Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos (El Peruano, 22 de octubre de 2013), texto actualizado al 13 de febrero de 2026 (Editora Perú, 2026).

 Fuente: Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos (El Peruano, 22 de octubre de 2013), texto actualizado al 13 de febrero de 2026 (Editora Perú, 2026).

Objeto: Prevenir y sancionar conductas ilícitas contra sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos penalmente relevantes, cometidas mediante TIC (Ley N.° 30096, 2026, art. 1).

Estructura vigente (7 capítulos, 12 artículos + incorporaciones):

• Cap. II — Delitos contra datos y sistemas: acceso ilícito (art. 2, modif. D. Leg. N.° 1614, 2023), atentado a integridad de datos (art. 3) y de sistemas (art. 4).
• Cap. III — Delitos contra indemnidad y libertad sexuales: proposiciones a menores (art. 5, modif. D. Leg. N.° 1591, 2023) y chantaje sexual digital (art. 5-A, incorp. D. Leg. N.° 1625, 2024).
• Cap. IV — Intimidad y secreto de comunicaciones: interceptación de datos (art. 7); tráfico ilegal de datos (art. 6) derogado desde 2014.
• Cap. V — Patrimonio: fraude informático (art. 8, modif. D. Leg. N.° 1614, 2023) y préstamos informáticos extorsivos (art. 8-A, incorp. Ley N.° 32183, 2024).
• Cap. VI — Fe pública: suplantación de identidad (art. 9, modif. D. Leg. N.° 1591, 2023) y activación fraudulenta de SIM Card (art. 9-A, incorp. Ley N.° 32451, 2025).
• Cap. VII — Disposiciones comunes: abuso de mecanismos informáticos (art. 10); agravantes (art. 11); exención de responsabilidad para pruebas autorizadas (art. 12); adquisición/tráfico ilícito de datos (art. 12-A, incorp. D. Leg. N.° 1700, enero 2026, con excepción modificada por D. Leg. N.° 1741, febrero 2026).

Punto de mayor relevancia para el corpus QNM: El artículo 11, numeral 5 (Ley N.° 30096, 2026), incorporado por Ley N.° 32314 (29 de abril de 2025), establece como agravante genérica el empleo de inteligencia artificial o tecnologías similares o análogas en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en esta ley. Esto confirma y precisa el dato ya registrado en la memoria QNM sobre la Ley N.° 32314 (agravantes penales por uso de IA), situándolo específicamente como modificación al artículo 11 de la Ley de Delitos Informáticos, no como tipo penal autónomo.

Disposiciones complementarias relevantes: Terminología conforme al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia (2001); cooperación operativa entre PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, Pe-CERT y ONGEI; agente encubierto en entornos digitales (disp. compl. segunda, modif. D. Leg. N.° 1591, 2023).

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Lista de contaminantes: No aplica — instrumento normativo penal sobre ciberdelincuencia, sin parámetros ambientales ni fisicoquímicos.

Brechas de gestión:

1. La agravante por uso de IA (art. 11.5) carece de reglamentación técnica sobre cómo se acredita pericialmente el "empleo de inteligencia artificial" en la comisión del delito, vacío que conecta con la ausencia general de estándares de auditoría algorítmica documentada en la revisión sistemática de Bermúdez Castro et al. (2025) (Documento 2 de este corpus).
2. La ley regula la protección de datos e integridad de sistemas informáticos, pero no contempla ningún supuesto vinculado al impacto ambiental, energético o hídrico de la infraestructura digital (centros de datos, servidores) que procesa dichos sistemas — vacío consistente con el "punto ciego ambiental" ya identificado en el corpus QNM sobre IA judicial.
3. Multiplicidad de modificaciones dispersas (2014-2026, al menos 9 normas modificatorias) sin texto único ordenado oficial, lo que dificulta la seguridad jurídica y el acceso ciudadano a la norma vigente.

QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N.° 00174793

Yolanda Victoria Rojas Espinoza | ORCID 0009-0002-9012-1393

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IA Y DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ: LO QUE DICE LA ACADEMIA Y LO QUE NADIE INVESTIGA

 IA Y DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ: LO QUE DICE LA ACADEMIA Y LO QUE NADIE INVESTIGA

Serie de investigación QNM: Inteligencia Artificial en el Perú — Lo que hay, lo que falta y lo que nadie te dice

Publicación N° 5

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QUÉ ENCONTRAMOS

Documento: "Inteligencia artificial y derechos humanos en el ordenamiento jurídico peruano: una revisión sistemática"

Autores: Juan Christian Bermudez Castro, Aura Elisa Quiñones Li, Sofia Nelly Romero Coz, Freddy Miguel Castro Verona, Luz Emerita Cervera Cajo y Saba Asunción Cabrera Chaupin

Instituciones: Universidad César Vallejo y Universidad Privada San Juan Bautista, Lima, Perú

Publicación: Revista Tribunal — Revista en Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas, Volumen 5, N° 13, octubre-diciembre 2025, páginas 676-695

DOI: http://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i13.295

Metodología: Revisión sistemática PRISMA de 30 estudios académicos peruanos publicados entre 2018 y 2025

Fuentes principales: Derecho PUCP (36.6%, 11 estudios) y THEMIS Revista de Derecho (30%, 9 estudios). Indexación: Latindex (63.3%) y SciELO (40%)

¿Qué encontraron los investigadores?

Tres riesgos principales cuantificados: opacidad algorítmica identificada como riesgo central en el 35.5% de los estudios (11 investigaciones), vacíos regulatorios en el 32.3% (10 estudios), y amenazas a la privacidad en el 29% (9 estudios). La discriminación algorítmica aparece en el 23.3% (7 estudios).

¿Qué propone la academia peruana?

La solución más frecuente es la creación de un marco regulatorio específico (40%, 12 estudios). El control humano en procesos automatizados aparece en el 16.6% (5 estudios). La actualización de deberes fiduciarios en el 10% (3 estudios). Conceptos como transparencia algorítmica, participación comunitaria y armonización con estándares internacionales aparecen en el 76.6% de las conclusiones (23 estudios).

¿Cuál es la brecha que la propia revisión detecta?

Solo el 20% de los estudios (6 investigaciones) propone instrumentos concretos de política pública. El 26.6% restante (8 trabajos) se limita a señalar principios generales. Los autores reconocen una brecha significativa entre la identificación de problemas y la formulación de mecanismos implementables.

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ANÁLISIS CRÍTICO QNM — Lo que la academia peruana ve y lo que no ve

Lo que la revisión confirma: la academia peruana sabe que hay un problema

Esta revisión sistemática es valiosa porque demuestra con metodología PRISMA que la comunidad académica jurídica peruana ha identificado consistentemente los mismos riesgos: opacidad algorítmica, vacíos regulatorios, amenazas a la privacidad y discriminación. No es una preocupación aislada de un investigador. Es un patrón documentado en 30 estudios de dos de las revistas jurídicas más prestigiosas del país, con autores de universidades reconocidas.

Los hallazgos coinciden con lo que QNM ha documentado en las publicaciones anteriores de esta serie: los tres sistemas de IA del Poder Judicial (Amauta.Pro, Curia e IUDEX IA) operan exactamente con las características que la academia identifica como riesgosas: opacidad algorítmica, ausencia de auditoría, falta de transparencia hacia el justiciable y vacío en mecanismos de control.

Lo que la revisión no ve: la dimensión ambiental no existe en la literatura jurídica peruana

Y aquí está el hallazgo más significativo para nuestra investigación.

De los 30 estudios revisados, ninguno aborda el impacto ambiental de la inteligencia artificial. Ninguno menciona el consumo de agua de los centros de datos. Ninguno analiza la huella energética de la infraestructura digital. Ninguno conecta el derecho humano al agua con la expansión de la IA. Ninguno examina el impacto de las descargas de sistemas de enfriamiento sobre cuerpos de agua. Ninguno cuestiona dónde están los servidores que procesan los datos del Poder Judicial peruano ni cuánta agua consumen.

La dimensión ambiental de la IA simplemente no existe en la producción académica jurídica peruana entre 2018 y 2025. Es un punto ciego total.

Esto tiene implicancias profundas. La academia jurídica peruana discute la opacidad algorítmica (35.5% de los estudios) pero no discute la opacidad ambiental. Se preocupa por la discriminación que generan los algoritmos (23.3%) pero no por el agua que consumen. Propone marcos regulatorios para proteger la privacidad (29%) pero no para proteger los acuíferos. Exige transparencia sobre cómo decide la IA (32.3%) pero no sobre cuánta agua evapora.

La Recomendación UNESCO sobre Ética de la IA (2021) — que analizamos en la Publicación N° 4 de esta serie — establece expresamente en sus párrafos 17, 18 y 84-86 que la protección del medio ambiente y los ecosistemas es un valor fundamental y un ámbito de acción política obligatorio. El 76.6% de los estudios peruanos revisados menciona la necesidad de armonización con estándares internacionales. Pero ninguno armoniza con la dimensión ambiental que esos mismos estándares internacionales exigen.

Esta ausencia no es responsabilidad de los autores de la revisión. Es una característica estructural de la producción académica jurídica peruana que la revisión documenta involuntariamente: la academia peruana estudia la IA como un fenómeno inmaterial. No la estudia como una actividad que consume agua, energía y territorio.

Lo que la revisión confirma sobre el Poder Judicial: la advertencia académica ignorada

Castellano (2021) advierte sobre los límites éticos de delegar la valoración de pruebas a sistemas automatizados. Quispe (2021) señala la sustitución parcial de jueces por IA y la necesidad de capacitación tecnológica para juristas. Ambos enfatizan la preservación del control humano en instancias superiores.

El Poder Judicial implementó Curia en la Corte Suprema, Amauta.Pro en juzgados de violencia familiar e IUDEX IA en oralidad civil sin que conste que haya considerado estas advertencias académicas publicadas en THEMIS — una de las revistas jurídicas más citadas del Perú. La academia advirtió. El Poder Judicial implementó. La brecha entre el diagnóstico académico y la acción institucional que los autores de esta revisión identifican como problemática (solo 20% de los estudios propone instrumentos concretos) se reproduce exactamente en la relación entre la academia y el Poder Judicial: los académicos diagnostican riesgos, el Poder Judicial implementa IA sin atender esos diagnósticos.

El hallazgo de Mamani y Pacco (2022): colonialismo digital y pueblos indígenas

Merece atención especial el estudio de Mamani y Pacco (2022) sobre apropiación cultural y derechos de pueblos indígenas frente a la IA. Este estudio alerta sobre el riesgo de que los sistemas de IA consoliden nuevas formas de colonialismo digital. Esta dimensión conecta directamente con la investigación QNM: si la IA consume el agua de comunidades rurales e indígenas para enfriar servidores que generan ganancias en otro continente, el neo-extractivismo digital no es solo un concepto teórico. Es una realidad material que opera sobre los mismos territorios y las mismas comunidades que el extractivismo minero ha afectado durante décadas.

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BRECHAS IDENTIFICADAS POR QNM

Brecha 1 — Punto ciego ambiental: cero estudios sobre impacto hídrico de la IA en el Perú

De 478 registros identificados inicialmente y 30 estudios incluidos en la revisión final, ninguno aborda la dimensión ambiental de la IA. Esto significa que entre 2018 y 2025, la academia jurídica peruana no produjo ni un solo estudio indexado sobre el consumo de agua, la contaminación hídrica o la huella ambiental de la infraestructura digital y los centros de datos. La publicación de QNM "Nuevo Contrato Social Tecnológico" (2026) es, según esta evidencia, la primera obra peruana que aborda sistemáticamente esta dimensión con fundamentación jurídica, técnica y ambiental integrada.

Brecha 2 — Diagnóstico sin instrumentos: la academia describe pero no construye

Los autores reconocen que solo el 20% de los estudios propone instrumentos concretos de política pública. El 80% restante diagnostica problemas y enuncia principios generales. Esta es exactamente la brecha que el proyecto de ley presentado por QNM ante el Colegio de Abogados de Lima y la Contraloría General busca cerrar: no solo identifica el vacío sino que propone 19 artículos, 6 disposiciones complementarias y un régimen sancionador con 16 infracciones tipificadas. La academia peruana necesita transitar del diagnóstico a la propuesta normativa operativa.

Brecha 3 — Ausencia de investigación empírica sobre los sistemas judiciales de IA existentes

Ninguno de los 30 estudios revisados analiza empíricamente el funcionamiento de Curia, Amauta.Pro o IUDEX IA. Estos sistemas fueron implementados entre marzo y mayo de 2025, dentro del período de cobertura de la revisión (2018-2025). La academia jurídica peruana discute los riesgos teóricos de la IA en la justicia pero no investiga los sistemas que ya están operando en los tribunales peruanos. La serie de publicaciones QNM es, hasta donde hemos podido verificar, el primer análisis crítico sistemático de los tres sistemas de IA del Poder Judicial peruano publicado en un medio accesible al público.

Brecha 4 — Concentración institucional del debate académico

El 66.6% de la producción se concentra en dos revistas (Derecho PUCP y THEMIS), ambas vinculadas a universidades limeñas de élite. La voz de las universidades regionales, de los investigadores independientes y de la sociedad civil está subrepresentada. La producción académica sobre IA y derechos humanos en el Perú refleja la misma centralización que afecta al sistema jurídico: Lima investiga, las regiones no participan. QNM, desde Trujillo, representa una voz regional e independiente que aporta una perspectiva diferente — la perspectiva del impacto material de la tecnología sobre los recursos naturales de las comunidades que más la padecen.

Brecha 5 — Desconexión entre la academia y la regulación vigente

La revisión cubre hasta 2025 pero no analiza en profundidad el D.S. N° 115-2025-PCM (Reglamento de la Ley 31814) ni la Ley N° 32314 (delitos con IA), ambas publicadas dentro del período de estudio. Esto sugiere que la producción académica no se actualiza con la velocidad que la regulación requiere. Para cuando un estudio académico se publica, la normativa que debería analizar ya está vigente y generando efectos sin escrutinio académico.

Brecha 6 — El Principio de Coherencia Material como respuesta a lo que la academia no aborda

Franco et al. (2024), estudio incluido en la revisión, concluyen que "la positivización de valores éticos resulta insuficiente sin mecanismos de exigibilidad que garanticen efectividad material." Esta conclusión es exactamente la premisa del Principio de Coherencia Material propuesto por QNM: toda actividad económica con impacto material en recursos naturales debe tener mecanismos de exigibilidad equivalentes, independientemente de su carácter digital o físico. Lo que Franco et al. identifican como necesidad teórica, QNM lo convierte en principio jurídico operativo con proyecto de ley y expedientes institucionales activos.

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INVENTARIO ACUMULATIVO

(Actualización N° 5 — se incorpora la evidencia académica)

Producción académica peruana sobre IA y derechos humanos (2018-2025):

Dimensión analizada	Estudios	Porcentaje	Estudios sobre impacto ambiental
Opacidad algorítmica	11	35.5%	0
Vacíos regulatorios	10	32.3%	0
Amenazas a privacidad	9	29%	0
Discriminación algorítmica	7	23.3%	0
Impacto ambiental/hídrico de IA	0	0%	0

PATRÓN ACUMULATIVO (cinco publicaciones):

La quinta publicación cierra un círculo: los tres sistemas de IA del Poder Judicial (Publicaciones 1-3) operan con los riesgos que la academia identifica (Publicación 5), incumpliendo el marco internacional que el Perú suscribió (Publicación 4). Pero la dimensión que QNM aporta — el impacto ambiental — no aparece en ninguno de los 30 estudios académicos, ni en los documentos institucionales del Poder Judicial, ni en la implementación práctica de la Recomendación UNESCO. Es el punto ciego compartido por la academia, el Estado y el Poder Judicial. Y es exactamente el punto que el "Nuevo Contrato Social Tecnológico" ilumina.

La brecha más reveladora: 30 estudios de las mejores universidades peruanas, publicados en las revistas jurídicas más prestigiosas del país, analizan los riesgos de la IA para los derechos humanos. Cero estudian el riesgo de la IA para el agua. La IA consume millones de litros por día. Los juristas peruanos no lo ven. Eso no es una omisión académica. Es un síntoma de la misma invisibilidad material que QNM documenta: la tecnología se estudia como si fuera inmaterial. No lo es.

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Esta es la quinta publicación de la serie "IA en el Perú: lo que hay, lo que falta y lo que nadie te dice."

Si quieres conocer la investigación completa, visita:

www.qnm-quenosmantengan.com

Investigación y análisis: Yolanda Victoria Rojas Espinoza

QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N° 00174793

ORCID: 0009-0002-9012-1393

IA EN EL MUNDO: LA RECOMENDACIÓN DE LA UNESCO SOBRE ÉTICA DE LA IA — EL DOCUMENTO QUE 193 PAÍSES FIRMARON Y QUE CASI NADIE CUMPLE

 IA EN EL MUNDO: LA RECOMENDACIÓN DE LA UNESCO SOBRE ÉTICA DE LA IA — EL DOCUMENTO QUE 193 PAÍSES FIRMARON Y QUE CASI NADIE CUMPLE

Serie de investigación QNM: Inteligencia Artificial en el Perú — Lo que hay, lo que falta y lo que nadie te dice

Publicación N° 4

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QUÉ ENCONTRAMOS

Documento: Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial

Organismo: UNESCO — Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Código: SHS/BIO/REC-AIETHICS/2021

Aprobación: 23 de noviembre de 2021, 41ª reunión de la Conferencia General, París

Alcance: 193 Estados Miembros, incluyendo el Perú

Naturaleza: Primer instrumento normativo global sobre ética de la IA. No es vinculante pero establece el marco de referencia que los Estados deben implementar mediante legislación nacional.

Extensión: 141 párrafos organizados en valores, principios y 11 ámbitos de acción política.

¿Qué establece?

Cuatro valores fundamentales: respeto a los derechos humanos y la dignidad, prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, diversidad e inclusión, y sociedades pacíficas, justas e interconectadas.

Siete principios: proporcionalidad e inocuidad, seguridad y protección, equidad y no discriminación, sostenibilidad, privacidad y protección de datos, supervisión y decisión humanas, y transparencia y explicabilidad.

Once ámbitos de acción política: evaluación del impacto ético, gobernanza ética, política de datos, cooperación internacional, medio ambiente y ecosistemas, género, cultura, educación e investigación, comunicación e información, economía y trabajo, y salud y bienestar social.

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ANÁLISIS CRÍTICO QNM — Lo que el documento dice y lo que el Perú no hace

Dimensión ambiental: la UNESCO lo dijo en 2021 y el Perú sigue sin escuchar

El párrafo 17 de la Recomendación establece que la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas debe ser reconocida, protegida y promovida a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. El párrafo 18 va más allá: todos los actores que participan en el ciclo de vida de los sistemas de IA deben respetar las normas para la protección del medio ambiente y deberían reducir el impacto ambiental de los sistemas de IA, en particular su huella de carbono, para prevenir la explotación y utilización no sostenibles de los recursos naturales.

El Ámbito de Actuación 5 (párrafos 84-86) es específico: los Estados y las empresas deben evaluar el impacto ambiental directo e indirecto de los sistemas de IA a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo su consumo de energía y el impacto de la extracción de materias primas, y reducir el impacto ambiental de los sistemas de IA y las infraestructuras de datos. Y el párrafo 86 establece que cuando existan impactos negativos desproporcionados en el medio ambiente, no debería utilizarse la IA.

Cinco años después de esta Recomendación, seis instituciones del Estado peruano — MINAM, PCM, ANA, OEFA, SENACE y MTC — confirmaron no tener regulación para centros de datos. No hay evaluación de impacto ambiental. No hay medición de consumo de agua. No hay reducción de huella. La Recomendación de la UNESCO que el Perú suscribió es letra muerta en materia ambiental digital.

Dimensión judicial: la UNESCO advirtió sobre la IA en tribunales

El párrafo 63 establece que los Estados deben reforzar la capacidad del poder judicial para adoptar decisiones relacionadas con sistemas de IA, velando por que se respete la supervisión humana. Y agrega que se necesitan suficientes salvaguardias para garantizar la protección de los derechos humanos, el estado de derecho, la independencia judicial y el principio de supervisión humana.

El Poder Judicial del Perú implementó Curia, Amauta.Pro e IUDEX IA sin que conste evaluación de impacto ético, sin auditoría de sesgo algorítmico, sin transparencia hacia el justiciable y sin las salvaguardias que la UNESCO exige. El párrafo 63 no es una sugerencia genérica: es una directriz específica para el uso de IA en el poder judicial que el Perú suscribió y no cumple.

Dimensión de transparencia: el derecho a saber que una IA decidió sobre tu vida

El párrafo 38 establece que las personas deben estar plenamente informadas cuando una decisión se basa en algoritmos de IA, en particular cuando afecta a su seguridad o a sus derechos humanos, y deberían tener la oportunidad de solicitar explicaciones. El párrafo 127 establece que los usuarios deben poder determinar fácilmente si interactúan con un sistema de IA y poder rechazar dicha interacción y solicitar intervención humana.

En el Perú, ninguno de los tres sistemas de IA del Poder Judicial informa al justiciable que su caso fue procesado por IA. La mujer víctima de violencia familiar cuya medida de protección generó Amauta.Pro no sabe que una máquina la redactó. El litigante cuya demanda calificó IUDEX IA no sabe que un algoritmo decidió si era competente. La parte cuya sentencia proyectó Curia no sabe que un sistema de IA la escribió. Todos tienen derecho a saberlo según la UNESCO. Ninguno lo sabe en la práctica.

Dimensión de datos de entrenamiento: la UNESCO exige lo que nadie audita

El párrafo 76 establece que los Estados deben promover conjuntos de datos sólidos y de calidad para el entrenamiento de IA y ejercer vigilancia al supervisar su recopilación y utilización. El párrafo 66 exige que los actores de IA revelen y combatan toda clase de estereotipos en los datos de entrenamiento y velen por que los conjuntos de datos no fomenten desigualdades ni prejuicios.

Curia fue entrenado con "información seleccionada y la base del sistema peruano de información jurídica." ¿Quién seleccionó? ¿Qué sesgos contiene la jurisprudencia peruana histórica? ¿Se auditaron los datos contra estereotipos de género, raza o condición socioeconómica? La UNESCO exige esta vigilancia. No se ha cumplido.

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BRECHAS IDENTIFICADAS POR QNM

Brecha 1 — Medio ambiente: cinco años de incumplimiento

La UNESCO estableció en 2021 que los sistemas de IA deben reducir su impacto ambiental y que los Estados deben evaluar su consumo de energía y recursos. En 2024, Perú firmó acuerdo con UNESCO para implementar la Recomendación. En 2026, seis instituciones del Estado confirmaron no tener regulación ambiental para centros de datos. Cinco años de vigencia de la Recomendación, cero implementación en materia ambiental digital. La brecha entre lo firmado y lo cumplido es total.

Brecha 2 — Evaluación de impacto ético: el Ámbito de Actuación 1 no existe en el Perú judicial

Los párrafos 50 a 53 exigen marcos de evaluación del impacto ético para sistemas de IA, incluyendo repercusiones en derechos humanos, medio ambiente y consecuencias sociales, con mecanismos de auditoría, trazabilidad y explicabilidad. El Poder Judicial peruano implementó tres sistemas de IA sin evaluación de impacto ético conforme a la Recomendación UNESCO. El D.S. 115-2025-PCM incorpora esta exigencia pero con plazo hasta septiembre de 2026, lo que significa que los sistemas operan antes de ser evaluados.

Brecha 3 — Supervisión humana: la UNESCO exige lo que el Poder Judicial asume sin verificar

El párrafo 36 establece que un sistema de IA nunca podrá reemplazar la responsabilidad final de los seres humanos. Los tres sistemas del Poder Judicial peruano afirman que "no reemplazan al juez." Pero la UNESCO no se conforma con declaraciones: exige mecanismos verificables de supervisión. La diferencia entre decir "el juez revisa" y garantizar que la revisión sea sustantiva y no meramente formal es la diferencia entre cumplir la Recomendación y aparentar cumplirla.

Brecha 4 — Proporcionalidad: ¿la IA era necesaria?

El párrafo 26 establece que la decisión de utilizar sistemas de IA debe justificarse: el método elegido debe ser adecuado y proporcional para lograr un objetivo legítimo, no debe vulnerar valores fundamentales y debe basarse en fundamentos científicos rigurosos. ¿Se evaluó si Curia, Amauta.Pro e IUDEX IA eran la solución proporcionada al problema de la carga procesal? ¿Se consideraron alternativas menos invasivas, como la contratación de más personal jurisdiccional? ¿Se documentó la base científica de la decisión? La UNESCO exige esta justificación. No consta que se haya producido.

Brecha 5 — Empresa privada en función judicial: la UNESCO exige responsabilidad empresarial

Los párrafos 42 y 68 establecen que los actores de la IA deben asumir responsabilidad ética y jurídica, y que los Estados deben garantizar que la responsabilidad recaiga siempre en personas físicas o jurídicas y nunca en el propio sistema de IA. IUDEX IA fue desarrollado por Timix SAC. ¿Qué responsabilidad asume Timix SAC si el sistema califica incorrectamente una demanda y el ciudadano pierde acceso a la justicia? El convenio de cooperación interinstitucional ¿establece cláusulas de responsabilidad? La UNESCO exige claridad en la atribución de responsabilidad. En el caso de IUDEX IA, la cadena de responsabilidad está fracturada entre el Poder Judicial, el ETII y una empresa privada.

Brecha 6 — Principio precautorio ambiental: la UNESCO vs. el vacío peruano

El párrafo 86 establece que si no es posible demostrar que una aplicación de IA tendrá el efecto deseado, deberá privilegiarse el principio de precaución, y que cuando haya impactos negativos desproporcionados en el medio ambiente, no debería utilizarse la IA. Los centros de datos en Lurín operan sobre el acuífero Lurín — calificado como excelente en calidad por la propia ANA — sin demostrar que su operación no causará impactos ambientales negativos. La carga de la prueba, según la UNESCO, recae en quien usa la IA, no en quien la cuestiona. En el Perú, la carga se invierte: los centros de datos operan sin demostrar nada y es la ciudadana quien debe probar el daño.

Brecha 7 — Conexión entre la Recomendación UNESCO y la propuesta QNM ante Naciones Unidas

La propuesta normativa "Nuevo Contrato Social Tecnológico" (Rojas Espinoza, 2026), presentada ante los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas (referencia 5kzh8es0), desarrolla exactamente lo que la Recomendación UNESCO establece como obligación de los Estados pero que ninguno ha implementado plenamente: evaluación de impacto ambiental de la IA, transparencia en consumo de recursos, protección del agua como derecho humano frente a la expansión tecnológica, y el Principio de Coherencia Material como mecanismo de implementación.

La Recomendación UNESCO es el marco. El Nuevo Contrato Social Tecnológico es la herramienta para hacerlo realidad. La UNESCO dice "deberían." QNM dice "así se hace."

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CUADRO COMPARATIVO: UNESCO vs. REALIDAD PERUANA

Exigencia UNESCO	Párrafo	Situación en el Perú
Evaluar impacto ambiental de IA	84	Seis instituciones sin regulación para centros de datos
Reducir huella ambiental de infraestructura de datos	84	Cero medición de consumo hídrico o energético
Supervisión humana verificable en IA judicial	63	Tres sistemas judiciales sin protocolo público de supervisión
Informar al ciudadano que IA decide sobre su caso	38, 127	Ningún sistema judicial informa al justiciable
Evaluación de impacto ético antes de implementar	50-53	Sistemas operativos sin evaluación previa
Auditoría de sesgo en datos de entrenamiento	66, 76	Cero auditoría pública de sesgo algorítmico
Principio precautorio ambiental	86	Centros de datos operan sin demostrar ausencia de daño
Responsabilidad atribuible a personas jurídicas	42, 68	IUDEX IA: responsabilidad fracturada entre PJ y Timix SAC
Protección del medio ambiente como valor	17-18	Sin Límites Máximos Permisibles para efluentes de centros de datos
Transparencia algorítmica	37-41	Plazo septiembre 2026, sin evidencia de avance

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INVENTARIO ACUMULATIVO

(Actualización N° 4 — se incorpora el marco normativo internacional)

Sistemas de IA en el Poder Judicial Peruano:

N°	Sistema	Desarrollador	Función	Riesgo	Cumple UNESCO
1	Amauta.Pro	CSJ Lima Norte	Resoluciones violencia familiar	Alto	No verificado
2	Curia	Quinta Sala CS	Proyección resoluciones	Alto	No verificado
3	IUDEX IA	ETII + Timix SAC	Calificación demandas	Alto	No verificado

Marco normativo aplicable:

N°	Instrumento	Ámbito	Vigencia	Implementación en Perú
1	Recomendación UNESCO Ética IA	Global, 193 Estados	Noviembre 2021	Parcial: Ley 31814 y D.S. 115-2025-PCM sin implementación ambiental
2	Ley N° 31814	Perú	Julio 2023	Vigente, enfoque promocional
3	D.S. N° 115-2025-PCM	Perú	Enero 2026	Implementación gradual, plazo justicia septiembre 2026
4	Ley N° 32314	Perú	Abril 2025	Vigente, agravantes penales por uso de IA
5	AI Act UE	Unión Europea	Agosto 2024	No aplicable en Perú, referente comparado

PATRÓN ACUMULATIVO (cuatro publicaciones):

La Recomendación UNESCO de 2021 establece con claridad los valores, principios y acciones que los Estados deben implementar. El Perú aprobó la Ley 31814 y su Reglamento como respuesta parcial. Pero la implementación real en dos dimensiones críticas — impacto ambiental de la infraestructura digital y uso de IA en el poder judicial — presenta brechas totales entre lo firmado y lo cumplido. Los tres sistemas de IA del Poder Judicial operan sin cumplir las salvaguardias que la UNESCO exige para IA en la justicia. Los centros de datos operan sin cumplir las evaluaciones ambientales que la UNESCO exige para toda infraestructura de IA. El Estado peruano firmó un compromiso global en 2021, legisló parcialmente en 2023-2025, y en 2026 la brecha entre el compromiso y la realidad sigue abierta.

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Esta es la cuarta publicación de la serie "IA en el Perú: lo que hay, lo que falta y lo que nadie te dice."

Si quieres conocer la investigación completa, visita:

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Investigación y análisis: Yolanda Victoria Rojas Espinoza

QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N° 00174793

ORCID: 0009-0002-9012-1393

IA EN EL PODER JUDICIAL PERUANO: IUDEX IA — CUANDO UNA EMPRESA PRIVADA DESARROLLA LA IA QUE CALIFICA TU DEMANDA

 IA EN EL PODER JUDICIAL PERUANO: IUDEX IA — CUANDO UNA EMPRESA PRIVADA DESARROLLA LA IA QUE CALIFICA TU DEMANDA

Serie de investigación QNM: Inteligencia Artificial en el Perú — Lo que hay, lo que falta y lo que nadie te dice

Publicación N° 3

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QUÉ ENCONTRAMOS

Sistema: IUDEX IA

Tipo: Herramienta de Inteligencia Artificial para calificación automatizada de demandas civiles

Desarrollador: Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (ETII), en convenio de cooperación interinstitucional con Timix SAC, empresa privada especializada en servicios tecnológicos

Presentación oficial: 6 de mayo de 2025, en la Corte Superior de Justicia de Lima, sede Basadre

Fuente: Nota de Prensa N° 021-2025-ETII Oralidad Civil

Estado actual: Fase piloto en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral (MCCLO) de la CSJ de Lima. Despliegue progresivo previsto a todos los MCCLO del país.

¿Qué hace? Evalúa la competencia por cuantía y materia de las demandas presentadas. Genera automáticamente proyectos de resolución que declaran la competencia o incompetencia del órgano jurisdiccional, así como los oficios correspondientes.

¿Cómo fue desarrollado? Mediante convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y la empresa privada Timix SAC, orientado a fomentar proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica aplicados al ámbito judicial.

¿Qué tan rápido es? Reduce el tiempo de calificación de demandas de dos a tres horas a menos de un minuto.

¿Cómo aprende? A medida que sea utilizada y retroalimentada por los propios operadores jurisdiccionales, la IA se irá entrenando progresivamente para incorporar nuevas funciones y utilidades. Es decir: los jueces y auxiliares alimentan al sistema con sus decisiones, y el sistema aprende de ellas.

Declaraciones oficiales clave:

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, declaró que IUDEX IA constituye "un hito histórico en la transformación digital del servicio de justicia" y que "la inteligencia artificial se convierte en una herramienta estratégica para enfrentar los retos y desafíos que impone la justicia del siglo XXI."

El juez supremo Ramiro Bustamante, presidente del ETII Oralidad Civil, aclaró: "Esta herramienta no sustituye la labor de los auxiliares jurisdiccionales de nuestro equipo de calificación de demandas ni mucho menos la labor que realiza el juez. Es una herramienta de acompañamiento que nos permite reducir tiempos en la etapa de calificación."

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ANÁLISIS CRÍTICO QNM — Lo que nadie pregunta

Dimensión ambiental: otro sistema de IA sin huella visible

IUDEX IA es el tercer sistema de IA del Poder Judicial peruano que analizamos en esta serie. Y es el tercero que presenta exactamente el mismo patrón: cero información sobre la infraestructura que lo soporta. La nota de prensa no menciona dónde se procesan los datos, qué servidores se usan, si la infraestructura de Timix SAC consume agua para enfriamiento, cuánta energía requiere la calificación automatizada de cada demanda ni cuál es la huella ambiental del sistema.

Cuando IUDEX IA se expanda a todos los MCCLO del país — como está previsto — el volumen de procesamiento se multiplicará. Miles de demandas civiles ingresando diariamente al sistema, cada una procesada por servidores que consumen recursos. Y nadie habrá medido el costo material acumulado de esa digitalización.

Dimensión crítica: una empresa privada dentro de la función jurisdiccional

Aquí es donde IUDEX IA se diferencia de Amauta.Pro y Curia, y donde las preguntas se vuelven más incómodas.

Amauta.Pro fue desarrollado por la CSJ de Lima Norte. Curia fue desarrollado por la Quinta Sala Constitucional de la Corte Suprema. Ambos son desarrollos internos del Poder Judicial. IUDEX IA fue desarrollado por Timix SAC, una empresa privada, en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional.

Esto genera preguntas que la nota de prensa no responde.

¿Quién es Timix SAC? ¿Cuáles son sus accionistas, su experiencia previa en el sector judicial, sus otros clientes? Una empresa privada que desarrolla la IA que decide si tu demanda es admisible o no es un actor con poder real sobre el acceso a la justicia de los ciudadanos. La ciudadanía tiene derecho a saber quién está detrás de la herramienta que califica sus demandas.

¿Qué términos tiene el convenio de cooperación? ¿Timix SAC tiene acceso a los datos de las demandas que procesa IUDEX IA? Las demandas civiles contienen información patrimonial sensible: montos, propiedades, deudas, relaciones contractuales. Si Timix SAC accede a esos datos como parte del convenio de desarrollo, ¿bajo qué condiciones de confidencialidad y protección de datos personales?

¿Quién es dueño del algoritmo? Si Timix SAC desarrolló IUDEX IA bajo convenio, ¿la propiedad intelectual del sistema pertenece al Poder Judicial o a Timix SAC? Si el convenio termina, ¿el Poder Judicial puede seguir usando la herramienta? ¿Puede modificarla? ¿O queda dependiente de una empresa privada para el funcionamiento de una etapa esencial del proceso civil?

¿Quién audita lo que la empresa privada construyó? Si Curia fue desarrollado internamente y el Poder Judicial conoce su código, sus datos de entrenamiento y su lógica, tiene al menos la posibilidad teórica de auditarlo. Pero si IUDEX IA fue construido por un tercero privado, ¿el Poder Judicial tiene acceso completo al código fuente, a los algoritmos de decisión y a los datos de entrenamiento? Si no lo tiene, el sistema es una caja negra privada operando dentro de la función jurisdiccional pública.

Dimensión procesal: la calificación de demandas no es un trámite menor

La calificación de una demanda es el primer acto jurisdiccional del proceso. Determina si el ciudadano tiene acceso a la justicia o si su demanda es rechazada. Una demanda declarada incompetente por cuantía o materia obliga al demandante a reformularla, presentarla en otro juzgado o, en algunos casos, abandonar su pretensión.

IUDEX IA automatiza precisamente esa decisión. Evalúa competencia por cuantía y materia y genera automáticamente el proyecto de resolución. Si el sistema comete un error — si califica como incompetente una demanda que sí lo era, o viceversa — la consecuencia directa recae sobre el justiciable: pierde tiempo, pierde dinero, pierde acceso a la justicia.

Y el sistema aprende de los operadores: "a medida que sea utilizada y retroalimentada por los propios operadores jurisdiccionales, se irá entrenando progresivamente." Esto significa que si un auxiliar jurisdiccional comete errores recurrentes en la calificación y esos errores alimentan el sistema, IUDEX IA aprenderá a replicarlos. El sistema no tiene un mecanismo de validación independiente que distinga entre retroalimentación correcta e incorrecta. Aprende de lo que le dan. Si le dan basura, aprende basura.

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BRECHAS IDENTIFICADAS POR QNM

Brecha 1 — Empresa privada con acceso a datos jurisdiccionales sin transparencia pública

Timix SAC desarrolló una herramienta que procesa demandas civiles con información patrimonial sensible. No existe información pública sobre los términos del convenio de cooperación, las condiciones de acceso a datos, las cláusulas de confidencialidad ni las garantías de protección de datos personales. El justiciable que presenta una demanda civil no sabe que sus datos serán procesados por un sistema desarrollado por una empresa privada.

Brecha 2 — Propiedad intelectual y dependencia tecnológica

Si la propiedad intelectual de IUDEX IA pertenece total o parcialmente a Timix SAC, el Poder Judicial del Perú podría estar en una situación de dependencia tecnológica: necesitar la autorización o los servicios continuos de una empresa privada para mantener operativa una función jurisdiccional esencial. Esto compromete la autonomía e independencia del Poder Judicial reconocida en el artículo 139 inciso 1 de la Constitución.

Brecha 3 — Aprendizaje sin validación: retroalimentación no es lo mismo que corrección

El documento oficial señala que IUDEX IA se entrenará progresivamente con la retroalimentación de los operadores jurisdiccionales. Pero no menciona ningún mecanismo de validación independiente de esa retroalimentación. Si los auxiliares jurisdiccionales que retroalimentan el sistema tienen criterios inconsistentes, sesgos no identificados o cometen errores sistemáticos, IUDEX IA incorporará esos patrones como aprendizaje válido. Un sistema que aprende de sus usuarios sin control de calidad independiente no mejora necesariamente: puede degradarse.

Brecha 4 — Auditoría de impacto en derechos humanos: plazo septiembre 2026

IUDEX IA califica demandas civiles, lo que determina directamente el acceso a la justicia del ciudadano. Conforme al D.S. N° 115-2025-PCM, todo sistema de IA de riesgo alto en el sector justicia debe cumplir con obligaciones de transparencia algorítmica y evaluación de impacto en derechos humanos antes del 10 de septiembre de 2026. No consta que se haya iniciado esta evaluación para IUDEX IA.

Brecha 5 — Expansión sin evaluación: de piloto a nacional sin rendición de cuentas

El documento prevé que IUDEX IA se expanda progresivamente a todos los MCCLO del país tras "validaciones y mejoras." No se especifica qué criterios de validación se aplicarán, quién los evaluará, si incluirán auditoría de sesgo y si los resultados de la fase piloto serán publicados antes de la expansión nacional. Un sistema piloto que se expande sin evaluación pública transparente puede nacionalizar sus errores junto con sus aciertos.

Brecha 6 — Huella ambiental acumulativa: tres sistemas, cero medición

Con IUDEX IA, el Poder Judicial peruano opera al menos tres sistemas de IA simultáneamente: Curia en la Corte Suprema, Amauta.Pro en once juzgados de Lima Norte e IUDEX IA en los módulos de oralidad civil con expansión nacional prevista. Los tres comparten la misma brecha ambiental: cero información pública sobre consumo de agua, energía y emisiones de la infraestructura que los soporta. El Principio de Coherencia Material exige que toda actividad que consume recursos naturales rinda cuentas. El Poder Judicial, como parte del Estado peruano, no puede exigir transparencia ambiental a la industria privada mientras opera sus propios sistemas de IA en total opacidad ambiental.

Brecha 7 — Conflicto de interés potencial no evaluado

Una empresa privada que desarrolla la IA que califica demandas civiles podría tener intereses comerciales en otros sectores donde ella misma o sus vinculados sean parte en procesos civiles. Si Timix SAC o sus accionistas son demandantes o demandados en procesos civiles que ingresan al sistema que ellos mismos construyeron, existe un conflicto de interés estructural que nadie ha evaluado. La nota de prensa no menciona mecanismos de prevención de conflictos de interés ni declaraciones juradas de los desarrolladores.

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INVENTARIO DE SISTEMAS DE IA EN EL PODER JUDICIAL PERUANO

(Actualización N° 3)

N°	Sistema	Desarrollador	Función	Ámbito	Riesgo	Fecha	Empresa privada involucrada
1	Amauta.Pro	CSJ Lima Norte	Resoluciones violencia familiar	11 juzgados Lima Norte	Alto	Abril 2025	No consta
2	Curia	Quinta Sala CS	Proyección de resoluciones	Corte Suprema, expansión	Alto	Marzo 2025	No consta
3	IUDEX IA	ETII Oralidad Civil + Timix SAC	Calificación de demandas civiles	Piloto CSJ Lima, expansión nacional	Alto	Mayo 2025	Sí: Timix SAC

PATRÓN EMERGENTE (acumulativo — tres publicaciones):

Los tres sistemas comparten: cero información sobre huella ambiental, ausencia de auditoría pública de sesgo algorítmico, falta de transparencia hacia el justiciable, y plazo regulatorio septiembre 2026 sin evidencia de avance.

IUDEX IA agrega un elemento nuevo al patrón: la participación de una empresa privada en el desarrollo de IA jurisdiccional, con preguntas sin responder sobre acceso a datos, propiedad intelectual, dependencia tecnológica y conflicto de interés.

Los tres sistemas presentan el mismo discurso: "no reemplaza al juez, es una herramienta de apoyo." Los tres reducen tiempos de horas a segundos. Los tres operan sobre información sensible. Y los tres carecen de los controles que su propia normativa (D.S. 115-2025-PCM) exige implementar antes de septiembre de 2026.

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Esta es la tercera publicación de la serie "IA en el Perú: lo que hay, lo que falta y lo que nadie te dice."

Si quieres conocer la investigación completa, visita:

www.qnm-quenosmantengan.com

Investigación y análisis: Yolanda Victoria Rojas Espinoza

QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N° 00174793

ORCID: 0009-0002-9012-1393

IA EN EL PODER JUDICIAL PERUANO: CURIA — EL ASISTENTE QUE REDACTA SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA EN UN MINUTO

 IA EN EL PODER JUDICIAL PERUANO: CURIA — EL ASISTENTE QUE REDACTA SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA EN UN MINUTO

Serie de investigación QNM: Inteligencia Artificial en el Perú — Lo que hay, lo que falta y lo que nadie te dice

Publicación N° 2

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QUÉ ENCONTRAMOS

Sistema: Curia

Tipo: Asistente virtual basado en Inteligencia Artificial generativa

Desarrollador: Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia

Presentación oficial: 14 de marzo de 2025. Ceremonia presidida por el juez supremo Ulises Yaya Zumaeta

Fuente: Nota de prensa oficial del Poder Judicial, Plataforma del Estado Peruano (gob.pe)

Registro de marca: Registrado ante INDECOPI como marca institucional del Poder Judicial

¿Qué hace? Asiste a jueces y juezas supremos en el análisis de expedientes y la proyección de resoluciones fundamentadas. Procesa de modo automatizado información jurídica e identifica patrones relevantes al resolver los casos. Proyecta informes estructurados con referencias normativas.

¿Cómo fue entrenado? El juez supremo Yaya Zumaeta explicó que Curia fue entrenado con información seleccionada y la base del sistema peruano de información jurídica, lo que le permite realizar análisis e interpretación en tiempo real.

¿Qué tan rápido es? Genera una propuesta de resolución fundamentada en un promedio de un minuto. El sistema tradicional puede demorar hasta tres horas.

¿Dónde opera? Fue presentado en la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Se está expandiendo a la Segunda y Cuarta Sala Constitucional y Social Transitoria (marzo-abril 2026). Piloto en módulos de litigación oral en Lima, Arequipa, Callao y Trujillo.

¿Quiénes asistieron a la presentación? La jefa nacional de RENIEC Carmen Velarde Koechlin, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial Roberto Palacios Bran, jueces y juezas supremos. Se agradeció a la presidenta del Poder Judicial Janet Tello Gilardi.

Declaraciones oficiales clave:

El juez supremo Yaya Zumaeta declaró: "Es el comienzo de una nueva era en la administración de justicia." También aclaró que "Curia no busca reemplazar la labor del juez o la jueza, sino que les ayuda en la redacción fundamentada (lo que es revisable) y potencia su capacidad de análisis."

Se describió como "el futuro de una justicia más equitativa e inclusiva, moderna, pero sin deshumanización."

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ANÁLISIS CRÍTICO QNM — Lo que nadie pregunta

Dimensión ambiental: la Corte Suprema digitaliza sin medir su huella

Curia opera en la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia jurisdiccional del Perú. Cada expediente que analiza, cada resolución que proyecta, cada patrón jurídico que identifica requiere procesamiento computacional intensivo. La IA generativa es la forma más costosa de procesamiento digital en términos de consumo de energía y agua: los modelos de lenguaje que sustentan sistemas como Curia funcionan sobre infraestructura de servidores que consume recursos naturales en cada interacción.

La nota de prensa del Poder Judicial describe a Curia como "un hito en la modernización y digitalización." Pero no dice una sola palabra sobre dónde están alojados los servidores que lo soportan, qué empresa provee la infraestructura de procesamiento, si esa infraestructura usa agua para enfriamiento, cuánta energía consume por cada resolución generada, ni cuál es la huella de carbono de la operación.

La Corte Suprema del Perú celebra la velocidad — un minuto en vez de tres horas — pero no informa sobre el costo material de esa velocidad. Es exactamente el patrón documentado por QNM: la IA se presenta como si fuera gratuita, inmaterial, sin consecuencias físicas. No lo es.

Dimensión ética: una IA entrenada con datos seleccionados que nadie puede auditar

Curia fue entrenado con "información seleccionada y la base del sistema peruano de información jurídica." Esta declaración genera tres preguntas que ningún documento oficial responde.

Primera: ¿quién seleccionó la información de entrenamiento? La selección de datos determina el comportamiento del sistema. Si los datos de entrenamiento incluyen jurisprudencia con sesgos históricos — por ejemplo, si las resoluciones de décadas anteriores reflejan patrones de discriminación por género, raza o condición socioeconómica — Curia reproducirá esos patrones como si fueran derecho vigente.

Segunda: ¿la base del sistema peruano de información jurídica está completa y actualizada? Si Curia identifica patrones a partir de resoluciones históricas, las resoluciones más recientes con criterios progresivos podrían estar subrepresentadas frente al volumen histórico de resoluciones con criterios conservadores. El patrón dominante en la base de datos se convierte en la línea por defecto del sistema.

Tercera: ¿quién audita qué patrones identifica Curia y si esos patrones son jurídicamente correctos? El juez Yaya Zumaeta señaló que Curia "garantiza la uniformidad en la resolución de las causas judiciales." Pero la uniformidad no es sinónimo de justicia. Si el patrón que Curia identifica como dominante es un criterio jurídicamente cuestionable que se repitió muchas veces, la IA uniformizará el error y lo elevará a estándar.

Dimensión procesal: predictibilidad versus independencia judicial

El Poder Judicial presenta la predictibilidad como una virtud de Curia. Pero la predictibilidad absoluta en la administración de justicia tiene un nombre técnico: predeterminación del resultado. Si una IA analiza un expediente y proyecta una resolución fundamentada antes de que el juez estudie el caso, el sesgo de anclaje cognitivo es inevitable: el juez que lee un borrador de resolución ya tiene una conclusión propuesta antes de formar su propio juicio.

La independencia judicial — garantizada por el artículo 139 inciso 2 de la Constitución — supone que el juez forme su convicción a partir de su propio análisis del caso, no a partir de lo que una máquina le sugiere. Cuando Curia proyecta una resolución "fundamentada" en un minuto, ¿el juez analiza el caso y luego compara con la propuesta de Curia, o lee primero la propuesta de Curia y luego busca razones para confirmarla o rechazarla? El orden importa. Y ningún protocolo público establece cuál es la secuencia correcta.

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BRECHAS IDENTIFICADAS POR QNM

Brecha 1 — Opacidad total sobre la infraestructura de procesamiento

Curia opera sobre servidores que procesan información jurídica de la Corte Suprema, incluyendo expedientes que contienen datos personales sensibles de millones de justiciables. El Poder Judicial no informa qué empresa provee la infraestructura cloud o de servidores, si los datos se procesan en servidores nacionales o internacionales, qué modelo de IA generativa subyace al sistema, ni quién tiene acceso a los datos procesados. Esta opacidad afecta simultáneamente la seguridad de datos personales, la soberanía jurisdiccional y la rendición de cuentas ambiental.

Brecha 2 — Ausencia de auditoría de sesgo algorítmico

El documento oficial describe el entrenamiento de Curia pero no menciona ningún proceso de auditoría de sesgo. El D.S. N° 115-2025-PCM exige análisis de impacto en derechos humanos para sistemas de riesgo alto. Curia, al proyectar resoluciones de la Corte Suprema que sientan jurisprudencia y afectan derechos fundamentales, es inequívocamente un sistema de riesgo alto. No consta que se haya realizado esta evaluación de impacto.

Brecha 3 — Uniformidad versus justicia individualizada

El juez Yaya Zumaeta destacó que Curia garantiza "la uniformidad en la resolución de las causas judiciales." Pero el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139 inciso 3 de la Constitución) incluye el derecho a una resolución que responda a las circunstancias específicas del caso concreto. La uniformización algorítmica puede generar resoluciones formalmente correctas pero sustantivamente inadecuadas para casos atípicos, complejos o con matices que las plantillas no capturan. Las personas que más necesitan una justicia individualizada — los casos difíciles, las situaciones excepcionales, las injusticias que no encajan en patrones — son precisamente las que la uniformización algorítmica puede perjudicar.

Brecha 4 — Transparencia hacia el justiciable

Ningún documento oficial establece si el justiciable será informado de que la resolución que lo afecta fue proyectada por una IA. El derecho a conocer los fundamentos de una resolución judicial (artículo 139 inciso 5) ¿incluye el derecho a saber que esos fundamentos fueron seleccionados por un algoritmo? Si un ciudadano recibe una sentencia de la Corte Suprema, ¿tiene derecho a saber que Curia la redactó y que el juez la revisó, o se le presenta como si el juez la hubiera escrito íntegramente? La Ley N° 31814 establece principios de transparencia algorítmica. El Reglamento exige que el afectado tenga derecho a explicación. En la práctica judicial, este derecho no se está implementando.

Brecha 5 — Sesgo de anclaje: el juez que lee antes de pensar

La psicología cognitiva documenta extensamente el sesgo de anclaje: cuando una persona recibe una propuesta antes de formar su propio juicio, la propuesta condiciona el resultado. Curia genera un borrador de resolución en un minuto. El juez recibe ese borrador. El sesgo de anclaje opera: es cognitivamente más difícil rechazar una resolución ya redactada y fundamentada que construir una desde cero. El riesgo no es que Curia reemplace al juez — como aclaró Yaya Zumaeta — sino que lo condicione sin que el juez lo perciba. Ningún protocolo público aborda este riesgo.

Brecha 6 — Costo ambiental acumulativo de la digitalización judicial

El Poder Judicial del Perú está implementando al menos tres sistemas de IA simultáneamente: Curia en la Corte Suprema, Amauta.Pro en Lima Norte y IUDEX IA en módulos de oralidad civil en cuatro ciudades. Cada sistema funciona sobre infraestructura de servidores que consume agua y energía. El consumo acumulado de los tres sistemas operando 24 horas no ha sido medido, reportado ni evaluado. Si el Principio de Coherencia Material establece que toda actividad que consume recursos naturales debe rendir cuentas, el propio Estado — empezando por su Poder Judicial — debe ser el primero en cumplirlo.

Brecha 7 — Contradicción entre "sin deshumanización" y la realidad operativa

El juez Yaya Zumaeta describió el proyecto como "una justicia moderna, pero sin deshumanización." Sin embargo, cuando un sistema genera resoluciones judiciales en un minuto basándose en patrones identificados en bases de datos, el componente humano se reduce a la revisión posterior de lo que la máquina ya decidió. La deshumanización no ocurre cuando la máquina reemplaza al juez. Ocurre cuando la máquina piensa primero y el juez solo confirma. Si la revisión humana no es sustantiva sino formal — firmar lo que Curia produjo porque "suena bien" y tiene las citas correctas — la deshumanización ya ocurrió, aunque nadie la reconozca.

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INVENTARIO DE SISTEMAS DE IA EN EL PODER JUDICIAL PERUANO

(Actualización N° 2)

N°	Sistema	Desarrollador	Función	Ámbito	Nivel de riesgo	Fecha presentación
1	Amauta.Pro	CSJ Lima Norte	Resoluciones en violencia familiar	11 juzgados Lima Norte	Alto	Abril 2025
2	Curia	Quinta Sala Constitucional CS	Análisis de expedientes y proyección de resoluciones	Corte Suprema, expansión a otras salas	Alto	14 marzo 2025
3	IUDEX IA	Poder Judicial	Calificación de demandas en oralidad civil	Piloto: Lima, Arequipa, Callao, Trujillo	Alto	En evaluación

PATRÓN EMERGENTE (acumulativo): Los tres sistemas del Poder Judicial peruano comparten las mismas brechas: cero información sobre infraestructura de servidores y huella ambiental, ausencia de auditoría pública de sesgo algorítmico, falta de transparencia hacia el justiciable sobre el uso de IA en su caso, y plazo de cumplimiento regulatorio (D.S. 115-2025-PCM, 10 de septiembre de 2026) sin evidencia pública de avance.

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Esta es la segunda publicación de la serie "IA en el Perú: lo que hay, lo que falta y lo que nadie te dice."

Si quieres conocer la investigación completa, visita:

www.qnm-quenosmantengan.com

Investigación y análisis: Yolanda Victoria Rojas Espinoza

QNM — Que Nos Mantengan con lo Nuestro® | INDECOPI N° 00174793

ORCID: 0009-0002-9012-1393