Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial (SHS/BIO/PY/2021/1)

 UNESCO (2022). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial (SHS/BIO/PY/2021/1). Adoptada por la Conferencia General en su 41.ª reunión, 23 de noviembre de 2021.

Hallazgo central: primera fuente primaria del corpus con desarrollo operativo real del principio ambiental

A diferencia de OCDE 2019 (Doc. 14) y de D.S. 115-2025-PCM (Doc. 10), donde el ambiente aparece como mención enunciativa sin mecanismo, el instrumento UNESCO contiene un Ámbito de Actuación 5 completo ("Medio Ambiente y Ecosistemas", párrs. 84-86) con obligaciones específicas y verificables:

• Párr. 84: mandato explícito de evaluación del impacto ambiental directo e indirecto de los sistemas de IA a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo —de forma no exclusiva— huella de carbono, consumo de energía e impacto ambiental de la extracción de materias primas para la fabricación de tecnologías de IA.
• Párr. 84(f): mandato de detección de contaminantes y previsión de niveles de contaminación para diseñar intervenciones específicas de prevención y reducción.
• Párr. 86: cláusula de proporcionalidad y precaución — cuando existan impactos negativos desproporcionados en el medio ambiente sin garantías demostrables, "no debería utilizarse la IA". Esta es la disposición más fuerte de todo el corpus internacional revisado hasta ahora: ningún otro instrumento (OCDE 2019, HLEG-UE 2019, D.S. 115-2025-PCM) contempla un criterio de no-uso condicionado al riesgo ambiental.
• Principio autónomo "Sostenibilidad" (párr. 31, sección de Principios): vincula explícitamente el despliegue de IA con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU como "conjunto de metas en constante evolución", exigiendo evaluación continua de efectos ambientales junto con los humanos, sociales, culturales y económicos.

Contraste directo con el corpus peruano

Ningún elemento del párr. 84 —evaluación de huella de carbono, consumo energético, impacto de extracción de materias primas, detección de contaminación— aparece en el D.S. 115-2025-PCM (Doc. 10) ni en el Sistema Jurisdiccional de Trabajo/CURIA (Doc. 15). El Perú es Estado Miembro de UNESCO desde 1946 y participó en la adopción de esta Recomendación por consenso en 2021 (instrumento no vinculante pero de "fuerza moral", según su propia naturaleza normativa), y sin embargo no ha operativizado ninguno de sus mandatos ambientales cuatro años después, ni en su Reglamento nacional de IA ni en sus sistemas judiciales de IA documentados.

Nota metodológica sobre la fuente

El PDF entregado corresponde a una captura/impresión de la Biblioteca Digital UNESCO sin capa de texto (documento escaneado/rasterizado); el texto fue obtenido mediante OCR en español. Persisten fragmentos con caracteres corruptos en pasajes secundarios (ver párr. 31 y 84 arriba, marcados con símbolos anómalos: "e595da'"fe"te", "€l", ""). El contenido citado en los párrafos reproducidos textualmente es legible y consistente; se recomienda, para publicación final, contrastar los párrafos 84-86 contra el PDF oficial de texto de UNESCO (disponible en unesdoc.unesco.org) antes de citarlos en un documento de incidencia formal.

Lista de contaminantes

No aplica — instrumento normativo internacional sin mediciones ambientales directas. (Nota: el propio documento usa el término "detectar los contaminantes" como mandato de política, párr. 84(f), no como dato medido.)

Brechas de gestión

• El Perú no ha operativizado ningún componente del Ámbito de Actuación 5 (evaluación de huella de carbono, consumo energético, extracción de materias primas, detección de contaminación) pese a ser Estado Miembro UNESCO y participar en la adopción por consenso de la Recomendación en 2021.
• El Perú tampoco ha completado la RAM (Readiness Assessment Methodology) de UNESCO, el único instrumento de diagnóstico internacional que opera este ámbito de actuación (dato ya consignado en sesión anterior, ahora confirmado con texto primario).
• Verificación pendiente: contrastar la versión OCR de los párrs. 84-86 contra el PDF oficial de UNESCO para uso en documentos de incidencia formal, dado el origen escaneado del archivo.
• Brecha comparativa consolidada: de los tres instrumentos internacionales ahora con fuente primaria en el corpus (HLEG-UE 2019, OCDE 2019, UNESCO 2021), solo UNESCO establece un mecanismo de no-uso condicionado al riesgo ambiental (párr. 86); ni la OCDE ni el Perú alcanzan ese nivel de desarrollo normativo.

Bibliografía

UNESCO. (2022). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial (SHS/BIO/PY/2021/1). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Adoptada el 23 de noviembre de 2021.

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Informe situacional sobre el Sistema Jurisdiccional de Trabajo y el Modelo Conceptual de Inteligencia Artificial CURIA

 Poder Judicial del Perú, Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria (2025). Informe situacional sobre el Sistema Jurisdiccional de Trabajo y el Modelo Conceptual de Inteligencia Artificial CURIA. Suscrito por Gian Franco Jesús Puse Godoy, Secretario Administrativo de Despacho Privado del Dr. Ulises A. Yaya Zumaeta.

Corrección cronológica al corpus (dato previamente impreciso en Doc. 11/CEPC España)

El resumen consolidado anterior situaba a "Curia 2026" como el más reciente de los cuatro sistemas de IA judicial peruana. El documento primario ahora disponible fija un origen distinto y más temprano:

• Origen del proyecto matriz: Oficio N.° 39-2024-CSJR-UAYZ (24 mayo 2024), Sistema Jurisdiccional de Trabajo (SJT001).
• Aprobación formal: Resolución Administrativa N.° 000355-2024-CE-PJ (24 oct. 2024), Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
• Conceptualización de CURIA como módulo de IA generativa: Comité Operativo instalado por Resolución Administrativa N.° 000005-2024-5SDCYST-P-CSJR-UAYZ (26 dic. 2024); primera acta de reunión, 08 enero 2025.
• Solicitud de registro de marca ante INDECOPI (denominativa y figurativa, clase 42 Niza): Oficio N.° 000041-2025-5SDCST-CS-PJ (04 abril 2025).
• Estado a la fecha del informe: prueba de concepto superada, en "proceso de gestión de adquisición" para escalamiento institucional — no operativo a nivel nacional, no formalizado como sistema oficial.

Esto obliga a corregir la línea de tiempo comparada: CURIA es anterior a la fecha 2026 asumida, y su origen (2024) es posterior a Tucuy Ricuy (2021) pero probablemente concurrente o anterior a la consolidación pública de Amauta.Pro/IUDEX IA, cuyas fechas exactas siguen sin verificación primaria en el corpus.

Hallazgos técnicos relevantes

• CURIA fue entrenado con 1,136 antecedentes judiciales y la base SPIJ, en materia de ejecución coactiva. Procesó expedientes de 35 MB y 270 folios en aproximadamente 4 minutos por caso — dato cuantificable de carga computacional, sin contrapartida de medición energética o hídrica.
• Desarrollo con apoyo técnico externo: equipo de ingenieros de Brasil (Gerson Rolin, Wanussa Pontes, Gustavo Gouvea, Karisa), reunión virtual del 16 de enero de 2025 — arista de cooperación internacional/transferencia tecnológica no evaluada bajo ningún marco de soberanía de datos o infraestructura.
• Contradicción interna en el propio informe: se afirma que el sistema "no ha generado costos adicionales para el Poder Judicial" (implementado con recursos existentes) pero en la misma sección se reconoce que su escalabilidad nacional "requiere una inversión" — es decir, el costo real (incluyendo consumo energético de cómputo e infraestructura de IA) no ha sido determinado ni presupuestado, sino diferido.

Relevancia para la tesis del vacío ambiental (corpus 13→15 documentos)

El informe —quince páginas, cuatro conclusiones, cinco recomendaciones, cuatro consideraciones— no contiene ninguna mención a consumo energético, huella hídrica de centros de datos, ni referencia a los principios de sostenibilidad ambiental de OCDE (Doc. 14) o UNESCO. Confirma el patrón: la digitalización judicial peruana se evalúa exclusivamente en clave de eficiencia procesal (tiempos de resolución, trazabilidad, transparencia procedimental), sin ningún indicador ambiental en sus criterios de monitoreo propuestos ("reducción del tiempo de resolución, número de búsquedas realizadas, precisión de las recomendaciones").

Lista de contaminantes

No aplica — documento administrativo-judicial sin mediciones ambientales directas.

Brechas de gestión

• Quinto documento consecutivo (15/15 del corpus) sin variable ambiental en el diseño, monitoreo o evaluación de un sistema de IA institucional peruano.
• Corrección de dato cronológico previamente impreciso: CURIA se origina en 2024 (no 2026), aún no formalizado como sistema oficial a la fecha del informe.
• Contradicción presupuestal no resuelta en el propio documento: se declara "sin costos adicionales" mientras se reconoce la necesidad de inversión futura para escalabilidad — ausencia de línea base de costo computacional/energético.
• Transferencia tecnológica internacional (equipo técnico de Brasil) sin marco de evaluación de soberanía de datos, infraestructura o impacto ambiental asociado al desarrollo.
• Pendiente: verificar fecha de emisión exacta del informe (no consignada en el documento) y confirmar si la resolución de adquisición institucional de CURIA ya fue emitida.

Bibliografía

Poder Judicial del Perú, Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. (2025). Informe situacional sobre el Sistema Jurisdiccional de Trabajo y el Modelo Conceptual de Inteligencia Artificial CURIA. Corte Suprema de Justicia de la República.

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Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449. Adoptada 22/05/2019 por el Consejo a nivel ministerial.

OCDE (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449. Adoptada 22/05/2019 por el Consejo a nivel ministerial.

Hallazgo crítico: corrección necesaria a la línea de tiempo del resumen previo

El resumen consolidado anterior consignó para "2019 (may.) — Principios OCDE (original)" el tratamiento ambiental como "Sin mención ambiental", asumiendo que la variable ambiental se incorporó recién en la revisión de mayo 2024. La lectura del texto primario (OECD, 2019) contradice ese dato: el Principio 1.1 original ("Inclusive growth, sustainable development and well-being") ya contenía referencia explícita a la protección de entornos naturales desde el texto adoptado en 2019 (OECD, 2019, Section 1, Art. 1.1).

Esto exige reformular —no descartar— la tesis central del corpus:

1. La OCDE sí mencionó el ambiente desde 2019, pero de forma enunciativa y subordinada: aparece como ejemplo ilustrativo dentro de una lista abierta ("such as... protecting natural environments"), sin definición operativa, sin métrica, sin mecanismo de cumplimiento y sin vínculo con las secciones instrumentales del documento (2.1–2.5: I+D, ecosistema digital, entorno regulatorio, capital humano, cooperación internacional). Ninguna de esas cinco recomendaciones de política nacional menciona ambiente, agua o consumo energético (OECD, 2019, Section 2).
2. La revisión de 2024 no "introdujo" la sostenibilidad ambiental ex novo: la elevó de ejemplo ilustrativo a componente nombrado del principio, lo que sigue siendo un ajuste terminológico, no la creación de un mecanismo de auditoría o reporte.
3. El patrón que el corpus QNM viene documentando —principio enunciado sin desarrollo operativo— resulta ahora aplicable también al texto fundacional OCDE 2019, no solo al D.S. 115-2025-PCM peruano. Es el mismo patrón, quince años antes y en el instrumento internacional que el Perú invoca como estándar de adhesión.

Reformulación de la brecha Perú–OCDE

La brecha ya no es "Perú se adhirió en 2023 a un estándar que en 2024 incorporó ambiente y Perú no lo operativizó". La brecha correcta es: el estándar OCDE —desde su origen en 2019— nunca definió mecanismos de reporte, condicionamiento o auditoría ambiental para sistemas de IA; el Perú heredó ese mismo vacío estructural al adherirse (2023) y lo reprodujo en su Reglamento (2025), sin siquiera igualar el nivel enunciativo alcanzado por la revisión OCDE de 2024, que al menos nombra "environmental sustainability" como término explícito dentro del principio 1.1 revisado — dato que debe verificarse contra el texto de la revisión 2024, aún no incorporado como fuente primaria al corpus (pendiente).

Recomendación de flujo: falta obtener el texto de la revisión OECD/LEGAL/0449 (2024) para confirmar la redacción exacta del principio 1.1 revisado y no seguir citando el dato por vía secundaria (Doc. 12, blog, no citable).

Lista de contaminantes

No aplica — instrumento normativo internacional sin mediciones ambientales directas.

Brechas de gestión

• Corrección de dato: el corpus previo atribuía erróneamente "sin mención ambiental" al texto OCDE 2019; el documento primario contradice esa afirmación (OECD, 2019, Art. 1.1).
• Vacío estructural confirmado también en el instrumento internacional de origen: mención ambiental ilustrativa, sin desarrollo en las cinco recomendaciones de política (2.1–2.5).
• Pendiente: obtener el texto oficial de la revisión OCDE 2024 como fuente primaria para verificar el dato citado hasta ahora solo por fuente secundaria no citable (Doc. 12).
• El Perú (D.S. 115-2025-PCM) reproduce el mismo patrón enunciativo del instrumento OCDE de 2019, sin siquiera alcanzar el nivel de especificidad terminológica de la revisión 2024 (pendiente de confirmación).

Bibliografía

OECD. (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449). https://legalinstruments.oecd.org

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Directrices éticas para una IA fiable

Ficha del documento

Comisión Europea. (2019, 8 de abril). Directrices éticas para una IA fiable. Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías. https://digital-strategy.ec.europa.eu/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai

Documento oficial elaborado por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre IA (HLEG), nombrado por la Comisión Europea, tras un primer proyecto (diciembre 2018) sometido a consulta pública con más de 500 observaciones recibidas.

Hallazgos relevantes para el corpus QNM

1. Confirmación textual oficial del Requisito 6 — "Bienestar social y medioambiental". La fuente primaria establece, en los términos exactos de la Comisión Europea:

"Los sistemas de IA deben beneficiar a todos los seres humanos, incluidas las generaciones futuras. Por lo tanto, debe garantizarse que sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Además, deben tener en cuenta el medio ambiente, incluidos otros seres vivos, y debe estudiarse detenidamente su impacto social y social."

Esto confirma, con fuente primaria verificada, lo que el Documento 12 (blog) reportaba de forma indirecta: el ambiente aparece en 2019 como uno de los 7 requisitos clave del marco europeo, pero subsumido dentro de un requisito compuesto ("social y medioambiental"), no como categoría autónoma — a diferencia de la UNESCO (2021), que sí lo eleva a valor fundacional independiente. Este matiz —requisito compuesto vs. principio autónomo— es importante para tu argumentación comparativa: incluso el marco europeo, el más "duro" en tanto sirvió de base al AI Act vinculante, trata el ambiente con menor jerarquía normativa que la UNESCO.

2. Los 7 requisitos HLEG, en su redacción oficial. El documento lista: (1) Intervención y supervisión humanas, (2) Solidez técnica y seguridad, (3) Privacidad y gestión de datos, (4) Transparencia, (5) Diversidad, no discriminación y equidad, (6) Bienestar social y medioambiental, (7) Rendición de cuentas — con ALTAI (Assessment List for Trustworthy AI, julio 2020) como herramienta de autoevaluación operativa asociada a cada requisito.

3. Instrumento de auditoría con protocolo público y gratuito (ALTAI). Disponible en PDF y como herramienta web, diseñado para que "desarrolladores e implementadores de IA" apliquen los 7 requisitos en la práctica — mismo tipo de instrumento (protocolo de autoevaluación) que la EIA de UNESCO señalada en el Documento 12, y que ningún sistema de IA judicial peruano documentado en tu corpus (Amauta.Pro, Curia, IUDEX IA, Tucuy Ricuy) registra haber aplicado.

Lista de contaminantes

No aplica — documento de principios éticos institucionales sin mediciones ambientales directas.

Brechas de gestión

1. Elevación de estándar probatorio: con esta fuente primaria puedes sustituir, en cualquier publicación o expediente, la referencia al blog "IA Sostenible" por la cita directa a Comisión Europea (2019), reforzando la solidez metodológica del corpus ante entidades como INDECOPI, OEFA o el Poder Judicial.
2. Jerarquía normativa del principio ambiental como variable comparativa útil: el hallazgo de que la UE subsume "ambiental" dentro de un requisito compuesto con "social" (Requisito 6), mientras UNESCO lo separa como principio autónomo, ofrece un criterio objetivo y citable para calificar el nivel de desarrollo normativo peruano en la materia — que ni siquiera alcanza el nivel de subsunción del HLEG, dado que el Reglamento peruano (D.S. 115-2025-PCM) solo lo enuncia como uno de nueve principios sin desarrollo operativo (art. 7, "Sostenibilidad").
3. Doble estándar de auditabilidad confirmado: tanto el marco europeo (ALTAI, 2020) como el de UNESCO (EIA) ofrecen desde hace 4-5 años herramientas gratuitas y públicas de autoevaluación que ningún sistema de IA judicial peruano documentado por QNM ha aplicado ni referenciado en sus resoluciones administrativas de creación.

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Dossier "Inteligencia Artificial y Justicia" — Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España)

 

RESUMEN EJECUTIVO — Documento 11 del Corpus "IA en el Perú"

Dossier "Inteligencia Artificial y Justicia" — Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España)

Ficha del documento

Servicio de Documentación Jurídica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales [CEPC]. (2025, septiembre). Dossier: Inteligencia artificial y justicia. Subdirección General de Publicaciones y Documentación. NIPO: 145-25-038-5.

Dossier comparado de 127 páginas que releva legislación, jurisprudencia y bibliografía sobre IA judicial en España, instituciones supranacionales (ONU, UNESCO, OCDE, UE), Europa, Iberoamérica (incluido Perú, pp. 93-96), Norteamérica y China. Para el corpus QNM interesa exclusivamente la sección Perú, que aporta información no registrada en los documentos 1-10.

Hallazgos principales (sección Perú, pp. 93-96)

1. Identificación de un cuarto sistema de IA judicial no documentado previamente: "Tucuy Ricuy". El dossier revela, vía Resolución Administrativa N.° 000040-2021-CE-PJ, un proyecto del Poder Judicial —anterior a Amauta.Pro, Curia e IUDEX IA— orientado a automatizar la clasificación de casos de violencia familiar y de género, motivado por un incremento de 1148% en el ingreso de causas por violencia familiar (2015-2018). Su plan de implementación (2021) contempla alianzas con el IALAB de la Universidad de Buenos Aires y financiamiento del Banco Mundial/BIRF, sin que se mencione en ningún punto evaluación de impacto ambiental, energético o de infraestructura de cómputo. Este hallazgo eleva a cuatro los sistemas de IA judicial peruana identificados por el corpus QNM (Tucuy Ricuy 2021, Amauta.Pro 2023-2024, IUDEX IA, Curia 2026), todos compartiendo el mismo vacío ambiental estructural.

2. Cuatro proyectos de ley no registrados en el corpus previo:

• PL N.° 07033/2023-CR — regula desarrollo y uso de IA en el Perú (marco general).
• PL N.° 05763/2023-CR — reforma constitucional del art. 139° para incorporar el uso de IA como principio de la función jurisdiccional.
• PL N.° 05814/2023-CR — reforma constitucional del art. 159° para incorporar el uso de IA como atribución del Ministerio Público en la investigación fiscal.
• PL N.° 05959/2023-CR — incorpora IA al Expediente Judicial Electrónico (EJE), con siete principios rectores (transparencia, imparcialidad, supervisión humana, protección de datos, rendición de cuentas, actualización constante, acceso a la justicia).

Ninguno de los cuatro proyectos incorpora principios de sostenibilidad ambiental, consumo energético o hídrico entre sus disposiciones, pese a que dos de ellos proponen elevar el uso de IA a rango constitucional (arts. 139° y 159°).

3. Confirmación externa e independiente de la Ley N.° 32314. El dossier español —fuente académica extranjera, no vinculada a QNM— corrobora el alcance de la Ley 32314 (agravante penal por uso de IA), precisando que cubre específicamente pornografía infantil, difamación, fraude electrónico y promoción de la discriminación, con foco preventivo ante el desarrollo futuro de la tecnología.

4. Ausencia total de la variable ambiental en el aparato comparado. Pese a que el dossier sistematiza el marco jurídico de al menos 20 países/instituciones (incluida la sección específica de derechos frente a IA que antecede a la sección Perú, la cual reconoce derechos de supervisión humana e impugnación de decisiones algorítmicas), en ningún punto del documento —ni en la sección Perú ni en el resto del dossier comparado— se registra el consumo energético o hídrico de la infraestructura de IA como objeto de regulación en alguno de los países relevados.

Lista de contaminantes

No aplica — dossier de documentación jurídica comparada sin mediciones ambientales.

Brechas de gestión

1. Vacío ambiental confirmado en fuente externa independiente (11/11 documentos del corpus). Una institución académica española especializada, con acceso a legislación de más de 20 jurisdicciones, no registra en ningún país —incluido el Perú— regulación de IA que incorpore variables de consumo energético o hídrico. Esto descarta que el vacío detectado en el corpus QNM sea un artefacto de selección de fuentes: es estructural también desde la mirada comparada internacional.
2. Multiplicación no advertida de sistemas de IA judicial sin marco de auditoría común. La existencia de "Tucuy Ricuy" (2021) como antecedente no capturado en publicaciones previas de la serie QNM evidencia fragmentación informativa incluso dentro del propio Poder Judicial: cuatro sistemas desplegados en cortes distintas (Lima Norte y otras), sin un registro centralizado ni estándares de transparencia comunes, contraviniendo el principio de "Transparencia" que el propio PL 05959/2023-CR pretende instaurar.
3. Riesgo de constitucionalización sin salvaguarda ambiental. Los proyectos de reforma constitucional (arts. 139° y 159°) buscan blindar el uso de IA judicial a nivel de principio constitucional sin condicionamiento alguno a estándares de sostenibilidad, transparencia algorítmica verificable o rendición de cuentas ambiental — una omisión que, de aprobarse, sería estructuralmente más difícil de corregir por su jerarquía normativa.
4. Fuente de verificación cruzada para el expediente OHCHR/Contraloría. Al tratarse de documentación producida por una institución pública española independiente de las partes involucradas en Perú, este dossier constituye evidencia de tercero no interesado que refuerza la solidez probatoria del patrón de "punto ciego ambiental" ya planteado ante OHCHR (ref. 5kzh8es0) y Contraloría.

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Exposición de Motivos, Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM

 Exposición de Motivos, Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM (Reglamento de la Ley N.° 31814)

Ficha del documento

Presidencia del Consejo de Ministros [PCM]. (2025). Exposición de Motivos: Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 31814, Ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

Este documento es la exposición de motivos del reglamento que, con 20 meses de mora respecto al plazo legal (90 días hábiles desde julio 2023), operativiza la Ley N.° 31814. Consta de 36 artículos en seis títulos: (I) Disposiciones Generales, (II) Gobernanza, (III) Formación de capacidades, (IV) Financiamiento e incentivos, (V) Riesgos, transparencia y privacidad, y (VI) Obligaciones específicas.

Hallazgos principales

1. Confirmación del "punto ciego ambiental" — Documento 10/10. El Reglamento incorpora "Sostenibilidad" como uno de nueve principios rectores (art. 7), definido únicamente como evaluar y mitigar "el impacto ambiental y social de la IA", sin desarrollo normativo posterior. Ningún artículo sustantivo (arts. 8-36) impone: (a) reporte de consumo energético o hídrico de infraestructura de cómputo, (b) criterios ambientales en el Sandbox regulatorio (art. 17), (c) condiciones de sostenibilidad para el acceso a "recursos de computación en la nube pública" habilitado por la SGTD (art. 19), ni (d) obligaciones ambientales diferenciadas para los desarrolladores/implementadores de sistemas de alto riesgo (arts. 22-24, 31). El principio de sostenibilidad es enunciativo, no operativo — patrón idéntico al identificado en los nueve documentos previos del corpus (Leyes 30096, 32314, 31814, D. Leg. 1412, D.S. 029-2021-PCM, y los tres sistemas de IA judicial).

2. Clasificación de riesgo sin variable ambiental. El art. 22 clasifica los sistemas de IA en tres niveles (uso indebido, riesgo alto, riesgo aceptable) atendiendo exclusivamente a criterios de derechos humanos, vida, seguridad física y no discriminación. El cuadro comparativo de legislación internacional (Cuadro 03, pp. 52-54) —que coteja Unión Europea, China, Corea y Canadá— tampoco registra el consumo energético/hídrico de los sistemas de IA como variable de clasificación de riesgo en ninguno de los cuatro marcos comparados.

3. Infraestructura de datos sin condicionamiento ambiental. El art. 10 identifica como instrumentos del ecosistema de IA al Centro Nacional de Datos (D.U. N.° 007-2020), el Centro Nacional de Seguridad Digital y el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial (D.S. N.° 157-2021-PCM), sin que se establezcan requisitos de eficiencia energética, uso de agua para refrigeración, o localización condicionada a disponibilidad hídrica de las cuencas donde se instalen centros de datos.

4. Brecha de gobernanza reconocida por el propio Estado. El documento admite que el 84% de entidades públicas encuestadas (SGTD, marzo 2024) carece de personal con capacidades en IA (Figura 7), y que solo 6% de 491 entidades declaró implementar IA (ENAD 2025, Figura 4) — situando al Perú en el puesto 61/129 en el Índice Global sobre Responsabilidad en IA 2024 (GIRAI), componente Derechos Humanos (10.99/100).

5. Cronograma de implementación diferido. La Primera Disposición Complementaria Final escalona la entrada en vigencia de las obligaciones de transparencia algorítmica y gestión de riesgos entre 1 y 4 años según sector y tamaño de empresa (MYPE hasta 3 años), lo que posterga cualquier régimen de reporte —incluido uno ambiental, de existir— hasta el período 2026-2029.

Lista de contaminantes

No aplica — documento normativo/regulatorio sin mediciones ambientales directas.

Brechas de gestión

1. Vacío ambiental estructural confirmado en 10/10 documentos del corpus QNM. El Reglamento de la Ley N.° 31814 —norma más reciente y más operativa del marco peruano de IA— reproduce el mismo patrón: la sostenibilidad se declara como principio pero no se traduce en obligación de reporte, límite o condicionamiento ambiental.
2. Ausencia de correlato con el marco ambiental vigente. El documento no cita ni articula la Ley General del Ambiente (Ley N.° 28611), el marco ANA de derechos de agua, ni al SENACE/OEFA como entidades competentes en la gobernanza de infraestructura de cómputo, pese a que el propio art. 19 habilita expansión de "recursos de computación en la nube pública".
3. Riesgo regulatorio de captura sectorial. El Sandbox (art. 17) y el régimen de incentivos a MIPYMES (art. 18) aceleran adopción de infraestructura de IA sin evaluación de impacto ambiental previa, mientras el mecanismo de Evaluación de Impacto de Riesgo Alto (art. 30) se circunscribe a derechos fundamentales, excluyendo explícitamente la variable ambiental del análisis obligatorio.
4. Ventana de oportunidad regulatoria. La Cuarta Disposición Complementaria Final ordena aprobar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial al 2030 (aún pendiente), lo que constituye el instrumento idóneo para subsanar el vacío detectado antes de su aprobación definitiva.

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Ley de Gobierno Digital

 Fuente: Decreto Legislativo N.° 1412, Ley de Gobierno Digital (El Peruano, 13 de setiembre de 2018) y su Reglamento, Decreto Supremo N.° 029-2021-PCM (El Peruano, 19 de febrero de 2021), texto actualizado al 31 de julio de 2025 (Editora Perú, 2025).

Objeto: Marco integral de gobernanza del gobierno digital peruano — identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos — de aplicación obligatoria a toda la Administración Pública en los tres niveles de gobierno (D. Leg. N.° 1412, 2018, art. 2).

Estructura normativa (Ley, 35 artículos):

• Ente rector: Secretaría de Gobierno Digital (SGD) de la PCM, con potestad técnico-normativa nacional (art. 8).
• Identidad digital: DNI electrónico (DNIe), Plataforma ID GOB.PE, niveles de confianza en autenticación (arts. 9-22).
• Interoperabilidad: Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), de uso obligatorio, con prohibición expresa de desarrollar plataformas paralelas desde el 1 de enero de 2022 (Reglamento, disp. compl. final vigésima cuarta).
• Seguridad digital: Marco de Seguridad Digital con ámbitos de Defensa (MINDEF), Inteligencia (DINI), Justicia (MININTER/PNP/Poder Judicial, conforme a la Ley N.° 30096) e Institucional (art. 32; Reglamento arts. 94-115).
• Arquitectura digital: Modelos de referencia de desempeño, organizacional, aplicaciones, datos, tecnológico y seguridad (Reglamento, arts. 116-121).

Punto de máxima relevancia para el corpus QNM — Glosario oficial de Inteligencia Artificial: El Anexo del Reglamento (Glosario de Términos, literal q) define oficialmente: "Inteligencia artificial: Se refiere a los sistemas que presentan comportamiento inteligente, que en base al análisis de su entorno toman decisiones, con algún grado de autonomía, para lograr metas específicas" (D.S. N.° 029-2021-PCM, 2021, Anexo). Esta es la primera definición jurídica oficial peruana de IA identificada en el corpus, anterior en más de dos años a la Ley N.° 31814 (julio 2023) y al D.S. N.° 115-2025-PCM (septiembre 2025).

Plataforma Nacional de Gobierno de Datos (DATOS PERÚ), art. 120: Implementa "tecnologías digitales para la analítica de grandes volúmenes de datos, inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes a fin de facilitar la disponibilidad de tableros de gestión y toma de decisiones e intervenciones estratégicas en la Administración Pública" — es decir, el propio reglamento habilita expresamente el uso de IA sobre infraestructura de datos del Estado desde 2021, sin ninguna disposición ambiental asociada al despliegue de dicha infraestructura (servidores, centros de datos, NUBE PERÚ).

"NUBE PERÚ" (art. 92): Infraestructura tecnológica y plataforma como servicio que habilita "el acceso a un conjunto de recursos computacionales compartidos (dispositivos de red, servidores y almacenamiento, software)". Es el antecedente normativo directo de la infraestructura de cómputo intensivo que sostiene los sistemas de IA judicial (Amauta.Pro, Curia, IUDEX IA) y los centros de datos privados (GTD Perú, Lurín) ya documentados en el corpus QNM — sin que en sus 121 artículos ni en las 52 disposiciones complementarias finales del Reglamento exista mención alguna a consumo energético, hídrico o impacto ambiental de dicha infraestructura.

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Relevancia para el corpus QNM: Este documento cierra genealógicamente el marco de gobierno digital previo a la Ley N.° 31814 (2023) y al D.S. N.° 115-2025-PCM (2025), estableciendo que la arquitectura habilitante para el despliegue de IA en el Estado peruano (NUBE PERÚ, DATOS PERÚ, PIDE) existe desde 2018-2021 — es decir, la infraestructura técnica que sostiene los sistemas de IA judicial llevaba entre 4 y 7 años de desarrollo normativo antes de que se promulgara cualquier norma de IA propiamente dicha, y en todo ese desarrollo la dimensión ambiental estuvo completamente ausente. Esto extiende hacia atrás en el tiempo el "punto ciego ambiental" documentado en toda la serie QNM: no es un vacío que apareció con la IA, sino una característica estructural del marco de transformación digital peruano desde su origen.

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Lista de contaminantes: No aplica — Decreto Legislativo y Reglamento de Gobierno Digital, sin contenido ni parámetros ambientales.

Brechas de gestión:

1. Definición oficial de "inteligencia artificial" (Reglamento, Anexo, 2021) y habilitación expresa de su uso sobre infraestructura de datos del Estado (art. 120, DATOS PERÚ) sin ningún requisito de evaluación de impacto ambiental, energético o hídrico asociado — vacío de origen que precede en años a toda la normativa específica de IA posterior.
2. El régimen de "NUBE PERÚ" (art. 92) exige preferencia por proveedores de servicios en la nube, sin establecer criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética (PUE) o consumo hídrico para la selección de dichos proveedores — vacío regulatorio que conecta directamente con el caso GTD Perú (Lurín) del corpus QNM.
3. El Marco de Seguridad Digital (art. 32, ámbito Justicia) articula expresamente PNP, Ministerio Público y Poder Judicial conforme a la Ley N.° 30096 — pero ni esta ley ni el presente Reglamento contemplan auditoría ambiental de los sistemas de IA que dichas entidades despliegan (Amauta.Pro, Curia, IUDEX IA).
4. Multiplicidad de plazos de implementación diferidos y sucesivamente ampliados por Resolución de Secretaría de Gobierno Digital (decenas de disposiciones transitorias con plazos de 90 días a 2 años), lo que dificulta la fiscalización del cumplimiento efectivo del marco de gobierno digital por parte de la ciudadanía y de órganos como la Contraloría.
5. El artículo 34 (Financiamiento) establece que la implementación del gobierno digital se financia "sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público" — restricción presupuestal que, en la práctica, puede limitar la capacidad de las entidades para incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en su infraestructura digital.

QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N.° 00174793

Yolanda Victoria Rojas Espinoza | ORCID 0009-0002-9012-1393