NUEVO
CONTRATO SOCIAL TECNOLÓGICO
Autor:
Yolanda Victoria Rojas Espinoza
Manifiesto
por la Soberanía, la Vida y la Fiscalización Ciudadana
- Etiquetado
ambiental en tiempo real y cuotas de uso reguladas por el Estado
Cada
vez que un usuario abra o ingrese a una plataforma de inteligencia artificial,
deberá aparecer un mensaje de advertencia obligatorio —semejante a los
octógonos de los alimentos o las advertencias sanitarias— que señale: «Advertencia:
El uso de esta tecnología causa contaminación ambiental y consumo masivo de
agua; recuerda que son millones a nivel mundial que la están usando. Decide con
conciencia». Al ingresar se mostrará el consumo aproximado mundial y, al
terminar, la pantalla indicará exactamente cuánta agua y energía consumió esa
interacción específica. Asimismo, dado que el Estado es el máximo administrador
de los recursos naturales, se establecerá un límite de uso o cuota máxima por
usuario. Si el uso se orienta al beneficio directo de la sociedad
(investigación, educación, salud o defensa de los derechos), el sistema
contemplará un bono adicional de consumo, notificando al usuario su crédito consumido
al finalizar.
- Diferenciación
tarifaria del agua
El
agua para la vida humana y el agua para el lucro industrial no pueden costar ni
valer lo mismo. Quien usa el agua para el enriquecimiento empresarial debe
pagar al menos el triple de la tarifa destinada al consumo humano. Esto
incluye de forma directa a la minería, las empresas cerveceras, las
embotelladoras de gaseosas, los centros de datos y la industria textil. El agua
que toma una familia no puede tener el mismo trato ni precio que el agua que
enfría la máquina que hace millonarios a unos pocos.
- Protección
absoluta del agua subterránea
Prohibición
total y terminante de que los centros de datos, al igual que cualquier otra
industria de lucro, perforen pozos o extraigan agua de acuíferos, ríos, lagos,
ojos de agua o manantiales. Los acuíferos son la caja de ahorros de la
humanidad y el sustento de las futuras generaciones; simplemente, no se tocan.
- Registro
de identidad digital protegida y trazabilidad obligatoria
Que
tu rostro, tu voz y tu identidad no puedan ser usurpados ni usados por la
inteligencia artificial sin tu consentimiento explícito. Que, si alguien crea
un deepfake, exista un registro tecnológico que proteja a la víctima y
una ley que lo castigue severamente. Asimismo, toda imagen, video o
contenido generado por IA deberá incluir obligatoriamente un sello de agua
visible y metadatos inalterables que identifiquen quién lo generó,
estableciendo responsabilidad directa sobre su autoría y difusión.
- Canon
hídrico por interacción y responsabilidad empresarial
Si
las corporaciones tecnológicas utilizan los recursos hídricos y ambientales de
la humanidad para hacer funcionar sus máquinas, tienen la obligación ineludible
de pagar por ello. Cada vez que una IA responda a una consulta, el dueño de esa
tecnología deberá pagar un canon hídrico estricto. Las empresas son
responsables de garantizar un uso eficiente; de este modo, el costo recae en
quien lucra con la tecnología, jamás en el ciudadano.
- Medidores
públicos en tiempo real y fiscalización ciudadana
No
bastan las declaraciones juradas ni los informes voluntarios de sostenibilidad.
Cada centro de datos, sin excepción, deberá contar con medidores de consumo
de agua físicos, públicos, inviolables y conectados a internet, permitiendo
que cualquier ciudadano o comunidad compruebe en tiempo real cuánta agua se
está usando. Transparencia total y control social verificable.
- Indemnización
histórica, restitución ambiental y reparación intergeneracional
Exigencia
del cobro implacable de la deuda ecológica del pasado. Si una corporación
(minería, cerveceras, gaseosas, centros de datos, textil) utilizó y contaminó
miles de millones de litros de agua, tiene la obligación indelegable de
indemnizar a los territorios afectados devolviendo agua de igual o mejor
calidad a la original —jamás contaminada— y pagando por los daños. Si la
contaminación alcanzó a la población mediante el consumo de agua, carne, leche,
cultivos o aire contaminado, deberán indemnizar y garantizar atención integral
a cada familia afectada hasta la tercera generación.
- Prueba
de legitimidad tecnológica
Ninguna
inteligencia artificial o infraestructura corporativa puede ser impuesta si
antes no demuestra de forma verificable que cuida el planeta. Si la IA no
ayuda a recuperar el agua que consume, si no contribuye a desalinizar, detectar
fugas o restaurar cuencas, entonces es una tecnología ilegítima y depredadora.
Y debe ser prohibida.
- Principio
de precaución y prohibición de centros de datos en el mar
Si
las empresas tecnológicas pretenden instalar centros de datos o infraestructura
de enfriamiento en el mar, tienen la obligación de demostrar con estudios
científicos independientes y públicos que el calor emitido no está matando las
especies marinas. Si generan impacto térmico o dañan la biodiversidad, su
instalación en el mar será declarada ilegal y prohibida, protegiendo la
soberanía alimentaria y la vida humana.
- Responsabilidad
absoluta en la seguridad de datos para el sector público
Si
las empresas tecnológicas pretenden vender sistemas de inteligencia artificial
a entidades públicas, deben garantizar por contrato y bajo responsabilidad
legal que los datos gestionados estarán absolutamente protegidos. Ninguna
institución del Estado puede malgastar los recursos públicos pagando por
contratos millonarios que no brindan mejoras reales a la institución ni
garantías de ciberseguridad y soberanía de la información.
- Garantía
de veracidad y responsabilidad legal por errores de la IA
Las
empresas tecnológicas no pueden lucrarse vendiendo sistemas de IA mientras se
escudan en cláusulas de irresponsabilidad que advierten que "la IA
puede cometer errores". Si una empresa comercializa o implementa
una tecnología, está obligada a garantizar la veracidad y precisión de la
información. Ninguna corporación puede cobrar por un servicio defectuoso ni
trasladar al usuario o al Estado la carga de corregir sus fallos. Si la IA
genera información falsa o errónea que cause perjuicios económicos, legales o
sociales, la empresa proveedora debe asumir la responsabilidad civil y legal
directa.
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