ANÁLISIS FINAL — CCP 167 (2021) / CCP 274 (2022) / CCP 107 (2023)
Cierre del expediente MTPE / Contrato B-018-0-3547 / WCC Group B.V.


1. Hallazgo definitivo — La irregularidad de la O/S 458 confirmada con cifra exacta

El CCP 167 (aprobado el 26/02/2021, SCCP N.° 153-2021) certifica inicialmente S/ 13,379,482.72. Este monto corresponde a la conversión correcta de $3,620,185.73 USD al tipo de cambio vigente en febrero 2021 (aproximadamente S/ 3.696 por dólar): $3,620,185.73 × 3.696 = S/ 13,379,406 ≈ S/ 13,379,482.72. La certificación fue emitida correctamente en soles.

Sin embargo, la O/S 458 (emitida el 02/08/2021, seis meses después) registró en SIAF "AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 3,620,185.73" — el número en dólares, transcrito directamente como soles, sin conversión.

La irregularidad queda cuantificada con exactitud:

CCP 167 inicial: S/ 13,379,482.72 (correcto)
O/S 458 en SIAF: S/ 3,620,185.73 (incorrecto — dólares tratados como soles)
Diferencia subregistrada: S/ 9,759,296.99

La O/S 458 subestimó el compromiso presupuestal registrado en SIAF en S/ 9,759,296.99. No es un error de la certificación (el CCP estaba bien); es un error de transcripción en la orden de servicio que ingresó al SIAF con la cifra en moneda extranjera como si fuera moneda nacional.

Las rebajas de S/ 5,123,709.84 sobre el CCP 167 corresponden al monto en soles de los entregables 6 y 7 que fueron trasladados al ejercicio 2022 y cubiertos por CCP 274. Esa rebaja fue correctamente aplicada.


2. Hallazgo nuevo — Reclasificación del clasificador presupuestal entre 2021 y 2022

CCPAñoClasificadorDescripción
16720212.6.7.1.6.3Gastos por la contratación de servicios (Inversiones Intangibles)
27420222.6.6.1.3.2Softwares (Activos Intangibles)
10720232.6.6.1.3.2Softwares (Activos Intangibles)

En 2021 el gasto fue clasificado como un servicio (2.6.7); en 2022 y 2023 fue reclasificado como adquisición de activo intangible-software (2.6.6). Ambas categorías son de gasto de capital y fuente FF-19 (BID), pero la naturaleza contable es distinta: un servicio no genera activo en el balance institucional de Fortalece Perú; un software sí genera activo intangible que debe ser registrado, valorizado y amortizado. La inconsistencia entre ejercicios implica que el activo intangible adquirido en 2021 (entregables 3, 4 y 5 — motor ontológico, módulos de gestión del conocimiento, personalización de portales) no fue registrado como activo en el balance de 2021 bajo el clasificador correcto, lo que afecta la información patrimonial de la entidad.


3. Hallazgo nuevo — El Estado reconoce explícitamente la IA en 2023

La justificación del CCP 107 (febrero 2023) dice textualmente: "1.1.4.1.1 Bolsa de Trabajo con IA: Adquisición de Licencias de Software para Intermediación Laboral con motor de ontología y semántica". Es la primera vez en todo el expediente que el MTPE usa el término "IA" (Inteligencia Artificial) en un documento presupuestal oficial vinculado a este contrato. Los CCP 167 (2021) y 274 (2022) lo describen solo como "implementación de la nueva bolsa de trabajo". Este reconocimiento tardío en 2023 confirma que el Estado peruano adquirió y operó una plataforma de IA durante 2021-2022 sin nombrarla como tal en sus instrumentos presupuestales, lo que refuerza la brecha de gobernanza de IA documentada en tu corpus.


4. CCP 274 — La ampliación de S/ 1,990,770.09 explicada

El CCP 274 muestra tres movimientos:
Inicial: S/ 6,765,609.96 (cubre entregables 6 y 7 de O/S 443 al T/C de junio 2022 — $1,603,225.11 × 4.22 ≈ S/ 6,765,609.96)
Rebajas: -S/ 830,489.91 (ajuste por tipo de cambio al momento del devengado efectivo — la diferencia entre el T/C de certificación junio 2022 y el T/C de pago real)
Ampliaciones: +S/ 1,990,770.09 (corresponde exactamente al monto de O/S 691 — entregables 9 y 10, tercera adenda, emitida en diciembre 2022)
Total CCP 274: S/ 7,925,890.14 — cifra exacta que cierra con el Informe 472.


5. Cuadro de hallazgos definitivo del expediente completo

N.°HallazgoCuantificaciónTipo
1O/S 458: monto USD ($3,620,185.73) transcrito como soles en SIAF sin conversiónSubregistro de S/ 9,759,296.99 en el compromiso presupuestalIrregularidad contable-SIAF
2Reclasificación del clasificador presupuestal: de servicios (2.6.7) en 2021 a activos intangibles (2.6.6) en 2022-2023Activo intangible 2021 no registrado correctamente en balanceIrregularidad patrimonial
3Reconocimiento tardío de IA en instrumentos presupuestales (2023, no 2020-2022)2 años de uso de plataforma IA sin denominación ni marco de gobernanzaBrecha de gobernanza de IA
4S/ 293,143.68 certificados y no devengados sin sustento visibleS/ 1,052.33 (2021) + S/ 292,091.35 (2022)Brecha de trazabilidad presupuestal
5Cuatro adendas en 30 meses sin penalidades efectivas aplicadasTodas las conformidades: penalidad = 0Gestión contractual deficiente
6Cinco directores DGSNE distintos otorgaron conformidades técnicasRotación en 2021, 2022, 2023Riesgo de continuidad técnica
7Fuente de financiamiento: BID (FF-19), no Ley 30225Supervisión OSCE no aplicable; BID síPrecisión para encuadre de denuncia

Referencia del expediente completo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo — Programa Fortalece Perú. (2021–2023). Contrato N.° B-018-0-3547 / WCC Group B.V. — Expediente SIAF 290 (2021), 341 (2022), 155 (2023). CCP N.° 167, 274, 107. O/S N.° 458, 443, 691, 100. Informe N.° 000472-2026-MTPE/3/24.2.1.2.1. Unidad Ejecutora 007 — Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "Fortalece Perú". Claves de verificación SIAF: BA0210Z y otras.




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