sábado, 29 de agosto de 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MINISTERIO DE TRABAJO: LO QUE REVELAN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL MTPE

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MINISTERIO DE TRABAJO: LO QUE REVELAN LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL MTPE

Investigación de fiscalización ciudadana — QNM, Que Nos Mantengan con lo Nuestro®

Solicitante: Yolanda Victoria Rojas Espinoza
Entidad: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
Expediente: N.° 2026-0144453
Periodo de información solicitada: 1 de enero de 2015 al 4 de agosto de 2026
Corte de esta investigación: agosto de 2026

1. ¿Qué está investigando QNM?

En agosto de 2026 se solicitó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo información sobre el uso institucional de inteligencia artificial, sus sistemas, proveedores, contratos, financiamiento, tratamiento de datos, infraestructura tecnológica, seguridad, continuidad operativa y posibles impactos ambientales.

La respuesta del MTPE no constituye todavía una entrega definitiva: debido al volumen de información, el Ministerio estableció un cronograma de entregas parciales. La primera entrega correspondió al registro de empresas proveedoras, mientras que los documentos sobre procesos de adquisición y contratos quedaron programados para fechas posteriores.

Esto significa que la investigación continúa abierta.

2. El MTPE reconoce al menos dos sistemas de IA institucionales

La documentación recibida permite identificar dos sistemas principales de inteligencia artificial.

MICA

MICA está vinculado con la plataforma “Mi Carrera” y tiene como finalidad proporcionar orientación vocacional mediante herramientas de inteligencia artificial.

Su público objetivo incluye jóvenes y estudiantes, incluso estudiantes de educación secundaria. Este punto resulta especialmente relevante desde la perspectiva de protección de datos y salvaguardas para usuarios menores de edad.

Bolsa de Empleo / motor ELISE

El segundo sistema es el motor ELISE, utilizado dentro de la Bolsa de Empleo para procesos de intermediación laboral.

Su función está relacionada con el matching entre buscadores de empleo y oportunidades laborales, es decir, el procesamiento automatizado de información para determinar coincidencias entre perfiles y vacantes.

En este caso aparece una inversión considerablemente mayor.

3. ELISE: una inversión de US$ 5,17 millones

El Contrato N.° B-018-0-3547, suscrito en noviembre de 2020, está relacionado con la adquisición de licencias de software para intermediación laboral mediante un motor de ontología y semántica.

El monto contractual identificado es de:

US$ 5 171 693,90

El proyecto está relacionado con WCC Group B.V., empresa extranjera, y fue financiado mediante un préstamo vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La importancia de este dato no está solamente en el monto económico. Estamos ante un sistema destinado a intervenir tecnológicamente en un proceso que puede afectar directamente las oportunidades laborales de las personas.

Por ello, las preguntas relevantes ya no son únicamente cuánto costó, sino:

  • ¿cómo funciona el algoritmo?
  • ¿qué variables utiliza?
  • ¿cómo determina una coincidencia?
  • ¿qué datos procesa?
  • ¿existen mecanismos para detectar sesgos?
  • ¿puede una persona cuestionar una recomendación algorítmica?
  • ¿quién supervisa sus resultados?
  • ¿qué información permanece almacenada?
  • ¿dónde se procesa?

4. El problema de la transparencia algorítmica

Uno de los aspectos que requiere mayor investigación es la metodología utilizada por ELISE para realizar el matching.

La documentación analizada hace referencia a mecanismos de puntuación o coincidencia utilizados para determinar la relación entre perfiles y ofertas laborales.

Esto plantea una cuestión fundamental:

un algoritmo que interviene en la intermediación laboral no es ambiental ni socialmente neutro.

Una fórmula de matching puede influir en qué oportunidades laborales recibe una persona, qué ofertas aparecen priorizadas y qué candidatos son considerados compatibles.

Por ello, la fiscalización debe ir más allá de comprobar que “existe IA”. Debe examinar cómo toma decisiones y qué efectos produce sobre las personas.

5. Contrataciones recientes: la IA no terminó con ELISE

El Excel entregado por el MTPE en la primera etapa de la solicitud revela que el Ministerio continuó contratando servicios expresamente denominados como inteligencia artificial.

Entre los registros identificados aparecen:

AñoOrden de CompraObjetoMonto
2025N.° 1644Servicio especializado en implementación de modelos de inteligencia artificialS/ 13 000
2026N.° 20Servicio especializado en implementación de modelos de inteligencia artificialS/ 26 000
2026N.° 413Elaboración de modelos analíticos con herramientas de inteligencia artificialS/ 33 000
2026N.° 865Suscripción de 2 licencias de software de inteligencia artificialS/ 4 589

Los registros del propio MTPE identifican estos servicios dentro de su información de proveedores y contratación.

La suma de estos cuatro registros es:

S/ 76 589.

Existe además otro registro que merece investigación:

S/ 23 990 por una herramienta de inteligencia de negocio.

No debemos calificarla automáticamente como IA hasta conocer qué software fue adquirido y qué funcionalidades posee.

6. Aparece también un chatbot laboral con inteligencia artificial

El registro de contratación del MTPE identifica asimismo un servicio relacionado con el lanzamiento del chatbot institucional “TALIA – Tu Asistente Laboral con Inteligencia Artificial”.

El registro corresponde a 2026 y consigna un monto de S/ 1 500, en estado comprometido.

Por tanto, la investigación ya no se limita a MICA y ELISE.

La documentación disponible muestra un ecosistema más amplio:

MICA + ELISE + TALIA + modelos analíticos de IA + licencias de software de IA.

7. ¿Cuánto está gastando realmente el MTPE en IA?

Aquí debemos ser rigurosos.

Con la información actualmente entregada no podemos afirmar que S/ 76 589 represente todo el gasto del MTPE en inteligencia artificial.

Ese monto corresponde únicamente a los registros expresamente identificados en el Excel como servicios o licencias de IA que hemos podido localizar.

Además existen:

  • infraestructura de centro de datos;
  • servicios de housing;
  • servidores;
  • respaldo en nube;
  • mantenimiento de plataformas;
  • climatización;
  • energía eléctrica;
  • seguridad informática;
  • mantenimiento de infraestructura tecnológica;
  • servicios de desarrollo y automatización.

No debemos atribuir automáticamente esos gastos a la IA. Pero sí forman parte de la infraestructura material que permite la operación digital del Estado y deben ser investigados.

Por ejemplo, el Excel registra servicios de housing, copias de respaldo cloud y mantenimiento de infraestructura tecnológica del MTPE.

8. El dato ambiental que falta: energía y agua

Aquí aparece uno de los puntos centrales de la investigación QNM.

El MTPE informó que parte de la infraestructura de la Bolsa de Empleo se encuentra desplegada on-premise, es decir, sobre infraestructura tecnológica institucional.

El Centro de Datos requiere infraestructura física, energía eléctrica, climatización y refrigeración.

Por tanto, la IA no existe únicamente como código.

Existe físicamente.

Necesita:

electricidad + servidores + almacenamiento + refrigeración + infraestructura + conectividad + mantenimiento.

Y algunos centros de datos también requieren agua directa o indirectamente para sus sistemas de refrigeración.

Sin embargo, la información desagregada sobre consumo energético e hídrico fue objeto de restricciones alegando razones vinculadas con la seguridad de las instalaciones.

Esto genera una pregunta de fiscalización fundamental:

¿Cómo puede evaluarse la sostenibilidad ambiental de la transformación digital del Estado si no se conoce siquiera el consumo de recursos de la infraestructura que la sostiene?

9. El Centro de Datos también tiene una huella material

El propio registro de proveedores muestra gastos asociados al Centro de Datos.

Por ejemplo, aparece mantenimiento de la plataforma virtual del Centro de Datos por S/ 39 500 en 2026, así como mantenimiento de equipos de aire acondicionado del Centro de Datos.

También aparecen servicios relacionados con infraestructura de contingencia, housing y respaldo de información.

Esto demuestra algo importante:

la transformación digital tiene infraestructura física.

Y esa infraestructura tiene consumo energético, necesidades de refrigeración, mantenimiento, renovación de equipos y eventualmente generación de residuos electrónicos.

10. ¿El MTPE evaluó el impacto ambiental antes de utilizar IA?

Esta es una de las preguntas que QNM ha planteado al Ministerio.

No basta con saber si una institución utiliza inteligencia artificial.

Debe preguntarse:

¿antes de implementarla evaluó sus impactos?

Por ejemplo:

  • consumo energético;
  • consumo hídrico;
  • huella de carbono;
  • infraestructura necesaria;
  • refrigeración;
  • residuos electrónicos;
  • dependencia de proveedores tecnológicos;
  • ubicación de centros de datos;
  • impacto asociado al procesamiento y almacenamiento de datos.

Y después debe preguntarse:

¿se está midiendo actualmente ese impacto?

Hasta el estado actual de la documentación analizada, no contamos todavía con una evaluación ambiental integral del uso institucional de IA que permita responder estas preguntas con cifras verificables.

Por eso este extremo permanece abierto.

11. Datos personales: otro frente crítico

ELISE trabaja con información relacionada con buscadores de empleo.

El sistema llegó a administrar una cantidad significativa de perfiles laborales.

Esto convierte la investigación tecnológica en una investigación también sobre protección de datos personales.

La pregunta no es solamente si el sistema es seguro.

Hay que determinar:

  • qué datos se almacenan;
  • quién puede acceder;
  • dónde se almacenan;
  • cuánto tiempo permanecen;
  • si existe transferencia internacional;
  • qué proveedor procesa la información;
  • qué obligaciones contractuales existen;
  • qué ocurre cuando termina el contrato;
  • cómo se eliminan los datos;
  • qué medidas existen frente a filtraciones.

Cuando una tecnología extranjera interviene sobre información laboral de ciudadanos peruanos, la trazabilidad contractual y la protección de datos adquieren especial importancia.

12. La contratación de 2020 frente al nuevo marco peruano de IA

ELISE fue contratado en 2020.

Posteriormente se promulgó la Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social, y posteriormente su reglamentación.

Por ello, una de las preguntas formuladas al MTPE es si un sistema adquirido antes de ese marco fue posteriormente sometido a una evaluación de adecuación normativa, riesgos y gobernanza.

La existencia de una tecnología anterior a una norma nueva no elimina automáticamente la necesidad de analizar su situación actual.

La pregunta jurídicamente relevante es:

¿qué hizo la entidad después de que entró en vigor el nuevo marco regulatorio?

13. También falta conocer los expedientes de contratación

El MTPE ha informado que la información será entregada progresivamente.

El primer entregable correspondió al Ítem 19 – Empresas Proveedoras.

Los siguientes entregables comunicados son:

  • Ítem 18 – Procesos de Adquisición: 25 de septiembre de 2026.
  • Ítem 15 – Contratos: 27 de noviembre de 2026.

Estos dos grupos documentales son fundamentales.

Porque el Excel nos dice qué se contrató.

Pero los expedientes nos permitirán conocer:

por qué se contrató + qué se compró + cómo se seleccionó + qué condiciones se establecieron + qué entregó el proveedor + cuánto se pagó + qué riesgos fueron evaluados.

14. La pregunta que permanece abierta

La investigación QNM no busca demonizar la inteligencia artificial.

La pregunta es otra:

¿Puede el Estado peruano incorporar inteligencia artificial sin conocer y gestionar adecuadamente sus efectos sobre las personas, los datos, el dinero público, la energía, el agua y el ambiente?

En el caso del MTPE ya existe evidencia documental de:

IA + contratación pública + inversión pública + datos personales + infraestructura tecnológica + Centro de Datos + consumo energético + necesidad de refrigeración + servicios cloud + proveedores privados.

Lo que todavía falta es cerrar documentalmente el circuito.

15. Conclusión

La información proporcionada por el MTPE permite sostener, a agosto de 2026, que la inteligencia artificial ya forma parte de la infraestructura operativa y contractual del Ministerio de Trabajo.

No estamos frente a una hipótesis sobre el futuro.

Existen sistemas como MICA y ELISE, contratación reciente de modelos de IA, licencias de software, herramientas analíticas y un chatbot institucional denominado TALIA.

Existe además una inversión histórica de aproximadamente US$ 5,17 millones en ELISE, vinculada a financiamiento del BID.

Pero la información disponible todavía presenta una asimetría:

conocemos cada vez mejor cuánto se contrata y qué tecnologías existen, pero todavía no conocemos con el mismo nivel de precisión cuál es su impacto ambiental, energético, hídrico y social.

Ese es precisamente el vacío que la fiscalización ciudadana debe investigar.

La transformación digital del Estado no puede analizarse únicamente desde la pantalla.

Detrás de cada sistema de IA existen servidores, electricidad, refrigeración, agua, minerales, infraestructura, datos y dinero público.

Y si el Estado utiliza esos recursos, la ciudadanía tiene derecho a conocer sus costos reales.


Fuentes documentales

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2026). Carta N.° 003574-2026-MTPE/4.3.99: Primera entrega de información de acuerdo con el cronograma señalado en la comunicación de prórroga de Solicitud de Acceso a la Información Pública, Expediente N.° 2026-0144453.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2026). Informe N.° 002057-2026-MTPE/4/11.2: Remisión de reporte parcial en atención a la solicitud de acceso a la información pública, Expediente N.° 144453-2026.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2026). Reporte consolidado de empresas proveedoras correspondiente al Expediente N.° 2026-0144453. Archivo Excel remitido por el MTPE.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2026). Informe N.° 000018-2026-MTPE/4/13.2-ADN. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2026). Informe N.° 000207-2026-MTPE/3/18. Dirección General del Servicio Nacional del Empleo.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2026). Informe N.° 000235-2026-MTPE/3/19.1. Dirección de Formación para el Empleo y Capacitación Laboral.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2020). Contrato N.° B-018-0-3547.

martes, 25 de agosto de 2026

Gobernanza de Inteligencia Artificial en el Tribunal Constitucional del Perú (2025-2026)

 

RESUMEN EJECUTIVO — Gobernanza de Inteligencia Artificial en el Tribunal Constitucional del Perú (2025-2026)

Corpus analizado: RA N.° 115-2025-P/TC; Oficio Múltiple N.° D000102-2026-PCM-SGTD; Cartas N.° 005, 006 y 007-2026-OTI/TC (respuestas a solicitudes de acceso a la información S-0238-2026, S-0256-2026 y S-0269-2026); Orden de Servicio N.° 0000117; Memorando N.° 045-2026-OGPMI/TC; Informe N.° 150-2026-OTI/TC (propuesta de Política de Uso de IA).

Línea de tiempo verificada:

  • 06/03/2026 — TC contrata, vía O/S N.° 0000117 con ELCADES E.I.R.L. (S/ 35,400.00, 10 meses), el uso de Google Gemini 3.0 Pro para el "procesamiento de expedientes judiciales".
  • 21/09/2025 — RA N.° 115-2025-P/TC aprueba el Protocolo de uso de IA (marco general, sin política operativa).
  • 15/07/2026 — PCM (Oficio Múltiple D000102-2026-PCM-SGTD) recomienda a todo el Estado, incluido el TC, alinear su política de IA a los principios de Hiroshima (G7) y la OCDE.
  • 03-21/08/2026 — TC elabora recién su primera Política de Uso de IA (Informe 150-2026-OTI/TC), validada exprés por OGPMI el mismo 12/08/2026, aún sin aprobación final del Pleno.
  • 25/08/2026 — TC responde tus tres solicitudes de acceso a la información.

Hallazgo central: existe una brecha de gobernanza de al menos cinco meses entre el inicio del uso operativo de IA generativa comercial en expedientes judiciales (marzo 2026) y la existencia de una política institucional que lo regule (agosto 2026, aún en trámite). El uso precedió a la norma.

Contradicciones documentales verificadas:

  1. La propuesta de Política (Lineamiento 4) prohíbe expresamente alimentar modelos comerciales/nube abierta con información de causas reservadas — pero el contrato vigente desde marzo 2026 tiene por objeto justamente el procesamiento de expedientes judiciales mediante un modelo comercial en la nube (Gemini, servidores en Iowa, EE.UU.).
  2. Las Cartas 005/006/007-OTI/TC minimizan el uso como "proyecto piloto", mientras el objeto contractual de la O/S N.° 0000117 lo describe como servicio operativo de procesamiento de expedientes.
  3. La Carta 007 evade responder si la IA se usó en expedientes constitucionales y bajo qué supervisión humana, remitiéndose a cartas previas que no contienen esa respuesta.
  4. La ubicación de los servidores de Gemini fue reportada por el TC citando una búsqueda en Google, no un documento contractual verificado con Alphabet.
  5. No existen, a la fecha, evaluaciones de impacto, de riesgo ni auditorías de transparencia algorítmica sobre el uso ya vigente.
  6. La validación de OGPMI a la Política (12/08/2026) se centró en el alineamiento con instrumentos de planeamiento (PEI/POI), no en un análisis sustantivo de riesgos o derechos fundamentales.

Relevancia institucional: el TC es el máximo intérprete de la Constitución; el uso no regulado de IA comercial extranjera en expedientes judiciales, sin evaluación de riesgo ni control de residencia de datos, compromete directamente los principios que su propio Protocolo (art. 3) y su propia propuesta de Política declaran defender: debido proceso, motivación resolutoria, independencia judicial y reserva procesal.

lunes, 24 de agosto de 2026

Resolución Jefatural N° 000160-2025-JN/ONPE

 

Resumen Ejecutivo — Resolución Jefatural N° 000160-2025-JN/ONPE

Documento: Aprobación de la "Política sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en la ONPE" (Lima, 10/10/2025), firmada por Piero Alessandro Corvetto Salinas, Jefe de la ONPE.

Base normativa invocada: Ley N.° 31814 (promoción del uso de IA), Ley N.° 27658 (Modernización de la Gestión del Estado), art. 5.g de la Ley N.° 26487 (Ley Orgánica de la ONPE), y arts. 11.r y 11.y del ROF vigente (ONPE, 2025).

Contenido resolutivo:

  1. Aprueba la Política de IA como documento obligatorio para todas las gerencias, oficinas y órganos desconcentrados.
  2. Encarga a la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE) —con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y asesoría de la Gerencia de Asesoría Jurídica— la elaboración de lineamientos, protocolos y manuales operativos de aplicación.
  3. Ordena informar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM y al Comité de Gobierno y Transformación Digital (CGTD).
  4. Dispone publicación en la Plataforma Digital Única del Estado y el Portal de Transparencia en 3 días hábiles.

Compromisos sustantivos de la Política (Código OD01-GPP/GDI, v.00): cumplimiento constitucional y de la Ley 31814; mitigación de sesgos con auditoría y revisión humana obligatoria de decisiones automatizadas con riesgo para derechos ciudadanos; trazabilidad y calidad de datos; confidencialidad/integridad/disponibilidad alineada al SGSI; gobernanza del ciclo de vida de las soluciones de IA; accesibilidad e inclusión (poblaciones vulnerables); capacitación del personal; alianzas interinstitucionales; y alineamiento con estándares nacionales e internacionales de interoperabilidad y sostenibilidad.

Relevancia para el corpus QNM: este documento es la norma habilitante que la ONPE cita en la Carta N° 001606-2026-TRA/ONPE (expediente 292815-2026) para justificar la existencia de un marco de gobernanza de IA. Sin embargo, la propia ONPE reconoció en esa carta que no se han realizado evaluaciones de impacto ético, sesgo algorítmico ni auditoría de transparencia algorítmica sobre el asistente de IA del SCE, pese a que la Política —vigente desde octubre 2025— exige explícitamente "auditoría, control y revisión humana" y "mitigación de sesgos". Existe además una brecha entre el compromiso de "sostenibilidad" del noveno principio de la Política y la ausencia confirmada de evaluación de consumo energético/hídrico de la infraestructura tecnológica electoral.


Lista de contaminantes: No aplica — documento normativo de gobernanza de IA, sin datos de monitoreo ambiental.

Brechas de gestión:

  • La Política exige mitigación de sesgos y auditoría de sistemas de IA (principio 2), pero al 12/08/2026 —10 meses después de su aprobación— no existe evidencia de que se haya aplicado al asistente de IA del SCE.
  • El art. 2 de la Resolución encargó a GITE elaborar lineamientos, protocolos y manuales operativos "necesarios para la aplicación" de la Política; no hay constancia documental de que dicho desarrollo normativo de segundo nivel se haya completado.
  • El compromiso de "sostenibilidad" (último principio de la Política) carece de correlato operativo: no existe métrica, indicador ni línea base de sostenibilidad ambiental asociada a las soluciones de IA de la entidad.
  • Riesgo de aplicación meramente declarativa: la Política habilita "medidas correctivas y sanciones conforme al marco legal vigente", pero no se ha reportado ningún mecanismo de fiscalización interna activado a la fecha.

QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N.° 00174793
Yolanda Victoria Rojas Espinoza | ORCID 0009-0002-9012-1393

Carta N° 001606-2026-TRA/ONPE (Expediente 292815-2026)

 

Resumen Ejecutivo — Carta N° 001606-2026-TRA/ONPE (Expediente 292815-2026)

Documento: Respuesta de la ONPE a solicitud de acceso a la información pública presentada por Yolanda Victoria Rojas Espinoza (ingreso: 12/08/2026; notificación: 24/08/2026, dentro del plazo de 10 días hábiles del art. 11.b del TUO de la Ley N° 27806).

Hallazgos principales:

  1. Sistema de Voto Digital: desarrollado en Python y Java, sobre Next.js/Node.js, con infraestructura en AWS (contratada vía Concurso Público Abreviado N.° 03-2025-EG-ONPE-1) (ONPE, 2026). Versión de las EG 2026 ya cerrada; sin uso previsto en proceso vinculante.
  2. IA en procesos electorales: el Voto Digital no incorpora IA. El Sistema de Cómputo Electoral (SCE) sí emplea un asistente de IA para la primera digitación de actas, con doble digitación humana y tercera digitación de control ante discrepancias (ONPE, 2026).
  3. Ethical hacking: se ejecutó el servicio EG 2026; el informe con vulnerabilidades detalladas fue clasificado como confidencial (art. 17, TUO Ley 27806). Se reveló únicamente que se detectaron 7 hallazgos de nivel medio, remediados o descartados.
  4. Denegatoria parcial: se rechaza la entrega de la arquitectura técnica completa y de los resultados del ethical hacking, invocando el principio de proporcionalidad (art. 200 Const.) y la Opinión Consultiva N.° 31-2018-JUS/DGTAIPD, bajo el argumento de riesgo cierto a la seguridad del proceso electoral.
  5. Gobernanza de IA: existe la Política sobre el Uso de la IA en la ONPE (RJ N.° 000160-2025-JN/ONPE, 10/10/2025), en el marco de la Ley N.° 31814 y su reglamento (D.S. N.° 115-2025-PCM). No se han realizado evaluaciones de impacto ético, sesgo algorítmico o transparencia algorítmica sobre el asistente de IA del SCE.
  6. Impacto ambiental: ONPE reconoce expresamente no haber evaluado el consumo energético ni hídrico de la infraestructura (nube ni on-premise), y no contar con políticas ambientales o de sostenibilidad propias para su infraestructura electoral, delegando esa gestión al proveedor cloud (AWS).

jueves, 20 de agosto de 2026

INFORME CONSOLIDADO — RESPUESTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO SOBRE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 INFORME CONSOLIDADO — RESPUESTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO SOBRE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Solicitante: Yolanda Victoria Rojas Espinoza | Expediente: N.° 2026-0144453 (04 ago. 2026) | Entidad: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)


1. LÍNEA DE TIEMPO DE LA CADENA DOCUMENTARIA

FechaDocumentoEmisor → Receptor
27 nov. 2020Contrato B-018-0-3547 (adquisición licencias WCC/ELISE)Unidad Ejecutora 007 "Fortalece Perú" ↔ WCC Group B.V.
04 ago. 2026Solicitud de acceso a la información (Expediente 2026-0144453)Y. Rojas Espinoza → MTPE
04 ago. 2026Memorándum N.° 000465-2026-MTPE/4.3.99Coordinación AIP → OGETIC/OTIC
17 ago. 2026Carta N.° 003183-2026-MTPE/4.3.99 (requerimiento de subsanación, Bloque IV, num. 15-20)C. Rodríguez Pérez → Y. Rojas Espinoza
17 ago. 2026Hoja de Elevación N.° 0435-2026-MTPE/4/11.2Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
[entre 17-19 ago.]Escritos de subsanación (Expedientes 2026-0147079 y 2026-0147080)Y. Rojas Espinoza → MTPE
14 ago. 2026Informe N.° 000018-2026-MTPE/4/13.2-ADN (OTIC — informe técnico central)A. Díaz Núñez → A. Rodríguez Chávez (Jefe OTIC)
Posterior a subsanaciónCarta N.° 003244-2026-MTPE/4.3.99 (uso de prórroga, información voluminosa)C. Rodríguez Pérez → Y. Rojas Espinoza
Sin fecha exactaInforme N.° 000207-2026-MTPE/3/18 (DGSNE, sobre WCC/ELISE)W. Zúñiga Villegas → N. Trece Gallardo
Sin fecha exactaMemorándum N.° 000658-2026-MTPE/3/18 (elevación del Informe 207)N. Trece Gallardo → C. Rodríguez Pérez
Sin fecha exactaInforme N.° 000235-2026-MTPE/3/19.1 (DFECL, sobre chatbot MICA)J. Bolaños de la Cruz → S. Sander Mejía
18 ago. 2026Carta N.° 003417-2026-MTPE/4.3.99 (respuesta consolidada sobre bloque IA)C. Rodríguez Pérez → Y. Rojas Espinoza

2. CUADRO COMPARATIVO — LOS DOS SISTEMAS DE IA IDENTIFICADOS

ElementoChatbot MICABolsa de Empleo / Motor ELISE
FunciónOrientación vocacional automatizada 24/7 (plataforma "Mi Carrera")Intermediación laboral: matching automatizado buscador-vacante
Población objetivoJóvenes 16-24 años y estudiantes de 4.° y 5.° de secundaria (menores de edad)Buscadores de empleo, empleadores, consultores de empleo (adultos)
Proveedor/origenDesarrollo interno (no se identifica proveedor privado)WCC Group B.V. (Utrecht, Países Bajos)
Base normativa/contractualPlataforma creada por R.M. N.° 452-2023-TRContrato B-018-0-3547, firmado 27 nov. 2020
Monto de inversiónNo especificadoUS$ 5,171,693.90
FinanciamientoNo especificadoPréstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
InfraestructuraRequiere interfaz web, conectividad, "servicios de procesamiento de IA" (no se precisa si es nube externa o propia)On-premise, Centro de Datos institucional del MTPE, soporta el SISENEP
Técnica de IAProcesamiento de lenguaje para respuestas personalizadasMotor ontológico + búsqueda semántica + machine learning; fórmula MatchScore = (2×MatchOwnScore + MatchOtherScore)/3
Capacidad contractualNo especificadaLicencia perpetua, hasta 120,000 objetos de datos activos
Anterioridad a marco normativoConfirmado: "puesto en producción antes de la Ley 31814 y su reglamento"Confirmado: contrato de 2020, 5 años antes de la Ley 31814 (2023) y su Reglamento (2025)
Auditoría algorítmicaNo existeExpresamente inexistente ("no se cuenta con una auditoría algorítmica integral")
Evaluación de sesgosNo existeExpresamente inexistente
Consumo de agua/energíaNo existe informaciónExiste pero se deniega su divulgación por motivo de "seguridad", sin cita de artículo legal específico
Protocolos de transparencia hacia el usuarioNo existeExiste trazabilidad funcional del matching, pero "sin constituir una auditoría algorítmica integral"
Salvaguardas para menores de edadNo documentadasNo aplica (población adulta)

3. MATRIZ CONSOLIDADA DE BRECHAS DE GESTIÓN — MTPE

N.°BrechaSistema afectadoEvidencia documental
1Implementación tecnológica sistemáticamente anterior al marco normativo: ambos sistemas de IA del MTPE (MICA y ELISE) operan desde antes de la Ley N.° 31814 y su Reglamento, sin evidencia de evaluación de adecuación retroactivaMICA + ELISEInforme OTIC 18; Contrato B-018-0-3547 (2020)
2Inversión pública multimillonaria sin auditoría algorítmica: US$ 5,171,693.90 invertidos en un sistema de matching laboral que carece de auditoría de sesgos, evaluación de riesgos o revisión de equidad algorítmicaELISEInforme OTIC 18, "Auditorías"
3Opacidad de infraestructura ambiental pese a existir datos reales: a diferencia de la JNJ (sin competencia) o el TC (sin servidores propios), el MTPE reconoce tener infraestructura on-premise con climatización/refrigeración, pero deniega los datos de consumo de agua/energía invocando "seguridad" sin fundamento legal específico citadoELISEInforme OTIC 18, "Consumo de agua y energía"
4Menores de edad expuestos a un sistema de IA sin salvaguardas documentadas: MICA es usado por estudiantes de 4.° y 5.° de secundaria vía conexión con el SOVIO, sin que conste verificación de edad, consentimiento parental, límites de recolección de datos o supervisión diferenciadaMICAInforme DFECL 235; Informe OTIC 18
5Fragmentación competencial en gobernanza de MICA: la gestión de la plataforma "Mi Carrera"/MICA está distribuida entre 3 dependencias (DISEL, DGNFECCL/DFECL, OTIC/OGETIC), sin una unidad que asuma integralmente la evaluación de impacto en derechos de los usuariosMICAInforme DFECL 235, RM 452-2023-TR
6Opacidad de la fórmula de ponderación del matching: la fórmula MatchScore, que pondera al doble el "MatchOwn" sobre "MatchOther", no ha sido evaluada por su potencial de introducir sesgos sistemáticos en la priorización de candidatos frente a empleadoresELISEInforme OTIC 18, "Transparencia algorítmica"
7Ausencia de informes de supervisión del organismo multilateral financista: pese a que el proyecto fue financiado con préstamo del BID —que exige estándares de integridad y supervisión propios (Anexo 1 "Prácticas Prohibidas")—, no consta en el expediente ningún informe de seguimiento o evaluación de resultados del BancoELISEContrato B-018-0-3547, cláusula e)
8Documentación técnica incompleta en el expediente: el Apéndice A (Especificaciones técnicas) y el Apéndice F (Propuesta del proveedor) del contrato no fueron incorporados a la versión pública compartida, impidiendo verificar si el sistema ha sufrido modificaciones sustanciales en los ~6 años transcurridos desde su adquisiciónELISEContrato B-018-0-3547, listado de apéndices
9Proveedor extranjero con acceso a datos laborales sensibles de ciudadanos peruanos: WCC Group B.V. (Países Bajos) administra un sistema con hasta 120,000 perfiles activos de buscadores de empleo, sin que conste evaluación de transferencia internacional de datos personales conforme a la Ley N.° 29733ELISEInforme OTIC 18; Contrato B-018-0-3547
10Contratación de "Procesos de adquisición" con respuesta incompleta: la DGSNE no precisó con claridad si existió o no un proceso de selección/licitación formal previo a la adjudicación del contrato de US$ 5.17M, a diferencia del extremo de "Convenios" donde sí se explicitó la inexistenciaELISEInforme 207-2026-MTPE/3/18

4. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A diferencia de la Junta Nacional de Justicia (sin sistemas propios de IA) y el Tribunal Constitucional (aún en fase piloto), el MTPE es la entidad de tu investigación con mayor despliegue operativo y mayor inversión documentada en inteligencia artificial: dos sistemas activos (MICA y el motor ELISE de la Bolsa de Empleo), con una inversión confirmada de US$ 5,171,693.90 en el segundo, financiada con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo desde 2020. Sin embargo, este mayor desarrollo tecnológico no vino acompañado de gobernanza equivalente: ambos sistemas fueron implementados antes de la existencia de cualquier marco normativo peruano sobre IA, ninguno cuenta con auditoría algorítmica ni evaluación de sesgos, y el sistema que interactúa con menores de edad (MICA) carece de cualquier salvaguarda documentada específica para esa población. El MTPE es también la única de las tres entidades que reconoce poseer datos reales de infraestructura y consumo energético/hídrico, pero es la que de forma más explícita se niega a divulgarlos, sin fundamento legal citado con precisión — lo que la convierte en el caso con mayor potencial de impugnación formal dentro de tu expediente consolidado.

RESPUESTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA JNJ SOBRE GOBERNANZA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

 INFORME CONSOLIDADO — RESPUESTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA JNJ SOBRE GOBERNANZA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Solicitante: Yolanda Victoria Rojas Espinoza | Registro: N.° R20814 (04 ago. 2026) | Entidad: Junta Nacional de Justicia (JNJ)


1. LÍNEA DE TIEMPO DE LA CADENA DOCUMENTARIA

FechaDocumentoEmisor → Receptor
04 ago. 2026Solicitud de acceso a la información (Registro R20814)Y. Rojas Espinoza → JNJ
05 ago. 2026Memorando Múltiple N.° 000088-2026-AIP/JNJResponsable AIP → 5 unidades orgánicas
05 ago. 2026Proveído N.° 001444-2026-OTIGD/JNJTrámite interno OTIGD
05 ago. 2026Memorando N.° 000364-2026-OPM/JNJSifuentes del Mar (OPM) → D. Miranda Jara
07/10 ago. 2026Memorando N.° 002164-2026-DPD/JNJ (fecha inconsistente entre carátula y cuerpo)Martínez Hidalgo (DPD) → M. Castillo Cullcush
12 ago. 2026Memorando N.° 000496-2026-DER/JNJGutiérrez Vega (DER) → M. Castillo Cullcush
17 ago. 2026Informe N.° 000185-2026-OTIGD/JNJPando Sánchez (OTIGD) → M. Castillo Cullcush
18 ago. 2026Memorando Múltiple N.° 000104-2026-AIP/JNJ (2.ª ronda, complemento)Responsable AIP → OAJ y DSN
18 ago. 2026, 15:26Memorando N.° 000118-2026-OAJ/JNJFranco Chu (OAJ) → M. Castillo Cullcush
18 ago. 2026, 16:02Memorando N.° 000700-2026-DSN/JNJGaona Castillo (DSN) → M. Castillo Cullcush
18 ago. 2026, 16:51Carta N.° 000461-2026-AIP/JNJ (respuesta consolidada final)M. Castillo Cullcush → Y. Rojas Espinoza

Nota: se observa un cambio de responsable de Acceso a la Información Pública entre el 05 ago. (Daniel Fausto Miranda Jara, encargado) y el 18 ago. (Mario Antonio Castillo Cullcush, titular de la función al cierre del trámite).


2. CUADRO COMPARATIVO DE RESPUESTAS POR UNIDAD ORGÁNICA Y ACÁPITE

Bloque / AcápiteUnidad competenteRespuesta sustantiva
A.1 — Lineamientos normativos sobre IA judicialOPM / OTIGDNo existe lineamiento, directiva ni proyecto en curso
A.2 — Indicadores de IA en evaluación/ratificaciónDERNo incorporado ni previsto
A.3 — Quejas/denuncias por uso de IADPD1 denuncia identificada: Expediente 3891-2026-JNJ, en trámite, reservado
B.4-7 — Conducta funcional y uso de IA (falta funcional, transparencia algorítmica, conflicto de interés IUDEX IA/Timix SAC, relevancia disciplinaria)DPD / DER / OTIGDTodas declinan pronunciarse: DPD y DER por improcedencia (arts. 10 y 13, Ley 27806); OTIGD por exceder su competencia técnica y remitir a evaluación caso por caso
C.8 — Coordinación con Poder Judicial/AMAG/SGTD-PCM sobre D.S. 115-2025-PCM (plazo 10 set. 2026)OTIGDSin consulta formal recibida a la fecha
C.9 — Garantías constitucionales art. 139 incs. 2, 3, 5 (independencia judicial, motivación escrita, tutela jurisdiccional, juez natural)OTIGD / OAJ / DERNinguna unidad ha emitido pronunciamiento; OAJ confirma no haber recibido nunca consulta previa sobre la materia
C.10 — Declaración obligatoria de uso de IA en informes de gestiónDER / OTIGDNo evaluado ni previsto
D.11 — Capacitación obligatoria AMAG sobre IAOTIGD (deriva, sin resolver)Sin respuesta sustantiva de ninguna unidad en el expediente recibido
D.12 — Competencia digital como mérito en concursosDSNNo contemplada en Res. N.° 145 y 146-2025-JNJ; sin previsión de incorporarla
E.13 — Impacto ambiental de infraestructura digital judicial (agua/energía)OTIGDCorresponde al Poder Judicial; JNJ no tiene competencia ni sistemas propios de consumo significativo

3. MATRIZ DE BRECHAS DE GESTIÓN

N.°BrechaEvidencia documental
1Normativa: ausencia total de lineamientos institucionales sobre uso de IA judicial, pese a existir ya un caso disciplinario en trámiteMemo OPM 364; Informe OTIGD 185
2Reacción tardía: el primer expediente disciplinario por IA (3891-2026-JNJ) se tramita sin marco normativo preventivo que lo hubiera anticipadoMemo DPD 2164
3Fragmentación competencial: 8 de 13 acápites requirieron derivación entre 6 unidades distintas, revelando ausencia de un centro único de doctrina institucional sobre IAInforme OTIGD 185, Sección III-IV
4Vacío de titularidad sobre garantías constitucionales: ninguna unidad (DER, OTIGD, OAJ) asume la evaluación de las 4 preguntas concretas sobre sesgo de anclaje cognitivo, motivación por plantillas, calificación automática por IUDEX IA y predeterminación algorítmica de resolucionesMemo DER 496; Memo OAJ 118; Informe OTIGD 185
5Gobernanza de terceros privados sin control: riesgo de conflicto de interés de Timix SAC (IUDEX IA) con acceso a datos jurisdiccionales sensibles no es evaluado por nadie; JNJ lo deriva al Poder Judicial y a su Órgano de Control Institucional sin seguimiento verificableInforme OTIGD 185, acápite 6
6Meritocracia digital ausente: ni la evaluación/ratificación periódica (DER) ni los concursos de selección (DSN) contemplan competencia digital o conocimiento de IA como criterioMemo DER 496; Memo DSN 700
7Transparencia activa limitada: no se exige a jueces/fiscales declarar el uso de IA en informes de gestión ni en procesos de ratificaciónMemo DER 496; Informe OTIGD 185, acápite 10
8Plazo regulatorio en riesgo: el D.S. N.° 115-2025-PCM vence el 10 de septiembre de 2026 (menos de 4 semanas desde la fecha de la Carta 461) sin evidencia de coordinación entre Poder Judicial, SGTD-PCM, AMAG y JNJInforme OTIGD 185, acápite 8
9Formación de operadores jurídicos sin respuesta: el acápite 11 (capacitación AMAG) quedó sin pronunciamiento sustantivo de ninguna unidad en el expediente recibido — posible omisión de respuesta no subsanadaInforme OTIGD 185, recomendación 4.1; ausencia de memorando de AMAG en el expediente
10Uso restrictivo de la Ley de Transparencia como escudo interpretativo: DPD, DER y OAJ invocan de manera uniforme los arts. 10 y 13 de la Ley N.° 27806 para negarse a fijar criterio institucional, incluso existiendo un caso concreto en trámite que lo ameritaMemo DPD 2164; Memo DER 496; Memo OAJ 118
11Inconsistencia de nomenclatura orgánica interna: la OTIGD deriva a una "Dirección de Evaluación e Investigación (DEI)" inexistente en la respuesta final, donde la unidad que realmente actuó fue la DPDInforme OTIGD 185 vs. Carta 461
12Gobernanza ambiental fragmentada: la huella hídrica/energética de los centros de datos que soportan Curia, Amauta.Pro, IUDEX IA y Tucuy Ricuy recae exclusivamente en el Poder Judicial, sin mecanismo de reporte cruzado hacia la JNJ u otro ente de control externoInforme OTIGD 185, acápite 13

4. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El expediente documenta que, a agosto de 2026, la JNJ no cuenta con marco normativo, criterio institucional consolidado ni mecanismo de rendición de cuentas sobre el uso de inteligencia artificial en la función jurisdiccional peruana, pese a la existencia de sistemas ya operativos en el Poder Judicial (Curia, Amauta.Pro, IUDEX IA, Tucuy Ricuy) y de al menos un procedimiento disciplinario en trámite vinculado a esta materia (Expediente 3891-2026-JNJ). La respuesta institucional se sostiene mayoritariamente en argumentos de incompetencia funcional (la administración de los sistemas de IA corresponde al Poder Judicial, no a la JNJ) y de improcedencia normativa (la Ley N.° 27806 no obliga a generar opinión institucional nueva), lo que deja sin resolver las preguntas constitucionales de fondo planteadas —particularmente las relativas a independencia judicial, motivación escrita, tutela jurisdiccional efectiva y juez natural— hasta que un caso concreto las active dentro de un proceso evaluativo o disciplinario.


REFERENCIAS

Franco Chu, R. (2026, 18 de agosto). Memorando N.° 000118-2026-OAJ/JNJ. Oficina de Asesoría Jurídica, Junta Nacional de Justicia.

Gaona Castillo, S. P. (2026, 18 de agosto). Memorando N.° 000700-2026-DSN/JNJ. Dirección de Selección y Nombramiento, Junta Nacional de Justicia.

Gutiérrez Vega, N. L. (2026, 12 de agosto). Memorando N.° 000496-2026-DER/JNJ. Dirección de Evaluación Integral y Ratificación, Junta Nacional de Justicia.

Junta Nacional de Justicia. (2026, 18 de agosto). Carta N.° 000461-2026-AIP/JNJ. https://sgd.jnj.gob.pe/verifica/inicio.do (clave: NBAGFPY)

Martínez Hidalgo, M. G. (2026, agosto). Memorando N.° 002164-2026-DPD/JNJ. Dirección de Procedimientos Disciplinarios, Junta Nacional de Justicia.

Pando Sánchez, M. A. (2026, 17 de agosto). Informe N.° 000185-2026-OTIGD/JNJ. Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital, Junta Nacional de Justicia.

Presidencia del Consejo de Ministros. (2025). Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM.

Rojas Espinoza, Y. V. (2026). Nuevo Contrato Social Tecnológico (INDECOPI Código 2602254685828).

Sifuentes del Mar, R. N. (2026, 5 de agosto). Memorando N.° 000364-2026-OPM/JNJ. Oficina de Planeamiento y Modernización, Junta Nacional de Justicia.

UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.

Nota metodológica: la sección "Lista de contaminantes" del formato fijo no aplica a este informe por tratarse de fiscalización institucional/jurídica sobre gobernanza de IA judicial.


QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N.° 00174793
Yolanda Victoria Rojas Espinoza | ORCID 0009-0002-9012-1393

Indagaba sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en la función jurisdiccional y fiscal

 RESUMEN EJECUTIVO

Documento analizado: Carta N.° 000461-2026-AIP/JNJ, Junta Nacional de Justicia (JNJ), San Isidro, 18 de agosto de 2026. Respuesta a solicitud de acceso a la información pública presentada por Yolanda Victoria Rojas Espinoza (04 de agosto de 2026), en el marco de la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Junta Nacional de Justicia [JNJ], 2026).

La solicitud indagaba sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en la función jurisdiccional y fiscal, y sobre la respuesta institucional de la JNJ en materia normativa, disciplinaria, de evaluación/ratificación, de selección/nombramiento y de impacto ambiental de la infraestructura digital judicial. Cinco unidades orgánicas de la JNJ respondieron: Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM), Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD), Dirección de Evaluación Integral y Ratificación (DER), Oficina de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital (OTIGD), Dirección de Selección y Nombramiento (DSN) y Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) (JNJ, 2026).

Hallazgos principales

  1. Ausencia normativa institucional. La OPM confirma que la JNJ no ha emitido lineamiento, directiva ni instrumento normativo que regule el uso de IA en la función jurisdiccional, ni existe iniciativa en curso (JNJ, 2026).
  2. Un procedimiento disciplinario en trámite. La DPD identificó una (1) denuncia registrada como Expediente N.° 3891-2026-JNJ, por presunto uso indebido de IA en la elaboración de resoluciones judiciales, calificación de demandas u otras actuaciones jurisdiccionales, actualmente en trámite y bajo reserva conforme al art. 4 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios (Res. N.° 008-2020-JNJ) y al art. 17.3 del T.U.O. de la Ley N.° 27806 (D.S. N.° 021-2019-JUS) (JNJ, 2026).
  3. Evaluación y ratificación de magistrados sin indicadores de IA. La DER señala que no se contempla, ni está previsto, incorporar indicadores sobre uso de IA en la evaluación de jueces y fiscales, ni exigir que declaren dicho uso en sus informes de gestión (JNJ, 2026).
  4. Selección y nombramiento sin criterios de competencia digital. La DSN confirma que los Reglamentos de Concursos vigentes (Res. N.° 145 y 146-2025-JNJ, 10 de abril de 2025) no contemplan la competencia digital ni el conocimiento sobre herramientas de IA como mérito en la Evaluación Curricular, sin previsión de incorporarlos (JNJ, 2026).
  5. Fragmentación de competencias sobre sistemas de IA del Poder Judicial. La OTIGD precisa que el cumplimiento del D.S. N.° 115-2025-PCM respecto de los sistemas Curia, Amauta.Pro, IUDEX IA y Tucuy Ricuy corresponde al Poder Judicial como entidad titular; la OTIGD no ha sido consultada formalmente ni por el Poder Judicial ni por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM (SGTD-PCM) sobre evaluación de impacto en derechos humanos de dichos sistemas, ni ha coordinado con la Academia de la Magistratura (AMAG) (JNJ, 2026).
  6. Sin pronunciamiento sobre garantías constitucionales del debido proceso frente a IA. La OTIGD indica que la interpretación de garantías constitucionales (independencia judicial, motivación escrita, tutela jurisdiccional efectiva, juez natural) frente al uso de IA corresponde a los órganos jurisdiccionales y, en última instancia, al Tribunal Constitucional; la JNJ no ha emitido pronunciamiento de alcance general al respecto (JNJ, 2026).
  7. Vacío de opinión jurídica formal. La OAJ confirma no haber recibido requerimiento, consulta ciudadana o solicitud de informe técnico-legal previo sobre las implicancias constitucionales del uso de IA en la función jurisdiccional, y no haber emitido opinión legal ni informe sobre la materia (JNJ, 2026).
  8. Impacto ambiental no evaluado por la JNJ. La OTIGD señala que la evaluación de la huella energética e hídrica de los centros de datos que soportan los sistemas de IA del Poder Judicial corresponde a dicha entidad, no a la JNJ, la cual carece de acceso y competencia sobre esa infraestructura; respecto de su propia infraestructura, la JNJ no opera sistemas de IA con consumo energético/hídrico adicional significativo, aunque recomienda incorporar criterios de sostenibilidad ambiental (alineados con la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA, 2021) en futuros estudios de factibilidad (JNJ, 2026).

Brechas de gestión detectadas

  • Brecha normativa: inexistencia de lineamientos o directivas de la JNJ sobre uso de IA en la función jurisdiccional/fiscal, pese a que ya existe al menos un procedimiento disciplinario abierto por esta causa (Expediente 3891-2026-JNJ).
  • Brecha de coordinación interinstitucional: ausencia de consulta formal del Poder Judicial y de la SGTD-PCM hacia la OTIGD/JNJ respecto de la evaluación de impacto en derechos humanos de los sistemas de IA jurisdiccionales (Curia, Amauta.Pro, IUDEX IA, Tucuy Ricuy), pese a estar catalogados implícitamente como de posible "riesgo alto" bajo el D.S. N.° 115-2025-PCM.
  • Brecha de meritocracia digital: no incorporación de la competencia digital ni el conocimiento de IA como criterio de mérito en los concursos de selección y nombramiento (Res. N.° 145 y 146-2025-JNJ), ni en la evaluación/ratificación periódica de magistrados en ejercicio.
  • Brecha de transparencia activa: no se exige a jueces y fiscales declarar el uso de herramientas de IA en sus informes de gestión, lo que limita la trazabilidad institucional del fenómeno.
  • Brecha de gobernanza ambiental digital: la fiscalización de la huella hídrica y energética de los centros de datos que soportan la IA judicial recae exclusivamente en el Poder Judicial, sin mecanismo de reporte cruzado hacia la JNJ u otro ente de control externo identificado en la respuesta.
  • Brecha doctrinal-constitucional: ausencia de pronunciamiento institucional (JNJ u OAJ) sobre la compatibilidad del uso de IA en resoluciones judiciales con las garantías del debido proceso, dejando la definición de estándares a una eventual resolución caso por caso.

Referencias

Junta Nacional de Justicia. (2026, 18 de agosto). Carta N.° 000461-2026-AIP/JNJ: Respuesta a solicitud de acceso a la información pública – Rojas Espinoza Yolanda Victoria. https://sgd.jnj.gob.pe/verifica/inicio.do (clave de verificación: NBAGFPY)

Presidencia del Consejo de Ministros. (2025). Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM [Reglamento/marco de gobierno digital e IA].

UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.

Nota metodológica: la sección "Lista de contaminantes" del formato fijo no aplica a este documento por tratarse de fiscalización institucional/jurídica sobre gobernanza de IA judicial, no de un caso ambiental con parámetros de contaminación medibles.


QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N.° 00174793
Yolanda Victoria Rojas Espinoza | ORCID 0009-0002-9012-1393

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