¿QUIÉN PROTEGE AL TRABAJADOR FRENTE A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
La inversión millonaria del Estado y la pregunta que todavía no tiene respuesta
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tiene como misión proteger y promover el empleo y los derechos laborales. Sin embargo, los documentos oficiales obtenidos mediante fiscalización ciudadana plantean una pregunta que ya no puede ser postergada:
¿Quién protege al trabajador cuando la tecnología que transforma el mercado laboral comienza a sustituir tareas que antes realizaban personas?
La pregunta surge al revisar la inversión realizada por el Estado peruano en inteligencia artificial aplicada precisamente al mercado laboral.
En 2020, el MTPE contrató el desarrollo de una Bolsa de Trabajo basada en inteligencia artificial mediante el motor ELISE, dentro del programa Fortalece Perú y con asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El monto contractual identificado en la documentación revisada asciende a US$ 5 171 693,90.
La finalidad declarada era mejorar la intermediación laboral mediante inteligencia artificial, identificando coincidencias entre el perfil de los ciudadanos y las ofertas de empleo. El propio MTPE explicó que el sistema utiliza información personal, estudios, habilidades y experiencia para recomendar empleos compatibles.
La inversión puede tener una justificación evidente: ayudar a las personas a encontrar empleo de manera más rápida y eficiente.
Pero existe una segunda pregunta, mucho más incómoda:
¿Qué ocurre con esas mismas personas cuando la inteligencia artificial y la automatización comienzan a reducir la necesidad de determinadas labores humanas?
La contradicción que debemos discutir
El Estado está utilizando inteligencia artificial para mejorar la intermediación laboral.
Al mismo tiempo, el propio MTPE reconoce que la inteligencia artificial y la digitalización están reconfigurando los perfiles profesionales y las competencias demandadas por las empresas. Para 2026, el Ministerio señaló que la IA se encuentra entre las competencias laborales de mayor demanda.
También ha reconocido la necesidad de reconversión laboral frente al avance de estas tecnologías.
Entonces aparece una contradicción aparente que merece ser investigada:
¿El Estado está utilizando la IA únicamente para ayudar al trabajador a encontrar empleo o también está preparando al trabajador para sobrevivir laboralmente en una economía donde determinadas tareas serán automatizadas?
No son la misma política.
Una cosa es digitalizar la búsqueda de empleo.
Otra muy distinta es garantizar el derecho al trabajo durante una transición tecnológica que puede modificar radicalmente determinadas ocupaciones.
El problema no es la IA. Es quién asume su costo social.
QNM no plantea que la inteligencia artificial deba prohibirse.
La cuestión es otra:
¿quién paga el costo de la transición tecnológica?
Si una empresa sustituye diez puestos de trabajo mediante automatización y aumenta su productividad, obtiene un beneficio económico.
Pero los diez trabajadores desplazados enfrentan una situación diferente:
pérdida de ingresos;
necesidad de capacitación;
reconversión profesional;
posible periodo de desempleo;
pérdida de experiencia específica;
incertidumbre sobre su futuro laboral.
Entonces surge una pregunta de política pública:
¿Existe un mecanismo mediante el cual una parte de los beneficios obtenidos mediante automatización contribuya a financiar la reconversión de los trabajadores desplazados?
La información que tenemos hasta ahora no permite afirmar que exista un mecanismo de esa naturaleza.
Por eso debemos preguntarlo.
La propia regulación peruana reconoce que existe un riesgo
El Reglamento de la Ley N.° 31814 clasifica como sistemas de IA de alto riesgo aquellos utilizados en procesos de selección laboral, evaluación, contratación y cese de trabajadores, así como para establecer condiciones de empleo.
Esto es fundamental.
La regulación peruana ya reconoce que la utilización de IA en el ámbito laboral puede afectar derechos fundamentales.
Por tanto, la discusión no puede limitarse a:
“¿La IA funciona?”
Debe incluir:
“¿A quién beneficia?”
“¿A quién puede perjudicar?”
“¿Qué derechos pueden verse afectados?”
“¿Quién supervisa el algoritmo?”
“¿Puede un trabajador cuestionar una decisión automatizada?”
“¿Qué ocurre cuando una ocupación desaparece?”
¿Y qué ocurre con el trabajador que sea reemplazado?
Aquí se encuentra el vacío que QNM considera necesario investigar.
Si la IA permite que una empresa realice en minutos una tarea que anteriormente requería diez trabajadores durante una jornada completa, el aumento de productividad puede ser real.
Pero también puede producir desplazamiento laboral.
El Estado no debería esperar a que ese desplazamiento ocurra para recién diseñar una respuesta.
Debe anticiparse.
El propio MTPE ya ha reconocido públicamente la necesidad de estudiar los empleos del futuro y preparar a los trabajadores frente a los cambios tecnológicos.
En 2025, además, el MTPE y la OIT organizaron un diálogo específico sobre digitalización, inteligencia artificial y sus impactos en la seguridad y salud de los trabajadores.
Esto demuestra que el problema ya está reconocido institucionalmente.
La cuestión ahora es saber si ese reconocimiento se ha convertido en obligaciones, presupuesto, mecanismos de protección y resultados medibles.
Entonces, ¿para qué sirve una inversión de millones?
La pregunta no debe formularse de manera simplista como:
“¿Para qué invertir en IA si la IA va a quitar empleos?”
La pregunta correcta es:
“¿Cuál es el retorno social de la inversión pública en IA y cómo se distribuyen sus beneficios y sus costos laborales?”
Una inversión pública de esta magnitud debería poder responder, con evidencia:
¿Cuántas personas consiguieron empleo gracias al sistema?
¿Cuánto disminuyó el tiempo de búsqueda?
¿Cuántas colocaciones laborales efectivas produjo?
¿Cuál fue el costo por trabajador colocado?
¿Qué tasa de precisión tiene el algoritmo?
¿Existen sesgos contra determinados trabajadores?
¿Cuántas personas fueron capacitadas para adaptarse a la transformación tecnológica?
¿Cuántos trabajadores fueron desplazados por procesos de automatización asociados a las políticas promovidas?
¿Existe un programa de reconversión laboral financiado por el Estado?
¿Existe un mecanismo de protección económica para trabajadores desplazados por automatización?
Hasta que estas preguntas sean respondidas con datos, no podemos afirmar que la inversión haya sido socialmente exitosa simplemente porque la tecnología funciona.
La verdadera pregunta de QNM
La inteligencia artificial puede aumentar la productividad.
Puede reducir tiempos.
Puede mejorar la intermediación laboral.
Puede ayudar a encontrar oportunidades.
Pero existe una condición que no puede olvidarse:
la economía existe para las personas, no las personas para la tecnología.
Si el Estado invierte millones en inteligencia artificial para modernizar el mercado laboral, debe garantizar simultáneamente que esa modernización no convierta al trabajador en la variable de ajuste del proceso tecnológico.
El objetivo no debería ser simplemente:
más IA.
Debería ser:
más productividad + más empleo digno + más protección + más capacitación + más transparencia + menos desigualdad.
Porque si la tecnología aumenta la riqueza pero deja al trabajador sin mecanismos de protección, entonces el problema no será la inteligencia artificial.
El problema será la forma en que decidimos gobernarla.
La pregunta que dejamos al MTPE
¿Qué política concreta tiene el Estado peruano para proteger los derechos laborales de los trabajadores cuyos puestos, tareas u ocupaciones sean desplazados o transformados por inteligencia artificial y automatización?
Y una segunda pregunta es todavía más importante:
¿Qué porcentaje de la inversión pública destinada a IA se está destinando también a la reconversión, capacitación y protección de los trabajadores afectados por esa transformación tecnológica?
Estas preguntas deberían ser respondidas con documentos, presupuesto, indicadores y resultados.
No con discursos sobre innovación.
Una advertencia metodológica
A agosto de 2026, no tenemos evidencia suficiente para afirmar que ELISE haya provocado pérdida de empleos ni que el MTPE haya invertido US$ 5,17 millones específicamente para reemplazar trabajadores.
Lo que sí está documentado es que la inversión fue destinada a una herramienta de IA para intermediación laboral y que el propio MTPE reconoce que la IA está transformando las competencias y el mercado de trabajo.
Por eso, la investigación debe avanzar hacia el retorno social de la inversión y la protección del trabajador durante la transición tecnológica.
Fuentes
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2022). Ministro Juan Lira presenta Bolsa de Trabajo con inteligencia artificial para acceder a ofertas laborales afines al perfil del candidato.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2025). MTPE y OIT lideran diálogo sobre digitalización, inteligencia artificial y su impacto en la seguridad y salud laboral.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2026). Inteligencia Artificial y pensamiento analítico lideran las competencias laborales más demandadas para el 2026.
Presidencia del Consejo de Ministros. (2026). Clasificación de la IA en el Perú.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2026). 16.° Concurso Buenas Prácticas Laborales: incorporación de la reconversión laboral y aplicación de IA para la mejora de condiciones laborales.
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